El proyecto de ley ingresó ayer a la Cámara de Diputados. Plantea que los exámenes de control sean obligatorios para quienes pretenden acceder a un cargo en la función pública en los tres poderes del Estado, en algunos de ellos hasta el cargo de director. Fija como causal de cesantía o remoción si los exámenes dieran positivo.
El diputado Alberto Lozano presentó un proyecto de ley bajo el título “Control de Drogadicción en la Función Pública” cuyo objeto es establecer como requisito para acceder a cargos de función pública en la provincia de Santa Cruz, “el carecer de adicción a diferentes drogas ilegales”.
Tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo, fija la comprensión de la obligatoriedad de hacer el examen a todos los miembros hasta el cargo de director provincial o equivalente. Sin embargo abarca todo el Poder Judicial, y los miembros del Consejo de la Magistratura (entre los que hay diputados).
También hasta el rango de director lo plantea para los integrantes de los organismos de contralor: Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Tribunal Disciplinario y de los entes autárquicos, centralizados o descentralizados, como empresas o sociedades del Estado.
Suma también a este tipo de control a “los miembros representantes del Estado en sociedades donde este tenga participación y demás funcionarios que requieran acuerdo de la Legislatura para su nombramiento”, como así también a todos los integrantes de la Policía Provincial más allá de su jerarquía.
Para Lozano, la importancia de esta exigencia es “para resguardar al ciudadano respecto del accionar de sus representantes, funcionarios con alto grado de participación y responsabilidad en la toma de decisiones y de aquellos que deben velar por la seguridad pública”.
Aunque el diputado radical reconoce a la drogadicción como una enfermedad de todos modos, la pone como causal de cesantía. Al plantear que si los exámenes (que tiene carácter obligatorio y anuales a la vez que serán estrictamente confidenciales) resultaran positivos: y la persona es “a) funcionario o personal designado: es causal de cese en la función pública; y b) funcionario electo: se ejecutará la suspensión o la revocación del mandato sujeto al procedimiento previsto por la Constitución de la Provincia”, aunque resalta que “el Estado provincial articulará los medios necesarios para brindar apoyo y asistencia a los funcionarios o personas alcanzadas por esta norma”.
Lozano afirma que “no se pretende estigmatizar a quien padece este mal, si no que por el contrario, fomentar a que la persona acuda a los tratamientos necesarios, resguardando su intimidad, sus derechos y garantías”.
Cabe recordar que una iniciativa similar fue presentada, años atrás, por el ex diputado Alejandro Victoria y naufragó por el fuerte rechazo generado al ser considerada “discriminatoria”.
– LA OPINIÓN AUSTRAL