A tono con las ideas que promueve la más alta conducción nacional, la Provincia se ha embarcado en un proyecto “modernizador” en materia de gestión pública.
Sin incorporar aún ningún cambio de relevancia en lo que respecta al trabajo de los agentes del Estado, desde hace poco más de un año se vienen desplegando acciones que pasan, básicamente, por la compra de equipamiento informático para las oficinas provinciales y el diseño de sistemas que permitirán avanzar progresivamente hacia la “despapelización”, de manera que los expedientes incluyan niveles crecientes de tramitación digital.
En este marco, se apunta a la incorporación de la Firma Digital, el Sistema de Gestión Documental Electrónica y el Registro Civil Electrónico, todas herramientas que harían más racional y eficaz la organización de la burocracia catamarqueña.
De manera complementaria, se están diseñando capacitaciones en diversas cuestiones vinculadas con la optimización del recurso humano y profesional, aprovechando el Instituto de Administración Pública y sus cursos en diferentes temáticas.
La propuesta apunta, según sus impulsores, a una resolución más veloz y transparente de las gestiones encaradas ante los organismos, se trate de un ciudadano común o de un proveedor del Estado.
En definitiva, reducir la “burocracia” que implica cualquier trámite, más si se trata de alguno vinculado a un pago.
Ciertamente se trata de un objetivo fundamental para dar un mejor servicio a la comunidad, aunque por la complejización de la sociedad, resulta insuficiente: es menester un aggiornamiento profundo en las prácticas estatales desde la misma base normativa.
Por ello, más que nunca, es imperioso retomar la iniciativa de una reforma constitucional, idea frustrada por una mirada política de corto vuelo, pero cuya puesta en marcha se hace cada vez más evidente, empezando por la necesidad de terminar con rémoras como la reelección indefinida.
Las autoridades legislativas expresaron, cerrando el 2017, su voluntad de impulsar el tratamiento de este proyecto.
Por eso es menester que, cuanto antes, se activen las consultas con actores institucionales y se envíe el proyecto a las cámaras.
Si la propuesta finalmente prospera, podrían generarse condiciones concretas para avanzar, esta vez sí, hacia una modernización estructural en el funcionamiento del Estado.
– El Esquiú