El PJ cordobés confía en su hipótesis inicial: que Alberto buscará apoyo frente al eje Cristina- Kicillof. Es la única hipótesis tranquilizadora en el Centro Cívico.
La impaciencia trepa como una enredadera en el edificio del Panal. Entre los pocos que frecuentan a Juan Schiaretti, se reiteran las referencias al pesimismo creciente con que el gobernador observa el escenario nacional y su impacto sobre las ya complicadas cuentas provinciales. También repiten que las decisiones de Alberto y Cristina Fernández exigirán a Córdoba medidas que hasta ahora el peronismo local había evitado.
El cóctel de suba de impuestos y de tarifas de los servicios provinciales pegó de lleno en la inflación, y el costo Córdoba es otra vez el principal reclamo de todos los sectores productivos aliados a Schiaretti. Pero la Caja de Jubilaciones sigue condensando lo más sustancial de las preocupaciones provinciales.
Tras el fuerte ajuste que esconde el aumento de las jubilaciones nacionales mínimas anunciado el viernes por Anses, hay reclamos que Córdoba tal vez no pueda reiterar en la Casa Rosada sin ponerse colorada: los casi 30 mil millones de pesos que le faltarán este año al sistema previsional provincial se destinan a jubilaciones y pensiones que duplican y hasta triplican lo que cobran los pasivos nacionales.
Anses hasta ahora no desconoció los acuerdos de financiamiento del déficit previsional cordobés, aunque advirtió que en el corto plazo no tiene los recursos para concretar esos envíos. Pero en la Provincia estiman que sólo es cuestión de tiempo: lo que no se sabe es si Schiaretti aplicará las medidas de contención del déficit que está diseñando antes o después de que la Nación patee el tablero de las cajas provinciales.
El frente político del peronismo cordobés con la Nación mantiene su ambigüedad. No hay gestos beligerantes ni signos de entendimiento pleno. El incipiente armado local que el albertismo intenta a través del senador Carlos Caserio es un dato concreto y tendrá respuesta inmediata: el PJ cordobés renovará autoridades y Schiaretti amenaza con una interna para asumir formalmente el liderazgo que tiene de hecho.
Hay otro dato de la realidad que el Centro Cívico sigue con mucha más expectativa: las evidencias cotidianas y elocuentes de lo mucho que le cuesta a Alberto Fernández la coordinación política con el kirchnerismo duro. Desde el vamos, el PJ cordobés se dio ánimo con la hipótesis de que tarde o temprano el Presidente necesitaría el apoyo de los gobernadores peronistas para compensar el peso desmesurado de Axel Kicillof y Cristina Fernández en Buenos Aires. Nada contradice hasta ahora esa hipótesis, que es la única que le adjudica relevancia política a Córdoba en la escena nacional.
Todas las preocupaciones del Panal se vinculan al propio peronismo. La oposición provincial intentará recuperarse del derrumbe de 2019 con una interna radical que –como todas las internas radicales– se anticipa virulenta: Mario Negri y Ramón Mestre una vez más procurarán dirimir sus diferencias en agosto, y otros varios dirigentes reclamarán espacio propio y renovación.
Otro dato de la realidad. Schiaretti domina la escena política, pero la oposición ya se reconfigura en torno de otro adversario: Martín Llaryora. Es mucho más intensa la disputa política y la búsqueda de posicionamiento en torno de temas capitalinos que provinciales, un indicio del territorio donde se definirá la pelea de 2023.
Llaryora cumplió dos meses como intendente de Córdoba en plena tensión con el único frente que le preocupa de momento al peronismo a nivel local: la indignación de los vecinos y del sector productivo por el aumento de impuestos que impuso el municipio.
La nueva gestión hizo un evidente esfuerzo para poner en debate otros temas ciudadanos hasta tanto tenga algo que mostrar en el territorio degradado que habitan los cordobeses. Son parte de ese intento la propuesta de alcohol cero para los conductores capitalinos, el inminente relanzamiento de los colectivos diferenciales y el anuncio de que, tras 12 años de fracasos sistemáticos, se avanzará finalmente para que el Concejo Deliberante tenga una sede.
En simultáneo, la gestión municipal empezó a romper el silencio que Llaryora había impuesto a todos sus funcionarios, y a ponerle números a la situación económica que recibió el 10 de diciembre. Y la Justicia Federal se encargó de recordar la semana pasada que algunos hechos vinculados al manejo de la basura durante la gestión Mestre pueden ir más allá de la mala administración: los allanamientos al municipio y al Tribunal de Cuentas en busca de facturas truchas de Crese y el Esop generaron tanta expectativa en el Palacio 6 de Julio como entre los muchos adversarios internos del exintendente
VIRGINIA GUEVARA – La Voz del Interior