Con un aporte de 200 millones de pesos, el Gobierno de la Provincia de Catamarca se apodera de la vanguardia en la asistencia a los sectores productivos de país tan castigados por la peste, asimilando a una próspera multinacional minera a la más deficitariade las SAPEM locales.
Para que no queden dudas del alcance de su vocación asistencialista, depositó la millonaria suma para salvaguardar la integridad financiera de la empresa litífera Livent, cuyos ingresos se habrían perjudicado a punto tan crítico que le impidieron cumplir con las contribuciones que debía hacer a un fideicomiso creado en 2017 para financiar obras de infraestructura en el área de influencia del Proyecto Fénix, extracción de litio que se desarrolla en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra.
Sin necesidad de recurrir a las manifestaciones y rezongos de otras actividades colapsadas por la ola virósica, a Livent le destrabaron los 200 millones a sola firma del presidente del fideicomiso, Aldo Sarquís, ministro del Poder Ejecutivo, quien alegó la necesidad de “cubrir los certificados de las obras correspondientes a la construcción del puente sobre el Río El Bolsón y puente sobre Río Cura Quebrada, que se encuentran en ejecución”.
El decreto explica que la transferencia obedece a “la situación económica actual en el país ocasionada por la crisis sanitaria mundial, la cual afectó la normal ejecución de las obras mencionadas, tanto en plazos como en términos económicos, así como la evolución esperada de las exportaciones de Minera del Altiplano”.
Que esta pobre gente de Minera del Altiplano-Livent haya quedado al borde de la miseria es prueba de los demoledores efectos del coronavirus: se trata del brazo provincial de una multinacional que registró ganancias por encima del 100 % en los años 2020 y lo que va de 2021 por la venta de “carbonato grado batería” a 13 mil dólares la tonelada, consolidándose como la segunda productora más grande el mundo.
Tamaño desempeño no le alcanzó, sin embargo, para cumplir con los compromisos asumidos con los catamarqueños.
Ingratos
Independientemente de sus presuntos quebrantos, debe anotarse que es una muestra de ingratitud de los empresarios con sus benefactores provincianos.
El convenio del fideicomiso para obras de infraestructura entre el Gobierno y Livent fue aprobado por la Legislatura en 2017 a instancias de la entonces gobernadora Lucía Corpacci, actual diputada provincial y candidata al Senado de la Nación.
Contemplaba una inversión de 300 millones de dólares de la empresa para duplicar la producción de litio en la puna catamarqueña, desembolsos que ésta debía hacer bajo la concepción de Responsabilidad Social Empresaria en la zona, incremento del pago de regalías e instalación de oficinas en la provincia.
El acuerdo era indispensable para que Minera del Altiplano-Livent pudiera cotizar en bolsa y sumar los recursos así obtenidos al desarrollo minero puneño. La administración Corpacci destacó en aquel momento que el paradisíaco horizonte había comenzado a trazarse en una de las expediciones a las ferias mineras de Toronto, Canadá.
Algunas voces expresaron reservas por los beneficios que se le otorgaban a los litíferos a cambio de unas retribuciones “a pillar”. Pero la gobernadora Corpacci confió en que los privados cumplirían con sus promesas a tal punto que les perdonó lo que debían por canon de agua y adecuó a las necesidades de los pauperizados empresarios lo que había pactado con ellos unos años antes para la construcción de un gasoducto que iba a alimentar a la comunidad antofagasteña, que ahí sigue a la espera de que le enciendan las hornallas.
Cuatro años después, Livent no solo no honró sus compromisos, sino que le requiere a la Provincia que ponga 200 millones de pesos para el fideicomiso que debe financiar. Y lo consigue sin mayores inconvenientes.
Impunidad
Debe admitirse que Livent abrió unas oficinas en la Capital catamarqueña. Se las habría alquilado al presidente de YMAD, Fernando Jalil, siempre tan servicial.
Como con esto cumple una parte de lo acordado en el convenio del fondo fiduciario, Livent hace valer su derecho a requerir que el erario catamarqueño la exima de pagar los puentes que, según dice el ministro Sarquís, no puede financiar por “la situación económica actual en el país ocasionada por la crisis sanitaria mundial”, que la afecta acá, pero no en el extranjero. No importa que las oficinas montadas en Catamarca sean al parecer meras pantallas, destinadas a engañar gilastros. Las reales en la provincia de Salta, que le queda más a mano.
Los pretextos que esgrime el Gobierno, condensados en alambiques leguleyos, no alcanzan a justificar lo obvio: las mineras se la llevan en pala, beneficiadas con todo tipo de medidas, y a la primera de cambio desertan de las inversiones que deben hacer.
Acá no se trata de lo que el convenio les permita o no, sino de la falta de compromiso con la sociedad que les suministra los recursos para sus suculentas ganancias.
Nada que objetar desde su angurrienta perspectiva. Con la cobertura del aporte que debía hacer al Fondo Fiduciario que con tantas alharacas promovió el Gobierno anterior, Livent acaba de ratificar su impunidad para el saqueo, al costo de unos alquileres de miseria y proyecciones de puestos de trabajo a difusas regalías.
El caso Livent cobra estatura paradigmática. El subsidio del Estado a una multinacional marca el rumbo de toda la política minera
– El Ancasti