El gobierno busca apurar la ley de extensión de dominio. Se trata de una herramienta legislativa con la que se pretende acceder al decomiso de bienes adquiridos con el beneficio de los denominados delitos de corrupción, narcotráfico y trata de personas.
Este tema fue reflotado por el presidente Mauricio Macri en su discurso de apertura de sesiones. El problema es que el proyecto lleva casi dos años parado en el Senado por la polémica en torno a la vulneración del derecho constitucional a la propiedad, que implicaría la sanción de una ley que habilite el decomiso de bienes sin que exista, al menos, una sentencia en primera instancia.
La sanción que se dio en Diputados permitía a los fiscales impulsar el juicio de acción de dominio ante la Justicia Civil, independientemente del resultado del proceso penal. En otras palabras, se habilitaba el decomiso aun sin que existiera una sentencia.
El oficialismo y el PJ llegaron a un consenso y firmaron un dictamen en el que se establecía el acto de procesamiento o la elevación a juicio oral del encausado como el punto de partida para el proceso de decomiso, el cual ya no recaería en un juez civil, sino en uno penal. Además, la acción quedaba en manos de la Procuración del Tesoro y ya no del Ministerio Público Fiscal.
De todos modos también hay una interna en el gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es la que más insiste ante el Presidente por la sanción de una ley de extinción de dominio. Sin embargo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, atiende otras necesidades y pugna por una ley más amplia.
– El Sol