Hace unos meses se creó en la provincia la Comisión Intersectorial de Comercio Ilegal, que reúne a varias entidades en pie de guerra con esta práctica que se potencia en tiempos de crisis.
De la mano de la crisis económica, el comercio ilegal tiene un impacto cada vez más significativo y Mendoza no es la excepción en el panorama que se observa con preocupación en el resto del país.
A nivel país, se estima que entre 16.000 y 32.000 millones de pesos se evaden a través de esta modalidad en concepto de IVA y de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Sin embargo, según el informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en el primer trimestre de 2018 se registró una baja de la venta ilegal de 46,8% en relación a igual período del año anterior. La reducción más importante se observó en CABA, Santa Fe, Posadas, Salta, Neuquén y Tucumán. Aunque la balanza vuelve a equilibrarse ya que hubo otras ciudades analizadas que registraron incrementos.
Realizando un análisis por rubros, Indumentaria y calzado fue uno de los más comercializados. Ocupó la primera posición en Buenos Aires, Rosario, Salta, Neuquén y Mendoza. Alimentos y bebidas estuvo a la cabeza en La Plata, Posadas, Tucumán y Santa Fe, en tanto que Juguetería y esparcimiento lideró en Entre Ríos.
Pese a la baja relativa, del otro lado del mostrador -es decir, el de los comerciantes legales- aseguran que están frente a un sector con mucha gravitación en el consumo.
En la provincia, quienes están en regla no se resignan a ser meros espectadores de un fenómeno que no parece tener fecha de vencimiento y que, más allá de crisis coyunturales, responden a una práctica con códigos propios. Por eso, a partir de la mesa de trabajo convocada a comienzos de este año por el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC) se terminó conformando la Comisión Intersectorial de Comercio Ilegal, que integran Defensa al Consumidor, Fiscalización y Control, FEM, UCIM, CEC, Ministerio de Seguridad, Cámaras de Comercio de Godoy Cruz, Las Heras, Capital y Guaymallén, CAME, Migraciones, AFIP, ATM y Ministerio de Salud, entre otros.
Medidas contra el «flagelo»
Los recientes operativos fiscales en distintos mercados y ferias del microcentro fueron bien recibidos por entidades como la UCIM que reconoció que «tras mucho tiempo de reclamar acciones para la lucha contra la venta ilegal, el contrabando y la evasión, los organismos del estado han asumido su rol y comenzado a trabajar con más fuerzas contra este flagelo».
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El sector empresarial había planteado su preocupación en ese espacio común. Allí surgió la necesidad de contar con un protocolo para evitar vacíos legales y ser más efectivos en la batalla contra la informalidad laboral y el comercio ilegal. A grosso modo, consideran que actualmente este formato absorbe más del 45% de las transacciones comerciales.
De ahí que desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza denuncian que «instalar negocios que no contribuyen al mantenimiento del Estado, del cual somos parte todos, contratar personal en negro, no emitir comprobantes o lo que es peor, negociar con mercadería o insumos de dudosa procedencia, es un delito».
Ante estas situaciones, alertó la UCIM, el Estado no puede alentar, apoyar y mucho menos hacer la «vista gorda». Por esta razón, salió a respaldar públicamente los operativos de control, a la vez que planteó la importancia de que se sostengan en el tiempo para que sean efectivos. Además, propuso que se extiendan «a otros lugares en donde se sabe perfectamente que se ejerce el comercio ilegal, como ferias o mercados de frutas y verduras».
Según las últimas mediciones registradas por la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), el 2017 cerró con 615 Saladitas, 37.628 puestos en Saladitas y 19.285 manteros en todo el país.
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CAME Confederación Argentina de la Mediana Empresa (1)
Lógicamente, con los vaivenes económicos del 2018 y la constante suba de la inflación, la repercusión en el mercado laboral y en las ventas es innegable, por lo que las estadísticas citadas apenas sirven como marco de referencia.
– Mdz on line