Con el creciente interés por la minería, con su potencialidad para generar trabajo y recursos para Salta, Remsa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta) empezó a adquirir mayor protagonismo en los últimos años.
El director de ese organismo, Alberto Castillo, contó a El Tribuno cuáles son las prioridades de la empresa estatal ante una coyuntura macroeconómica del país que no es favorable para las inversiones, pero aún así la actividad minera ofrece una posibilidad de desarrollo que no se puede soslayar.
¿Qué ocupa a Remsa en la actualidad?
Remsa es una sociedad anónima, con mayoría de participación estatal, que tiene como objetivo principal generar las condiciones de desarrollo para que emprendimientos mineros logren poner un pie en la provincia de Salta y generar puestos de trabajo. Para eso Remsa tiene cinco áreas fundamentales. En el tema de gasoducto somos subdistribuidores de gas, las principales redes troncales de gas están bajo el dominio y control de Remsa. Estamos trabajando fuertemente en este momento con obras en Anta, en cinco localidades, para proveer gas natural domiciliario, y estamos también con la planificación de la red en La Viña y Guachipas. Después en materia fotovoltaica, en energía renovable, estamos con la licitación del parque fotovoltaico de Amblayo, que será la primera localidad de 13 con ese servicio. También tenemos, por ley, la facultad de licitar áreas mineras que son declaradas vacantes, tras los requerimientos que fija la ley de procedimientos mineros. Desde este punto de vista tenemos reuniones periódicas con las empresas, sabemos que la coyuntura nacional no es la mejor, el acceso a fondos de capitales es complicado, pero todavía el interés de las empresas mineras y de los grupos de inversión está al día. En los próximos días estamos cerrando tres proyectos muy importantes y la verdad que estamos en diálogo y constante negociación. Tenemos claro que la idea no es que se adquiera un área de exploración y explotación minera y no se invierta.
¿Esos tres proyectos que menciona de qué se tratan?
Son iniciativas privadas. Cuando se declara vacante una propiedad minera y llega Remsa, el organismo evalúa y propone un área de investigación, que es un estudio sobre las cualidades y características que se ofrece a las empresas para que vean el potencial del área. Quiero dejar algo en claro, Remsa no percibe ningún fondo del Estado, sino que por este servicio que presta a las empresas mineras a través de las áreas de investigación se hace de los recursos necesarios para generar las obras y mantener en pie toda su estructura, por más que exista un presupuesto específico destinado, ese presupuesto nunca ha venido desde 2017 a Remsa. Es al revés, Remsa genera recursos y muchas veces los reenvía a la Provincia o los destina a obras de infraestructura. Esos tres proyectos que nosotros formamos áreas de investigación, una vez aprobadas, tanto por la Secretaría de Minería como por el Juzgado de Minas, que tiene la palabra final, nosotros iniciamos un proceso de licitación pública nacional e internacional para que esas áreas después del concurso lleguen a los grupos que quieran invertir. No estamos trabajando con ningún tipo de fondo que tenga alguna finalidad especulativa, sino que busquen adquirir las áreas para desarrollarlas, generar puestos de trabajo y desarrollo para la provincia.
¿En qué grado de avance está el proyecto de construcción de un nodo logístico minero en la Puna salteña?
En los primeros días de agosto comienza el concurso público para el máster plan del proyecto, para que se presenten diferentes sectores de profesionales que puedan diseñar y planificar lo que sería un nodo logístico minero en la Puna, que va a contar con todas las áreas de servicio. Estas son las políticas que hacen que la minería tenga un buen nivel de desarrollo. Salta tiene un también un nivel de seguridad jurídica muy importante frente a otras provincias, porque tenemos reglas claras, condiciones que perduran en el tiempo y a la vez tenemos un Gobierno que va a acompañar con una serie de obras de infraestructura, a la vez se reglamentó la ley de promoción minera para acompañar las inversiones de infraestructura con carácter social pero también productivas. Están dadas todas las condiciones para que Salta sea un actor fundamental en materia energética a nivel mundial con la producción de litio.
Más allá de esa seguridad jurídica y acompañamiento de la Provincia a las inversiones mineras, hay un contexto macroeconómico muy complejo en el país ¿En cuánto afecta esto a la actividad minera?
La verdad es que el Estado nacional tiene que tomar una decisión muy importante con respecto a qué se hará con los grandes proyectos mineros. Cualquier inversor extranjero sabe que es difícil traer la plata, pero más difícil es sacarla y ese dinero por lo general corresponden a fondos de inversión, a préstamos que se hacen de casas matrices a filiales locales y lo tienen que retornar, la verdad es que el actual escenario plantea un problema que se está discutiendo. De todas formas, a pesar de la coyuntura, el interés sigue. Hay empresas que están dispuestas a invertir, por supuesto con un riesgo muy superior a que si no tuviésemos estas condiciones. Hay que seguir trabajando, porque la coyuntura no es favorable especialmente para los grandes proyectos, como Taca Taca o la ampliación de otros, como Posco, que realmente tienen planeadas inversiones de sumas muy grandes. Vuelvo a repetir, Salta está en una posición única, es una oportunidad que la vamos aprovechar, no nos va a pasar por el costado. Para tener un ejemplo, en 60 días comienza la ejecución de uno de los proyectos más importantes, que es el proyecto de litio Mariana de la firma Gangfeng, que van a utilizar en la construcción alrededor de dos mil personas en forma directa e indirecta. No solo va invertir en la Puna sino también en General Güemes, en una planta para el procesamiento de carbonato de litio
Pablo Ferrer – El Tribuno de Salta – fuente: Infobae