Encontraron pruebas contra 7 concejales de distintos municipios y 3 gerentes del PAMI. El fiscal federal Toranzos los acusa de defraudación e incumplimiento de deberes.
El fiscal federal Ricardo Toranzos tuvo ayer una ardua jornada por el escándalo del cobro irregular de los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de concejales y funcionarios de Salta que habrían querido sacar una tajada del subsidio nacional destinado para personas sin trabajo y en condiciones económicas precarias.
Por la mañana imputó, mediante una audiencia virtual, por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público a tres gerentes del PAMI y a la tarde hizo lo propio, ante el juez Leonardo Bavio, con siete concejales de distintos municipios de la provincia.
La investigación que lleva adelante Toranzos tiene a otros 18 funcionarios públicos (17 concejales y un empleado de la delegación salteña del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) acusados del mismo delito, quienes ya fueron imputados legalmente en agosto pasado.
En las pesquisas del fiscal hay además unas 20 personas, entre ediles y funcionarios, que hicieron los trámites para retirar el IFE pero fueron rechazados por el sistema informático del Anses por incompatibilidad en los requisitos necesarios para recibir el subsidio. Si bien el delito no llegó a concretarse, igual habría una responsabilidad penal, y es lo que Toranzos estudia implementar, por intentar sacar provecho del plan que se lanzó ante la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19. Dentro de ese grupo de empleados públicos que están bajo la lupa se encuentra el titular del Anses en Salta, Marcos Vera.
PAMI
Tal como lo adelantó El Tribuno a principios de octubre, tres altos funcionarios del PAMI Salta, que eran investigados por fraude e incumplimiento de deberes tras cobrar el IFE, fueron imputados ayer a la mañana por el fiscal Ricardo Toranzos. El funcionario judicial presentó las imputaciones ante la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez, quien luego de escuchar los argumentos y pruebas presentadas por la fiscalía dio por formalizada la investigación penal.
Los acusados son Javier Navarreta, Emilia Fabiana Juárez y Viviana Beatriz Fernández. Los tres asumieron a finales de febrero pasado, un mes antes de que se abra la inscripción para los aspirantes al IFE, y con un sueldo que ronda los 80 mil pesos, según confirmaron fuentes de la obra social de los jubilados a este diario. Navarreta quedó a cargo de la agencia de la obra social de los jubilados en Embarcación, Juárez fue nombrada al frente de la dependencia de El Carril y Fernández hizo lo propio en la agencia de Orán.
«Representantes»
Pasadas las 17, Toranzos, quien es titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, continuó con las imputaciones de la causa IFE, que en todos los casos es por defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. En la oportunidad se presentó ante el juez Julio Bavio, quien dio lugar a la investigación contra los concejales Antonio Omar Benítez, de Colonia Santa Rosa; Héctor Sebastián Cari, de Guachipas; Daniel Ignacio Casimiro, de La Poma; Mónica Visitación Juárez, de Rivadavia Banda Sur; José Osvaldo Reynaga, de San Lorenzo; Ariel Santos Palma, de Rivadavia Banda Norte, y Julio Pedro Laxi, de Animaná.
Al momento de resolver, Bavio dispuso otorgar a los acusados y sus abogados un plazo de 90 días para que puedan elaborar una defensa.
Embargos
El juez Leonardo Bavio, quien ayer decidió dar curso a las imputaciones contra los siete concejales, determinó dos tipos de embargos. Uno fue de 60 mil pesos para los ediles que gestionaron y cobraron el IFE, que en este caso corresponde a Héctor Cari y Mónica Visitación Juárez.
En cambio, para los otros concejales el magistrado les aplicó una restricción de 20 mil pesos, porque, en su argumento, si bien hicieron los trámites para recibir el subsidio social no llegaron a retirar el dinero de sus cuentas bancarias.
La audiencia de imputación se extendió más allá de lo previsto por los cuestionamientos de Cari y Juárez por el embargo impuesto, pero finalmente se mantuvo el monto ordenado. Los acusados deberán presentarse cada 15 días en la dependencia policial más cercana a sus domicilios y no pueden salir del país
– El Tribuno