El proyecto de ordenamiento legal para la distribución de los fondos a las comunas sanjuaninas evitará la inequidad del régimen transitorio.
Las transferencias de fondos provinciales a los 19 gobiernos municipales se han encuadrado históricamente en un régimen transitorio que no siempre es equitativo y propenso al manejo discrecional. Es que las coparticipaciones no son fáciles de acordar ante la necesidad de un equilibrio condicionado a numerosas variables.
En San Juan, aun con las leyes 7.118 y 7.191 que establecieron el denominado Régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre Provincia y municipios, el mecanismo no sólo creaba un inconformismo por los envíos que los intendentes consideraban exiguos, sino también mantenía un vacío institucional. Nuestra provincia es la única sin una ley de coparticipación municipal.
La precariedad normativa llega a su fin con el envío a la Legislatura Provincial de los proyectos de ley de Coparticipación Municipal y de Responsabilidad Fiscal Municipal, ya consensuado entre el Ministerio de Hacienda y las 19 intendencias departamentales. Son herramientas que obligan por una parte a mejorar los ingresos a las comunas, pero también a limitar los gastos operativos.
En virtud del visto bueno de las partes, es un hecho que la sanción legislativa no demorará. Saldar esta deuda política era una promesa del gobernador y no tardará en concretarse. Lo importante es que el proyecto determina reglas claras sobre la distribución de los fondos provinciales a las intendencias y estas asumen compromisos de austeridad administrativa que no existen en el régimen transitorio.
Por ejemplo se ordena a los intendentes que en el último año de mandato no podrán aumentar la masa salarial, es decir la nociva práctica demagógica de incorporar personal generalmente por compromisos partidarios. Por el contrario el proyecto prevé cubrir vacantes con becarios y pasantes a medida que la planta permanente demande esa necesidad.
El mayor dinero que perciban las comunas será en base a la cantidad de habitantes, pero se contempla también la cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas.
La justa distribución que prevé la coparticipación municipal va a recomponer situaciones como la de Ullum, que adolecía de marginalidad financiera, de la misma forma que será compensada la distancia de los departamentos con respecto a la Capital provincial.
La garantía que muestra este proyecto de ley es que ningún municipio recibirá menos recursos de los que actualmente tienen asignados.
– Diario de Cuyo