Tras cuatro días de audiencia pública, resta ahora el dictamen oficial sobre el proyecto inmobiliario El Cigarral, de 125 hectáreas. La empresa marca que incluirá 55 hectáreas de reserva de bosque nativo. Ambientalistas cuestionan que no se cumple con la ley.
Tras cuatro días de debate con más de 400 inscriptos, finalizó una de las más convocantes audiencias públicas realizadas en esta provincia desde que en 2014 una ley exige ese trámite. En discusión estuvo el proyecto inmobiliario Fideicomiso del Cigarral, también conocido como El Montecito.
Se trata de un predio de 125 hectáreas en Unquillo, en el que se propone urbanizar 700 lotes en modalidad abierta y cerrada, adicionando la creación de una reserva natural, que preserve bosque nativo en 55 hectáreas, y destinar espacios a un banco de tierras municipal.
El proyecto prevé sumar un complejo recreativo y comercial, y promete una ruta alternativa a la E-57 para descomprimir el tránsito entre Unquillo y Mendiolaza.
Tras la audiencia pública, la Secretaría de Ambiente de Córdoba debe resolver ahora si le otorga la licencia.
En debate
El municipio le otorgó la prefactibilidad al proyecto, luego de acordar varias modificaciones a una presentación anterior, que en 2016 había rechazado.
Pero la iniciativa cosechó resistencia en sectores de la comunidad que cuestionan su potencial impacto ambiental. La mayoría de los oradores en la audiencia pública se expresó en ese sentido, en contra del proyecto.
“Participamos porque no podemos dejar pasar estas instancias de ciudadanía, pero consideramos que esta audiencia es ilegal, por falta de acceso a información previa y de documentación anexa. El proyecto que se propone también está fuera de ley, porque el mapa en que se basan municipio y empresa loteadora no tiene validez; no está acreditado por ningún acto administrativo ni por ninguna ley”, resumió Rocío Loza Serra, integrante de la Asamblea del Monte de Unquillo.
Desde esos sectores, de perfil ambientalista, se asegura que el desarrollo avanza sobre 91,5 hectáreas que figuran en “zona roja” de bosque nativo. En ese caso, la ley no permite el cambio de uso de suelo.
“Por un principio de no regresividad de derecho ambiental, no se puede modificar ese mapa original; por eso sostenemos que este proyecto no se ajusta a la ley”, planteó Loza Serra, a tono con otros oradores que objetaron el proyecto.
Otro punto cuestionado –según argumentaron– fue que no se presentó un estudio hidrológico e hidráulico.
Contrapuntos
Desde la empresa Cahuana, proponente del desarrollo, Gonzalo Más opinó que el clima de confrontación no ayudó para el objetivo buscado de avanzar en un uso consensuado del suelo.
“Estas instancias no favorecen el diálogo respetuoso. Fue muy bueno escuchar diferentes posturas y criterios que pueden llegar a acercarnos, pero sobresalen cuestiones emocionales que derriban argumentos racionales o instancias administrativas que nos exceden. La base de este nuevo proyecto se consensuó con las exigencias del municipio, de Ambiente de la Provincia y del instituto de planificación regional Iplam, que nos dijeron que esto era lo posible como expansión urbana, y se acordó una zona de intangibilidad como reserva natural de bosque de 55 hectáreas. En función de eso, trabajamos en la rectificación de la propuesta anterior. Si no fuera autorizada, sería una sorpresa, porque ya hay una definición al respecto”, apuntó Más.
El municipio
El intendente de Unquillo, Jorge Fabrissin (PJ), quien a poco de asumir su gestión, a fines de 2015, derogó la autorización dada por su antecesor a este loteo, ahora lo avala por los cambios que se acordó introducirle.
“Estas jornadas fueron muy enriquecedoras, pero acá no se expresó todo el pueblo de Unquillo. Para nosotros, este proyecto es superador y por eso le dimos la prefactibilidad, que no es definitiva. Si es legal o no, lo tendremos que analizar. Hay antecedentes que necesitamos examinar. Ambiente de la Provincia nos remitió un informe que no incluía a todo este loteo como zona roja”, señaló Fabrissin.
Los vecinos movilizados contra la propuesta adelantaron que continuarán con protestas y que preparan acciones judiciales por si el trámite avanza.
Tras las inundaciones de 2015, se acentuó en toda la región de Sierras Chicas la discusión ante cada proyecto de expansión urbana.
– La Voz del Interior