En la actualidad, de ese órgano forman parte las cuatro entidades gremiales y Crea. Dos legisladoras de Salta y Tierra del Fuego quieren sacarlas y que ingreso al Consejo el Instituto de Asuntos Indígenas.
Las diputadas Alcira Figueroa, de Salta, y Mabel Caparrós, de Tierra del Fuego, forman parte del Frente de Todos en la Cámara Baja y abrieron un nuevo frente de conflicto con el campo al presentar un proyecto de ley para modificar el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
La clave es que la propuesta contempla eliminar de este órgano a los cinco representantes de las asociaciones rurales, según resumieron desde la Fundación Barbechando.
En la actualidad, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace y los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Crea) tienen un representante cada uno en el consejo directivo, que se suman al presidente y al vicepresidente del Inta, a un representante del Ministerio de Agricultura, y a dos de facultades de Agronomía y Veterinaria.
La iniciativa que redactó Figueroa cambia completamente este diagrama: además del presidente y vicepresidente del Inta y del representante de la cartera agropecuaria, suma un vocal por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), uno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, uno del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) y dos en representación de las provincias.
En este nuevo organigrama, las asociaciones de productores solo tendrían un representante en el Consejo Asesor, junto a un vocal de las cooperativas de productores, dos de las facultades y dos de las organizaciones de agricultores familiares.
Otro aspecto impulsado por las diputadas es que el Consejo Directivo tiene que tener cupo de género; es decir, estar integrado por cuatro hombres y cuatro mujeres, y que los cargos de presidente y vicepresidente no pueden ser ocupados por personas del mismo género.
Por último, el proyecto propone que no puedan formar parte del directorio funcionarios públicos con incompatibilidad y conflicto de interés, que hayan sido denunciadas por violencia de género y que hayan sido denunciadas por actos discriminatorios.
Un aspecto relevante mencionado por Barbechando es que la iniciativa fue girada a las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Mujeres y Diversidad, ambas a cargo del oficialismo
– La Voz del Interior