La experiencia, dicen, es un peine que llega con la calvicie, pero enseña. Es la moraleja que parece haber tomado el sector minero de Mendoza, a un año y medio del intento por flexibilizar el marco legal que restringe la actividad extractiva metalífera en la provincia: de hecho, quiere volver a la carga con una campaña de comunicación que incluye cambio de imagen y un mensaje renovado, para reconquistar a la opinión pública en busca de la necesaria licencia social.
Es el proceso que ya encaró la CAMEM (Cámara Mendocina de Empresas Mineras), que nuclea a firmas operadoras, de la mano de una consultora| especializada que la asesora y ya elaboró un diagnóstico inicial. Entre otros aspectos, apunta a la necesidad de mostrar quiénes la componen a la opinión pública, además de rebatir cuestionamientos por un lado, y realzar su potencial, por otro.
Paralelamente, la cámara avanza con un rol activo en el ámbito del CEAS (Consejo Económico, Ambiental y Social) convocado por el Gobierno de Rodolfo Suarez, en el que presentó e impulsa un proyecto con un nombre sugestivo: «Aprovechamiento integral y sustentable de los recursos naturales de Mendoza». Detrás está la convicción de que, por su pluralidad de sectores, el Consejo es EL ámbito para rediscutir «qué minería queremos tener, dónde y cómo desarrollarla», y así avanzar en la conquista de la necesaria licencia social.
«La situación es distinta a la de enero del 2020. La pandemia cambió completamente las cosas y nos da la oportunidad de repensar la matriz productiva provincial, con sólo 4% de su superficie bajo riego», comenta el presidente de CAMEM, Raúl Rodríguez, para quien, tras una autocrítica, referentes del sector concluyeron en que hay «un grave problema de comunicación» de lo que es la minería para los mendocinos.
Ejes del mensaje: controles, agua, empleo y vida cotidiana
Lejos de fanatismos, dicen, una primera lectura distingue a muchos mendocinos «con inquietudes y argumentos» a los que la estrategia apunta. En la memoria colectiva asoma el proyecto de uranio de Sierra Pintada, en San Rafael, como el último proyecto minero en Mendoza, al que las exigencias ambientales le pusieron un límite a mediados de los ’90.
En plena definición está el qué decir para rebatir la idea instalada de una «megaminería mala» («no se necesita cianuro para la extracción más que con el oro, y es poco lo que hay») frente a la «miniminería buena» (yacimientos de áridos, como el de Anchoris, y caleras, la llamada 3era Categoría). Hacia adelante resta consensuar cómo (los canales elegidos para hacerlo) y sobre todo cuándo, ya que saben que ésta vez el timming o sentido de la oportunidad es clave para lograr resultados positivos.
Para Rodríguez, «teniendo en cuenta el interés genuino de gente en involucrarse» se busca «no asociar a la minería con lo suntuoso, como la explotación de oro, sino, por ejemplo, con el cobre, que es conductor por excelencia y sin el cual no tendríamos energía». Pero también a su aplicabilidad en la vida cotidiana (productos que usamos gracias a la minería, como un celular o un vehículo, e incluso los insumos médicos), y sobre todo en su potencial como generador de empleo.
Más allá del aval de AOMA (Asociación de Obreros de la Minería Argentina), en los últimos días la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) en Mendoza había advertido, a través de su secretario general, Miguel Ponce, que en la provincia hay unos 7.000 trabajadores desempleados que podrían ubicarse si hubiera minería. Y pidió «ser parte de la discusión» sobre el futuro de la minería.
«La construcción de minas puede ser trabajo para el sector a mediano plazo», avalan al respecto desde el sector, que mantiene, con la indefinición actual, varios emprendimientos en suspenso. Entre ellos, el auricuprífero San Jorge, en Uspallata, que prevé una inversión de u$s 600 millones y 3 mil empleos en actividad, sin contar lo que puedan aportar los de Hierro Indio y Cerro Amarillo (plata y cobre).
Pero no son los únicos ejes. Apoyándose en la iniciativa ante el CEAS, que propone tecnificar el riego con inversión y así mejorar hasta 15% la disponibilidad de agua (tal vez el aspecto más cuestionado por los críticos de la minería), otro propósito es mostrar ese beneficio futuro si el proyecto prospera. Mientras, está en curso el debate con otros sectores y también ONGs sobre cómo garantizar y fortalecer los controles.
Este es, por ahora, un punto discutido. Es que mientras algunos miembros del Consejo convocado por el Gobierno aseguran que hay un problema de «falta de credibilidad en los controles», desde la Camem insisten en la necesidad de reforzar presupuestariamente a la Dirección de Minería para darle suficiente poder de policía y así garantizarle a la opinión pública que lo ejercerá llegado el caso.
«Acción coordinada» para el 2022 y aval nacional
Mientras tanto, la consultora 8 Comunicación ya empezó a darle forma a un nuevo logo para después de 18 años (fue fundada en 2003) sustituir al actual, en el que las siglas forman una pirámide. Es parte del rediseño de su imagen corporativa que también se orienta a mostrar la participación de prestadores de servicios y mineras no metalíferas en la mesa, y al mismo tiempo a profesionalizar el manejo de redes sociales dejándolas en manos de un CM (Community Manager).
«Tenemos contenido, nos falta el continente, lo que no significa dejar de comunicar. Pero además se necesita una acción coordinada para contar con la participación del Estado, teniendo en cuenta que mientras la ley 7722 siga vigente como hasta ahora será muy difícil», advierte Rodríguez. Algo está claro: si bien la designación de Roberto Zenobi, ex titular de Camem, como director de Minería de Mendoza les da confianza, nadie quiere dar un paso en falso en un año electoral como el 2021, por lo que la mira está puesta en el año próximo.
Mientras, el abogado y titular de la cámara sectorial, junto a otros 3 geólogos mendocinos, participan de la mesa convocada por el Secretario de Minería de la Nación, el sanjuanino Alberto Hensel, tendiente a consensuar el llamado Plan Estratégico Federal Minero.
El mismo se pone un objetivo de desarrollo a 30 años. Y plantea varios ejes: cómo mejorar la competitividad, potencial, empleo y la potestad de las provincias sobre sus recursos. Pero sobre todo entusiasma al incluir a Mendoza en el mapa de 329 proyectos mineros en carpeta sobre 750 mil km2.
«Solamente la puesta en marcha de los que se encuentran en estado avanzado significaría una inversión de hasta u$s 30.000 millones, la creación de más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por más de u$s 11 mil millones al año». Así, provincias como «Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca, Neuquén, Río Negro y San Juan podrían hacer frente a la agenda post pandemia mejor posicionadas, inclusive territorios como Chubut y Mendoza que prohibieron la actividad», dice un informe preliminar
Por: Miguel Flores – Sitio Andino