Por las torres denunciadas en 2009 hay más de 20 funcionarios y profesionales imputados.Sin avances en los juzgados, muchas de las acciones están al borde de la prescripción.
Ricardo Amador es un carpintero al que un edificio construido al lado de su propiedad, en Gorriti y Alvarado, lo dejó sin techo y sin medio de vida. A Isabel Llanes esa misma obra, ejecutada al margen de elementales normas de edificación y seguridad, le mató a su hijo. José Llanes tenía solo 26 años cuando quedó sepultado por toneladas de escombros el 2 de octubre de 2009. La destrucción de la casa del carpintero y el inconmensurable pesar de la maestra de catequesis se hubiera evitado si los órganos municipales y profesionales competentes hubiesen actuado, como debían, ante la ciudad ilegal que creció en las alturas sin planos aprobados, estudios de impacto, medidas de protección sísmica, factibilidad de servicios ni control. Detrás del centenar de edificios que la Red Solidaria de Ciudadanos en Defensa de sus Derechos (Red Sol) denunció ante la Justicia hace nueve años hay pericias lapidarias y más de una veintena de funcionarios y profesionales (arquitectos e ingenieros) acusados de incumplimientos de deberes, falsificación de documentos y otros delitos.
En agosto de 2016 la jueza Mónica Mukdsi, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, dejó sin efecto la paralización de los expedientes municipales de habilitación que pesaban sobre 18 obras investigadas. Esa fue la última actuación conocida en la causa principal, en la que peritos designados por la Corte marcaron serias irregularidades en más de 50 edificios que avanzaron con excepciones y vistas gordas hasta alturas temerarias para una ciudad con alto riesgo sísmico.
En distintos casos peritados también se transgredieron los factores de ocupación fijados por las normas vigentes (FOS y FOT), los retiros de frente y fondo legalmente establecidos y las exigencias de disponibilidad cierta de servicios de agua y cloacas. Con dudosos contratos de locación se sortearon, asimismo, las exigencias de espacios para estacionamientos. Así, miles de vecinos de la ciudad vieron agravadas las deficiencias en servicios básicos, con caídas de presión en el agua y obstrucciones cloacales. Los congestionamientos del tránsito, que se acentuaron a niveles alienantes, muestran otra cara de la ciudad ilegal que creció sin un estudio de impacto acumulativo.
El blanqueo
El Concejo Deliberante contribuyó al blanqueo de edificios de altura ilegalmente construidos con una ordenanza aprobada en noviembre de 2012. En enero de 2013, el Ejecutivo municipal coronó esa medida con un decreto reglamentario que no alcanzó a salvar los desquicios del boom inmobiliario que aún hoy tiene algunas torres habitadas con luz de obra y familias en espera de catastros propios. El broche fue puesto tiempo después con un curioso encuadre que aprueba planos conforme a obra, y no obras conforme a planos, como lo hizo la Dirección General de Inmuebles a favor del Luxem, la empresa que construyó el edificio de Gorriti y Alvarado, en la subdivisión de los 91 catastros que tiene esa torre de 15 pisos.
Tragedia
El 2 de agosto de 2009, dos meses antes del trágico derrumbe que le costó la vida al joven obrero José Llanes, Amador denunció que las excavaciones se habían iniciado en situación irregular y sin atender elementales medidas precautorias.
En la nota que dirigió el 2 de agosto de 2009 al responsable de Obras Civiles del municipio, Víctor Marcelo Amado, el carpintero Ricardo Amador advirtió que en la edificación de Gorriti y Alvarado no había cartel identificatorio del proyecto y sus responsables técnicos. El vecino afectado también advirtió que las excavaciones, de seis metros de profundidad, habían descalzado las bases de su casa, provocando hundimientos de pisos y severos agrietamientos en las paredes. Tiempo después, con las obras más avanzadas, Amador denunció que no se habían ejecutado en esa torre -como en tantas otras de la ciudad de Salta- las juntas sísmicas que deben separar a los grandes edificios de las viviendas linderas para evitar desastrosas consecuencias.
Ironía
Por estas denuncias, paradójicamente, Amador terminó con su propiedad embargada ante una demanda de Luxem y privado de su medio de vida, porque inspectores municipales le clausuraron el taller de carpintería por los daños estructurales sufridos a causa de la construcción de la torre y el consecuente peligro de derrumbe.
