Analizan una presentación judicial para suspender la vigencia de la ley sancionada en 2016 que limita a un único nuevo mandato la reelección de quienes asumieron en 2015
Los intendentes del conurbano ligados al Frente de Todos analizan dar un paso audaz: una presentación judicial para suspender hasta 2023 la vigencia de la ley 14.836. Sancionada el 17 de agosto del 2016, limita a un único nuevo mandato la reelección de jefes comunales, concejales y consejeros escolares asumidos en 2015. La osadía reside en la intención. Sin el aval de los que ahora estudian esa medida, habría sido imposible que la Legislatura bonaerense aprobara el proyecto de Vidal y Massa. Si nada interfiere con su aplicación, en 2023 la mayoría de esos intendentes quedarían inhibidos de postularse para continuar en el cargo, lo que provocaría una situación inédita en el peronismo bonaerense, reacio al recambio dirigencial. Aunque asumieron la conducción del PJ con la consigna de llevar adelante ese proceso regenerativo, esa posibilidad produce vértigo a las nuevas autoridades. Sí: están respaldadas por el mismo grupo de alcaldes.
Hay otro matiz de interés para suspender la 14.836. Los damnificados por sus efectos son los mismos que respaldan la necesidad de que Alberto se emancipe de Cristina. Algo que vienen planteándose desde 2013 sin éxito. La vicepresidenta fue clave para obtener del conurbano los casi dos2 millones de votos que garantizaron la victoria del kirchnerismo, y permitió a los intendentes una holgura electoral que les es ajena sin ella. La petición obedecería a ese imperativo: liberar al Presidente de la aparente tutela política de su vice. Para eso deberían lograr que Kicillof no se interponga. Es difícil. En especial por la simbiosis que se le atribuye con Cristina, a cuyo pedido hace un esfuerzo para ampliarla a Máximo. El líder de La Cámpora desea avanzar sobre los municipios del Gran Buenos Aires con el PAMI controlado por su pareja, Luana Volnovich, y la Anses, a cargo de Alejandro Vanoli. Al revés de lo que se proponen los intendentes, Kicillof parecería haber tomado ventaja sobre ellos.
Eso es lo que parece desprenderse de la venta de letras del Tesoro a los municipios con fondos a plazo fijo en el Banco Provincia que aprobaron Martín Insaurralde, Mariano Cascallares, Fernando Gray, Ariel Zujarchuk, Gustavo Menéndez, Leonardo Nardini y Federico Achával, parte del desmembrado grupo Esmeralda, que supo liderar el intendente de Lomas de Zamora, e integrado, entre otros, por los de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Escobar, Merlo, Malvinas Argentinas y Pilar. La mayoría las renovó en enero. Excepto Achával, todos son alcanzados por la limitación de reelecciones. También Julio Zamora. Al de Tigre lo persigue la urgencia de Massa por instalar de candidata a intendenta a su esposa, Malena Galmarini. Kicillof recibió a Massa en La Plata el 30 de diciembre. La reunión duró tres horas. Algunos testigos creen que el gobernador esbozó algo parecido a una autocrítica. María Laura García es vicepresidenta de Lotería desde este fin de semana. Y el intendente de Las Heras, Javier Osuna, titular de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa). Una caja política muy importante.
Fernando Espinoza es un caso especial. Fue elegido en 2019. Tal vez por eso la compra en letras de La Matanza fuera simbólica: $30 millones. No solo en comparación con los 140 millones de Almirante Brown. También por los casi 10.000 mil millones de los que dispone La Matanza. Pero todavía más contra los 1300 millones que habría obtenido por esa operación Pablo López, el ministro de Economía. Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis fueron exceptuados de ella. Sin ahorros en la banca oficial, a los intendentes de Hurlingham y San Martín los beneficiaría otro atenuante. Representan al Presidente en territorio bonaerense. Quizás para no reeditar tensiones entre la Nación y la provincia -Katopodis es el ministro de Obras Públicas de Fernández- se haya elegido delegar la estrategia contra la ley en Alberto Descalzo. El de Ituzaingó es intendente desde 1995. Hace 25 años.
