La jueza Florencia Viñuales finalmente declaró inconstitucional la convocatoria a elecciones para la categoría de Diputados, el Gobierno llevó así la segunda apelación en la causa impulsada por autoridades y un grupo de vecinos. La pugna judicial entre el Ejecutivo Provincial y el Municipal, que pone en peligro el cronograma electoral, deja en evidencia la falta de iniciativa política de los parlamentarios y parlamentarias actuales.
La diatriba entre el Gobierno y El Chaltén en los estrados de Florencia Viñuales, en El Calafate, tuvo ayer su punto más álgido, cuando se conoció el fallo por el cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo quinto del Decreto 0429/19 con el cual el Poder Ejecutivo llamó a elecciones provinciales para el 11 de agosto y municipales el 27 de octubre. Pero también, la jueza declaró la ilegalidad del artículo quinto de la Ley de Lemas, aquel que dice que los ciudadanos y las ciudadanas de El Chaltén tienen su representación parlamentaria con la banca compartida con El Calafate y Tres Lagos, aun cuando esto último no fue objetado por los amparistas.
Sobre esto último, un dato que resulta casi de color: la jueza ocupa más de dos carillas de sus argumentos en el fallo, para transcribir la versión taquigráfica de las opiniones de Sergio Edgardo Acevedo, durante el debate de la Convención Constituyente del 27 de noviembre de 1998, cuando se trató la reforma del artículo 85 (el que dice que la Cámara está compuesta por 24 miembros) y advertía la necesidad de garantizar la representatividad federal de las bancas, porque eventualmente algunas comunidades pequeñas terminarían transformándose en Municipios.
Además, la jueza le pide al Poder Legislativo que “genere los instrumentos necesarios para garantizar la representatividad de El Chaltén en la Cámara de Diputados de la Provincia” y, a su vez, también le pide al Gobierno de Alicia Kirchner que “genere los instrumentos y recursos necesarios” para garantizar lo mismo.
En definitiva, el fallo de Viñuales plantea el peor escenario que podría haberse imaginado el Ejecutivo, ya que, en menos de una semana, vence el plazo para la presentación de avales.
Claro que de inmediato el Gobierno apeló la decisión de la jueza civil, y según se lee en el escrito al que tuvo acceso La Opinión Austral, no es cierto que se estén lesionando los derechos de la localidad porque el pueblo de El Chaltén tiene su banca “a través del diputado por pueblo de El Calafate”.
Sostienen que haber declarado inconstitucional el llamado a elecciones para la categoría de diputados y diputadas, “atenta de forma directa contra el normal desenvolvimiento de la democracia y las instituciones” porque una vez transcurridas las elecciones para gobernador o gobernadora, no podrá realizarse con posterioridad la elección de diputados y diputadas, ya que la ley dice que van atadas.
Por eso, sostienen que la consecuencia directa del fallo de Viñuales es “el quebrantamiento del sistema republicano de división de poderes y la denegación a los ciudadanos del derecho a elegir sus representantes”.
Tal como lo había hecho cuando en la víspera apelaron la cautelar, el Gobierno vuelve a decir que no hay razón para poner en jaque la elección de diputadas y diputados porque El Chaltén es Municipio desde 2011, y que hasta ahora no había hecho presentaciones para asegurarse candidatos propios en esta categoría.
Si bien esto es cierto, también lo es el hecho de que durante estos años sí hubo presentaciones de carácter resolutivo por parte del Deliberante, y que incluso hubo proyectos en la Cámara de Diputados que no tuvo la iniciativa política para discutirlos y saldar una cuestión que hoy es a todas luces gravísima.
Ya el 13 de marzo de este año, ingresó a la Cámara el proyecto que proponía que la representación legislativa para el próximo periodo fuese de 24, 15 electos a razón de uno por cada municipio y los restantes, elegidos en distrito único. Claro que Mario Arabel no fue un visionario cuando lo presentó, sino que ya hacía tiempo que El Chaltén reclamaba que se modificaran las cosas.
El 16 de junio de 2016 el Deliberante sacó la Resolución 033: “Solicítese a la Honorable Cámara de Diputados, proceda a declarar la necesidad de la reforma de la Constitución Provincial …a los efectos de modificar el artículo 85 que garantice la representación parlamentaria a todos los municipios…”.
Dos años más tarde, en abril de 2018, de nuevo, el Concejo sacó otra Resolución para que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados genere “los instrumentos adecuados para garantizar y efectivizar la creación del cargo de diputado por pueblo de El Chaltén y Tres Lagos…”.
Incluso también hubo reuniones de manera previa al desdoblamiento de las elecciones, y tampoco ahí el Parlamento escuchó, razón por la cual, días más tarde, varios actores políticos decidieron firmar un documento que le enviaron directamente a la gobernadora, en la antesala de la judicialización.
Así, es luego de esa inacción que se llega a estas circunstancias, en las que ahora la Fiscalía de Estado denuncia en su apelación “la intromisión del Poder Judicial” a través de la sentencia, sobre “facultades del Poder Ejecutivo y Legislativo”, aunque este último no hubiese habitado el espacio del debate que pudo haber prevenido esta situación.
“Creo que esto manifiesta la necesidad de retomar el diálogo político y que el mismo se realice, no sólo para zafar de las próximas elecciones, sino para definir un camino en el que los partidos sean los protagonistas. A veces suena como una utopía, pero los ejemplos de la historia nos demuestran que la concertación nos permitió salir de las dictaduras militares, comenzar a juzgar a los responsables, recomponer una salida de la crisis 2001, etc. etc.”, opinó el ex senador radical Alfredo ‘Freddy’ Martínez, acerca de estos vacíos que se generan cuando lo que debería resolverse en la arena política transcurre en la judicial.
Por Sara Delgado – LA OPINIÓN AUSTRAL