Los lagos se secan, los caudales bajan y el agua no llega a las aldeas. La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) asegura que “no es sequía, es saqueo”. El gobierno busca declarar la Emergencia Hídrica, pero las asambleas denuncian que sólo es un beneficio para las empresas extractivistas.
Este lunes por la mañana, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) dio una conferencia de prensa en la que aseguraron que “Chubut se queda sin agua”. Precisaron que cada día las redes se llenan de imágenes de vecinos y vecinas “caminando por los lechos secos del embalse Florentino Ameghino, el lago Colhue Huapi, la Laguna del Aeropuerto cerca de Esquel y otros espejos y cursos de agua”.
Andrea Leonett, integrante de la UACCh, detalló en diálogo con Notas: “Estamos viendo cómo se nos están secando los lagos, y también está bajando el caudal del río Chubut, que es el único río que tenemos aquí y que abastece a la mayor parte de la provincia”. Otro caso es el de la aldea Yala Laubat, ubicada en la meseta central de la provincia, que “hace aproximadamente dos meses que está sin agua”.
Según Leonett, “no podemos dejar de vincular esta situación con los permisos que ha otorgado el Instituto Provincial del Agua (IPA) a las mineras, que ya se encuentran en este territorio haciendo trabajo de exploración”. Un año después de que se haya otorgado el permiso, la aldea se quedó sin agua.
Existen al menos dos proyectos para declarar la Emergencia Hídrica en la Legislatura chubutense, uno de ellos redactado por el Ejecutivo provincial, a cargo de Mariano Arcioni. Este escrito busca otorgarle nuevas facultades al IPA para gestionar recursos y aumentar su capacidad de control sobre el uso del agua, junto con el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planeamiento del Chubut.
“Nuestra preocupación es justamente porque conocemos cómo se manejan los organismos de la provincia. Sabemos que esta Emergencia Hídrica va a ser utilizada para megaproyectos, como son las construcciones de represas, particularmente en el Río Senguer”, dijo la asambleísta, que sostuvo que los recursos de la Emergencia no van a ser utilizados “para solucionar o intentar remediar las malas decisiones que han tomado”.
“Con esta declaración de la Emergencia Hídrica lo que se hace también es dar pie a que se sigan robando nuestra plata y que no vaya a donde tiene que ir, sino que se la sigan llevando, como siempre, los grandes empresarios y los funcionarios del gobierno que son funcionales a los intereses de estas empresas”, apuntó.
La UACCh añadió en su comunicado que la declaración de la Emergencia Hídrica “proyecta declarar responsables legales de la custodia de las compuertas a los propietarios de los predios donde se instalen los dispositivos de aforo y transmisión. Más poder de control del agua, a los mismos grupo”.
Además, aseguraron que “en el orden energético se invisibiliza el rol de las operadoras petroleras en la desaparición del lago Colhué Huapi y la preocupante sequía del Musters en la zona sur de la provincia, donde se planifican obras de gran envergadura que afectarían seriamente los cuerpos y cursos de agua superficiales”.
Por otra parte, en el proyecto “no se diferencia entre grandes y pequeños productores agropecuarios, a pesar de reconocer la existencia de ‘más de 3000 productores’ (según Nicolás Cittadini, titular del IPA) de los que no se tiene registro alguno. Con lo cual, las medidas propuestas corren graves riesgos de terminar redundando en nuevos beneficios para los mayores usurpadores de tierras ancestrales de la Patagonia: el grupo Benetton y su Compañía de Tierras del Sud”.
Chubut es una provincia reconocida por su histórica lucha ambientalista en contra de las megaminerías, donde las asambleas juegan un rol central en la difusión de información pública, muchas veces negada por los medios hegemónicos. Desde hace meses sostienen la batalla en contra de la ley de zonificación, que habilitaría la explotación minera en las localidades de Gastre y Telsen. La iniciativa obtuvo un dictamen favorable en la Legislatura, ignorando el pedido de una Segunda Iniciativa Popular impulsada por las asambleas que recolectó 30 mil firmas (7% del padrón electoral).
En ese sentido, desde la UACCh cuestionaron: “¿Cómo puede querer resolverse una crisis hídrica a la vez que impulsan un proyecto de zonificación minera que da vía libre a la contaminación de millones de litros de nuestras cuencas subterráneas? ¿En qué medida puede aportar al cuidado del agua cuando se protegen los intereses de las grandes corporaciones extractivas petroleras?”.
Para Leonett, “los problemas están y son reales”: “La falta de trabajo es real, la falta de oportunidades en los pueblos del interior de la meseta chubutense, que es donde quieren instalar la megaminería, también es real, pero no podemos desconocer toda esta situación”, donde la explotación minera “no es la única solución” para que los pueblos avancen y se desarrollen.
“Vemos cómo otras provincias han ido en decadencia en lo que respecta a la salud ambiental y a todo lo que generan las actividades extractivistas en una sociedad. Es un daño muchísimo más grande incluso de lo que se puede pensar por cuestiones sociales, que también son transversales a toda toda la sociedad y que vienen aparejadas con el extractivismo”, agregó la asambleísta.
Las asambleas de la provincia de Chubut exigen la disolución del IPA, y llaman a les habitantes de la provincia a participar de las instancias de organización comunitaria para coordinar la lucha en contra del extractivismo. Asimismo, Leonett concluyó: “El pueblo de Chubut está de pie, está cuidando y defendiendo con uñas y dientes nuestro territorio, y eso se sigue acrecentando aún más”
– Notas Periodismo Popular