Descalzo trabaja en el derecho a la expectativa, figura jurídica peculiar. Defiende la posibilidad de prever con antelación suficiente el futuro laboral, al alegar que se priva el que tiene en el presente. Será el argumento para solicitar que 2019 sea el plazo desde el que corra la restricción para ser reelegido. Hay que reconocerle a Descalzo la voluntad de hallar una solución a su propia perspectiva: intentó encabezar la lista de diputados provinciales por la primera sección y que su hijo Pablo fuera el candidato a intendente en las PASO de 2019. La fórmula fue vetada por Máximo. Para postularse en 2023, debería tener tratamiento favorable el amparo que especulan presentar ante la Suprema Corte bonaerense.
Ahí aparece otra dificultad. La debilidad de un cuerpo que debe resolver la vacante por el fallecimiento de Héctor Negri y las que deberían producirse por con la jubilación de Daniel Soria, Luis Genoud y Eduardo De Lázzari, todos prontos a cumplir 75 años, la edad límite para permanecer en funciones, lo que dará trascendencia al Senado para tratar los pliegos de candidatos a cubrirlas que envíe el Ejecutivo. Y a la oposición, con 26 votos de un total de 46.
Un freno al optimismo de los intendentes a que la peronización en campaña de Néstor Grindetti, Jorge Macri, Gustavo Posse y Diego Valenzuela se extienda al apoyo a esta iniciativa. En los sondeos del gobierno bonaerense, Kicillof compartió en enero el mismo nivel de imagen positiva que Vidal. La diferencia es que Vidal pagó el costo de la crisis iniciada en 2018, mientras que Kicillof gobierna desde hace dos meses. Los intendentes de Lanús, Vicente López, San Isidro y Tres de Febrero esperan que el Fondo de Inversión Municipal votado en diciembre llegue a sus arcas. Los liderazgos alternativos a Vidal que explora el kirchnerismo tienen otra razón para no materializarse.
A De Lázzari lo preocupa que la causa AMIA dé un vuelco y quedar involucrado. Como Genoud y Eduardo Pettigiani, sirvió de ministro de Seguridad al entonces gobernador Duhalde. A De Lázzari le tocó hacerlo cuando ocurrió el atentado a esa mutual. Tal vez por eso Cristina le encomendó a Julio Alak cuidar al presidente de la Corte cuando le propuso ser ministro de Justicia. De Lázzari está casado con Ana Miriam Russo, subrogante en las fiscalías federales números 1 y 3 de La Plata. Russo adscribe a Justicia Legítima. También lo hace De Lázzari por propiedad transitiva. Pese a eso, tiene otros desvelos. El 7 de noviembre, Alberto Asseff le pidió a la Corte las declaraciones juradas de Daniel Carral y Víctor Violini.
Los jueces del Tribunal de Casación Penal habrían concedido prisión domiciliaria a Javier Ronco, supuestamente a cambio de $20.000. Es lo que publicó Clarín en septiembre de 2018. Allí se le atribuye la gestión del fallo a Martín Manuel Ordoqui, otro magistrado de ese fuero sometido al proceso de juicio político. La respuesta al diputado nacional de Juntos por el Cambio llegó el día 27 de forma incompleta. Solo le entregaron una de Carral. La de Violini apareció el 5 de febrero, 24 horas después de que la anomalía fuese revelada en Lo que el día se llevó, por LN+. Ambos documentos son de 2017. Según la oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales, Violini no presentó la de 2018 por estar de vacaciones. El Régimen de Declaraciones Juradas adoptado por la Corte en la gestión de Vidal no contempla ese tipo de excepción. La sospecha de Asseff es que el patrimonio de Violini y el de Carral podría haberse incrementado de forma significativa entre 2017 y 2018. La sospecha es que para justificarlo, Violini habría declarado que ganó premios de lotería en dos ocasiones. La audacia de los intendentes para saltearse la ley podría toparse con las dificultades para administrar su aplicación que tiene la Corte.
Por: Daniel Bilotta
Daniel Bilotta – LA NACIÓN