Los municipales llegaron al mes 11 sin aumento y además tuvieron un recorte nominal del 32 por ciento. El sueldo promedio pasó de 135 mil pesos en enero a 92 mil pesos en septiembre. Cuando se considera la inflación, el ajuste supera el 50 por ciento. La caída arrastró también a los pasivos. Todos los elementos que hacen muy compleja la negociación y muy difícil un acuerdo.
Con más o menos asambleas, más o menos violencia y mayor o menor nivel de paralización de la administración, el gremio de los empleados municipales de la ciudad de Córdoba (Suoem) viene protestando de la misma manera desde hace al menos dos décadas. El resultado de esa modalidad fue siempre provechoso para los bolsillos de sus afiliados. Hasta este año.
El máximo nivel de violencia gremial se registró durante la gestión de Germán Kammerath y los lapsos con menos conflictos transcurrieron durante la gestión de Luis Juez y durante los últimos años de Ramón Mestre, cuando la cláusula automática de actualización por inflación resolvió todas las discusiones: puso a los municipales cordobeses en el podio de los mejor pagos del país y a las cuentas municipales al borde de la insolvencia.
Hacía décadas que el Suoem no tenía motivos para protestar y protestaba igual. Hoy la caída de la «cláusula gatillo» y la ausencia de un acuerdo paritario 2020 cuando ya pasó más de la mitad del mes 11 del año ofrecen razones suficientes para el reclamo: es uno de los pocos gremios que no tuvieron aumento en lo que va del año.
Pero además, en el medio, la gestión de Martín Llaryora aplicó un fuerte recorte salarial y son miles los municipales que cobran alrededor de un 30 por ciento menos que a principios de año en términos nominales, y en muchos casos el recorte supera el 45 por ciento. Cuando además se considera la inflación, el deterioro se hace muy importante, aun cuando se trate de los sueldos elevados de los municipales.
Hoy al gremio le sobran los motivos para protestar. Hubo un recorte de casi la mitad de las horas extras, 2.800 agentes perdieron prolongaciones horarias que suponían un 35 por ciento más de sueldo y la mitad de los empleados perdió una hora de la jornada laboral, lo que supone una baja del haber básico del 14,2 por ciento. Todos los municipales están cobrando conceptos no remunerativos y se postergaron los ascensos de la carrera administrativa.
En el bolsillo
Todas y cada una de esas medidas tuvieron impacto en el bolsillo. Las únicas cifras oficiales del municipio sobre el ajuste salarial aplicado en el transcurso de la pandemia son las que indican que desde mayo la partida salarial se redujo en unos 350 millones de pesos mensuales.
Pero los números que mensualmente publica la Caja de Jubilaciones son más precisos: el salario bruto promedio de los empleados de la Municipalidad de Córdoba fue en enero pasado de 135.526 pesos y en septiembre pasado apenas superó los 92 mil pesos. La reducción nominal promedio es del 32 por ciento.
Cuando se considera la inflación acumulada entre enero y septiembre –fue de 22,3 por ciento–, la baja real promedio se acerca al 55 por ciento. Es ese número el que marca la distancia máxima entre Llaryora y el Suoem. El gremio exige que el Ejecutivo dé marcha atrás con el ajuste y actualice los sueldos por inflación y en blanco. El equipo de Llaryora ofrece sólo compensar la inflación, y de modo no remunerativo.
La negociación, además de ser difícil por esas diferencias numéricas, es compleja por las disparidades que generaron entre los municipales los ajustes aplicados: el personal de Salud y de Educación no tuvo recorte de jornada, los no remunerativos impactan de diferente forma y además hay empleados que nunca dejaron de trabajar y otros que permanecen en su casa desde marzo pasado.
Negociación complejísima
Hoy, pese a que tanto el Ejecutivo como el gremio buscan un acuerdo, la dificultad de la negociación es enorme en sus aspectos técnicos. A eso se suma el hecho de que Llaryora no se resigna a que gobernar la ciudad sea sólo pagar sueldos y basura. El ajuste salarial es casi una bandera de la actual gestión y además el Ejecutivo sostiene que las cuentas municipales –que no se conocen, ya que la actual gestión nunca publicó una ejecución presupuestaria– no tienen margen para enfrentar la recomposición que exige el gremio.
Las cosas no son más sencillas por el lado del Suoem. Acostumbrado a imponer durante décadas sus reclamos, la capacidad de negociación de la conducción del Suoem es limitada, y también el margen de maniobra para imponer un acuerdo sobre la federación que componen los delegados de las diferentes áreas. Además, el gremio por primera vez carece de datos oficiales –ya no dispone del manejo de las cajas ni del liquidador de haberes–, y está muy condicionado por su propia interna: hay elecciones pendientes y el antecedente de un ajuste histórico es complicado para el oficialismo gremial, que sigue conduciendo Rubén Daniele, ahora con Beatriz Biolatto como secretaria general.
Jubilados afectados
Otro elemento que complica en extremo cualquier negociación es la situación de los municipales jubilados. Dado que la movilidad de los haberes previsionales está determinada por los salarios de los activos, este año los más de cinco mil jubilados que también representa el Suoem tuvieron una fuerte baja de ingresos.
Según los datos de la Caja, el haber promedio de los pasivos municipales fue en enero de 108.397 pesos y en septiembre pasado se redujo a 97.289 pesos, mientras que el resto de los jubilados provinciales tuvieron subas.
Tanto los recortes a los jubilados como la reducción de jornada de los activos son cuestionados por el Suoem en la Justicia.
Ambas partes hoy buscan un acuerdo. Las negociaciones formales son menos asiduas que las informales, pero en ambas las dificultades son las mismas. Quedan dos semanas clave para esa discusión: a fin de mes, el municipio liquida los sueldos de noviembre y además presenta el Presupuesto 2021, cuya partida principal es la salarial
VIRGINIA GUEVARA – La Voz del Interior