El gobierno municipal cuestiona que el accionar de los jueces penales dificulta el control de la venta clandestina de alcohol y de pirotecnica, entre otras.
El gobierno municipal se quejó porque los jueces penales no aplican un criterio uniforme para el dictado de órdenes de allanamiento y advirtió que esa disidencia dificulta el control de la venta clandestina de alcohol, de pirotecnia y otras actividades no permitidas.
El Jefe de Gabinete, Marcos Barberis, dijo que no todos los magistrados están dispuestos a firmar las órdenes para allanar domicilios particulares, aunque la venta ilegal esté documentada. “No puede ser que desde Inspección General tengan que andar con una lista del turno de jueces, porque la autorización sale o no según el día que se presente el pedido”, afirmó.
La asesora letrada del Ejecutivo, Natacha Vázquez, confirmó que tienen problemas con los allanamientos desde que en agosto pasado entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Señaló que el juez Martín Arroyo es quien se niega en forma sistemática a autorizar allanamientos solicitados.
En algunos casos el municipio esperó el cambio de turno, presentó la misma solicitud al juez Ricardo Calcagno y obtuvo el permiso.
Vázquez dijo que cada pedido está justificado en una constatación previa de los inspectores, que suelen actuar ante denuncias anónimas y que documentan la actividad ilegal. Aseguró que “casi siempre” los allanamientos resultan positivos. Aun así, deben lidiar con la reticencia de los jueces.
Otra abogada municipal, Marcela González Abdala, dijo que el último rechazo de Arroyo data de hace diez días y se lamentó de que la fiscalización municipal “tengan que depender de la voluntad del juez”.
Señaló que a partir del conflicto planteado se reunieron con el juez Héctor Leguizamón Pondal, quien se comprometió a hacer un “plenario” entre ellos para acordar un criterio único. Pero hasta ahora no hubo resultados.
Según González Abdala “lo ideal sería que exista un trabajo conjunto entre todos los organismos e instancias de gobierno”, ya que la violación de normativas municipales deriva en mayor inseguridad y facilita otros delitos.
El último pedido que formuló el municipio y que chocó con el rechazo del juez Arroyo era para allanar dos domicilios contiguos en la calle Sarmiento, donde se sospechaba la elaboración de comidas sin habilitación. La solicitud fue tramitada a través del fiscal Inti Isla y subrayaba que la venta de esos productos “ponen en riesgo la vida de personas”.
Arroyo se declaró incompetente y señaló que el pedido de allanamiento debía ser presentado a la Jueza de Paz. Dijo que el Código Procesal en vigencia eliminó la jurisdicción de los jueces penales sobre la materia contravencional, “autorización que era acorde al viejo sistema inquisitivo, pero resulta incompatible con los postulados del sistema netamente acusatorio”.
Aclaró en su fallo que valoraba la preocupación municipal, pero que no podía fallar de acuerdo a los usos y costumbres. “Ninguna duda tengo de la importancia de la labor que llevan a cabo los inspectores municipales en la tarea de prevención del potencial riesgo que podría significar para la salud de la población la ingesta de productos elaborados sin los controles sanitarios y bromatológicos necesarios -escribió Arroyo-. Celebro que el Municipio local sea tan proactivo en llevar a cabo estos imprescindibles controles”. Pero subrayó que ya no tiene potestad para autorizar allanamientos por investigaciones contravencionales. “Mal podemos actuar los jueces como si esa norma estuviera vigente cuando claramente ha sido derogada”, sostuvo.
La abogada Martínez Abdala dijo que la opción de acudir a la Jueza de Paz no existe porque “no tiene jurisdicción para disponer allanamientos”.
– Diario Río Negro