En Córdoba, el acceso al dispositivo antipánico es menor fuera de la Capital. La Provincia lo adjudica, sobre todo, a que hay menos denuncias por razones socioculturales.
La Provincia lo adjudica, sobre todo, a que hay menos denuncias por razones socioculturales.
El 21 por ciento de los botones antipánico que están activados en Córdoba fueron entregados en el interior de la provincia, donde vive el 60 por ciento de la población. Pero además, es en ese interior donde se cuenta el 80 por ciento de los femicidios ocurridos en territorio cordobés.
Los números parecen contradictorios: donde más casos extremos de violencia de género ocurren y donde más población vive, hay menos acceso a una herramienta que ha mostrado utilidad para reducir riesgos.
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En lo que va de 2018, Córdoba suma 21 crímenes en contextos de violencia de género. El interior provincial fue escenario de 17: el 81 por ciento. Ese porcentaje, con leves matices, se viene repitiendo desde hace años.
Según los registros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, a fines de octubre estaban funcionando y bajo monitoreo 2.651 botones antipánico en toda la provincia. De ese total, 2.091 correspondían a la ciudad de Córdoba y 560 a todo el interior.
Los botones (de formato similar al de pequeños controles remotos) son entregados, por orden judicial, a mujeres que denunciaron amenazas, hechos de violencia o riesgos ciertos de padecerlos.
Su sola activación manual dispara una alarma en la sede policial más cercana. Según los registros oficiales, esas activaciones fueron 142, 154 y 175 para los meses de julio, agosto y septiembre últimos, respectivamente.
Conteo de detenidos
En cuanto a detenciones por casos de violencia de género, los datos oficiales del sistema marcan que hubo, en esos mismos tres meses de este año, 91 casos en hechos ligados con denuncias de personas que portaban botones antipánico, y 46 con mujeres que no utilizaban ese dispositivo.
Causas
Sobre la distribución de esa herramienta sin guardar proporción con la cantidad de población ni con la de hechos graves registrados, el área del gobierno provincial creada para atender la violencia de género, ensaya algunas explicaciones.
“Los botones se entregan por orden judicial”, aclaró primero Claudia Martínez, secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas de la Provincia.
“Pero hay varias causas que explicarían por qué hay menos botones en el interior, aunque ocurran más femicidios. En realidad, en el interior hay menos denuncias y yo creo que es, sobre todo, por razones culturales. En pueblos chicos, a la mujer le resulta más difícil dar el paso de la denuncia. Se conocen todos, se considera aún a lo que pasa en la familia como algo del ámbito privado, y es difícil denunciar a alguien al que seguramente se lo va cruzar porque vive a las pocas cuadras, por ejemplo. También en comunidades pequeñas se estigmatiza más que en las ciudades grandes a quien ande con un botón”, interpretó la funcionaria. Otro punto evidente es que los pueblos chicos no tienen cerca sedes judiciales y en muchos casos ni siquiera destacamentos policiales donde denunciar.
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No hay un solo interior
De todos modos, hablar del interior provincial como una unidad induce a otros errores. Como en muchos otros aspectos, no hay uno sino varios interiores en Córdoba. Por caso, la realidad de las ciudades más grandes se asemeja más a la de Córdoba Capital que a la de las de pequeñas comunas y parajes. A la vez, no es la mismo el norte que el centro o sur del territorio, en muchos aspectos sociales, económicos y culturales.
“Sí, hay dos interiores. Río Cuarto, Villa María o Carlos Paz y otras ciudades de las grandes tienen por ejemplo en este sentido de la violencia de género características que las emparentan más con la Capital que con los pueblitos de algunos cientos de habitantes”, admitió Martínez.
En las ciudades de cierto tamaño aparecen herramientas institucionales y económicas más similares a las que ofrece la Capital.
Sin embargo, sorprende que en algunas de ellas se sucedan casos de femicidios por arriba del promedio. “Nos llamó la atención en los años anteriores, por ejemplo, lo que sucedía en Villa María, que sumó varios crímenes en poco tiempo”, apuntó la funcionaria.
¿Hay conectividad?
Martínez relativizó que las dificultades de conectividad de las redes de telecomunicaciones sean hoy un impedimento para que haya más botones antipánico en el interior. “Los técnicos nos dicen que ya no es así. Puede haber áreas rurales sin señal ni conexión, pero casi no queda pueblo al que no llegue la telefonía”, acotó. “En cambio, sí inciden otros factores, como la distancia desde el punto en que la mujer llame con el botón hasta la Policía más cercana. En ciudades grandes, llegarán más rápido que en sitios donde no hay destacamentos”, apuntó.
Otro factor que complica a las mujeres de pueblos pequeños, una vez que denuncian, es la mayor dificultad para alquilarles una vivienda, ante una emergencia. “Además de que hay menos disponibilidad de casas en alquiler para que ocupen durante algún tiempo, el agresor casi siempre estará a pocas cuadras”, planteó Martínez.
El 66% era pareja o expareja del victimario
Un reciente informe del Tribunal Superior de Justicia resumió algunos números sobre los femicidios en Córdoba, en lo que va de 2018, contabilizando -según su criterio- 19 casos entre enero y septiembre.
El 26 por ciento de las mujeres asesinadas convivía con el atacante.
El 66 por ciento de los victimarios era pareja (42%) o expareja (21%) de la víctima.
El 37 por ciento de las víctimas tenía hijos.
El 29 por ciento realizó denuncias previas de violencia familiar.
El 53 por ciento de las agresiones fue con arma de fuego; el 12, con arma blanca, y el 35 restante, con golpes o estrangulamientos.
El 88 por ciento de los crímenes ocurrió en el domicilio de las víctimas.
El 37 por ciento de los agresores se suicidó tras cometer el crimen. El resto está detenido.
FERNANDO COLAUTTI – La Voz del Interior