Primera condena
En 2012, en la causa penal abierta por la muerte de Llanes, la Sala V del Tribunal de Juicio, presidida por Mónica Fáber e integrada por los jueces José Luis Riera y Guillermo Daniel Pereyra, concedió a Nahum y al encargado de la obra, Mario Héctor Borjas, el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. La probation consistió en una inhabilitación de tres años, el pago de una reparación de $300 mil y el acondicionamiento de un espacio físico para que la madre del joven fallecido dicte sus clases de catecismo.
Lo que dijo ese día la madre de Llanes fue estremecedor: “La muerte de un hijo no tiene nombre, más cuando es de una madre soltera; cuando a mí me pusieron a mi niño en brazos el día en que nació me hice responsable de él; no tenia mucho pero le di todo mi amor; no le faltó un plato de comida, no le hice faltar nada, ni amor ni cuidado; caminar 18 cuadras para llevarlo al jardín y para que estudie; estar una semana internada y pasar el cumpleaños en el hospital a la par de mi hijo; eso es ser responsable; de Justicia yo no entendía nada; tengo séptimo grado; no sé nada de leyes; yo quería Justicia para mi hijo, que se haga responsable, si es que alguien era responsable, de que mi hijo haya quedado enterrado vivo con toneladas de escombros sobre él”.
La ley y la trampa
El Código de Edificación exige “factibilidad” de servicios para habilitar edificaciones. Muchas torres, con el tramposo rótulo de “prefactibilidad” avanzaron sin disponibilidad real de agua ni capacidad en las viejas y superadas redes cloacales del macrocentro.
El Código exige planos aprobados para autorizar el inicio de las obras. En la mayoría de los edificios denunciados (son cerca de 130, incluyendo casos que se agregaron a la causa abierta en 2009), las obras se iniciaron con planos “visados” y no “aprobados”. Edificios que en los papeles eran para “oficinas” terminaron siendo de “departamentos” y con más pisos que los autorizados.
Algunas condenas y mucha vista gorda
La causa principal, con irregularidades peritadas en más de 50 edificios, no se mueve.
Solo en calle Deán Funes hay 18 edificios con irregularidades peritadas. Pablo Yapura
En la causa laboral abierta por la muerte del obrero José Llanes acaba de ser confirmado un fallo que condenó a los responsables del edificio de Gorriti y Alvarado a pagar cerca de $2 millones. El arquitecto Eduardo Naum, de Luxem, enfrenta otra causa penal por estafa procesal, en la que también está imputado el escribano Carlos Alsina Aráoz por falsedad ideológica. El eje de esa causa pasa por la certificación de fotografías, presuntamente falseadas, para ocultar la inexistencia del cartel de obra denunciada por Amador en agosto de 2009. Ambos habían sido sobreseídos dos veces por el juez Federico Diez, pero la Sala II del Tribunal de Impugnación, integrada por Edgardo Albarracín y Guillermo Polliotto, revocó eso fallos. El mismo tribunal concedió el pasado 10 de abril los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las defensas de Naum y Alsina Aráoz, por lo que el caso pasó a la Corte.
Procesados
Por otra parte, dos inspectores municipales, Hernán Rodríguez y Rodolfo Gutiérrez, fueron procesados el 17 diciembre de 2014 por certificar la supuesta existencia de una junta sísmica que para la Sala IV del Tribunal de Juicio no se ejecutó. El cargo es falsedad ideológica.
Los expedientes relacionados con la torre de Gorriti y Alvarado, en los que Amado tiene como abogado a Oscar Pedro Guillén, resumen un caso testigo de la causa principal que la Red Sol, entidad presidida por María Elena Jiménez, inició en 2009. Sin avances, las acciones están al borde de la prescripción.
En esa causa fueron imputados por incumplimiento de deberes y falsificación de documentos más de 20 funcionarios y profesionales. La lista incluye a Gustavo Rodríguez, Víctor Amado, Guido Giacosa Fernández, Oscar Redondo Torino, Carlos Cesano, José García; Laura Lanfrasconi, Andrés Flandoffer Nallar, José Pistán, Gustavo Vancawlaert, Manuel Herrando, Matías Miguens, Laureano Martín, Daniel Alonso Crespo, Roberto Chorolque y Miriam Viana.
Antonio Oieni – El Tribuno