Desde la perspectiva del análisis ortodoxo, uno de los preconceptos instalados en el imaginario colectivo de la política económica argentina imputa a los Estados subnacionales las responsabilidades principales en el derroche de los fondos públicos. Los Estados superpoblados de provincias y municipios, herramientas permanentes para el clientelismo electoral, serían, desde esta óptica, los causantes del déficit fiscal que ha ido adquiriendo en los últimos años niveles inmanejables.
El discurso está tan instalado en algunos sectores desde la década del noventa que es difícil de rebatir, salvo que se insista periódicamente con exponer la realidad tal cual es con las estadísticas oficiales a mano. Pues bien, estos números corroboran que las provincias tienen en la actualidad una situación fiscal bastante más aliviada que el Estado nacional. El resultado fiscal primario consolidado de las provincias en 2017 terminó con un rojo de apenas 0,3%, de acuerdo con los datos oficiales de Nación, porcentaje que sube al 0,9% del PBI cuando se computan los pagos de intereses de la deuda.
Catamarca, por ejemplo, se encuentra en el lote de las siete provincias que en 2017 lograron superávit fiscal. El buen resultado no es consecuencia de un brutal ajuste de las cuentas públicas sino de la administración prolija de los recursos. Los problemas estructurales de la economía local siguen siendo los mismos, derivados del excesivo peso del sector público y de las escasas alternativas de desarrollo sustentable en el sector privado, pero al menos la situación es manejable, aunque siempre muy vulnerable a las oscilaciones de la economía nacional.
Esta semana arranca un mes de negociaciones febriles entre los funcionarios nacionales y los gobernadores, pues el 15 de septiembre deberá presentarse en el Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto de 2019 que debe contemplar un recorte de 300.000 millones, según lo acordado con el FMI para llegar al 1,3% de déficit primario consolidado a nivel país.
En un principio, Nación pretendía que las provincias se hagan cargo de la mitad de ese ajuste, pero finalmente la proporción será de dos tercios Nación y un tercio provincias. De todos modos, la distribución sigue siendo injusta. Si, como se calcula, en lo que va de 2018 las provincias continuaron reduciendo sus gastos en términos relativos respecto de los ingresos, es probable que terminen el presente ejercicio con las cuentas casi equilibradas.
El ajuste a realizar sería casi en su totalidad a causa del déficit del Estado nacional, que si bien ha reducido gastos en los últimos ejercicios, al mismo tiempo debe destinar cada vez más recursos al pago de intereses de la deuda contraída desde 2016, sin que esos fondos ingresados al país hayan impactado en el desarrollo de la economía.
Aunque algunos distritos deban trabajar para corregir sus desequilibrios, seguir culpando a las provincias del déficit no es argumento que se sostenga en base a las estadísticas oficiales. El Gobierno nacional, cuando piense en el interior, debería hacerlo para diseñar políticas de desarrollo de las economías regionales, antes que como variables del ajuste que se viene.
– El Ancasti