El incremento comenzaría a regir en abril y será más elevado para las viviendas de mayor valuación fiscal. La empresa recibió duros cuestionamientos de usuarios, funcionarios y legisladores
En medio de una lluvia de críticas de los usuarios por las fallas en el servicio y el impacto en el bolsillo, representantes de la empresa estatal Aguas Bonaerense Sociedad Anónima (Absa) plantearon ayer la necesidad de aumentar en un 40 por ciento en promedio el valor de la tarifa por el servicio de agua potable y cloacas que prestan en la Región y otros puntos de la Provincia.
Fue en el marco de la audiencia pública por el aumento del agua que se realizó ayer en La Plata, una instancia que no es vinculante pero que aparece como un requisito para que las empresas de servicios puedan dar vía libre los aumentos.
Los voceros de Absa en el encuentro, encabezados por el presidente de la firma, Raffaele Sardella, dijeron que para que la empresa siga teniendo “superávit operativo”, como en el último año, es necesario que los más de 2.800.000 usuarios de la firma afronten a partir del mes de abril un incremento en promedio del 40 por ciento en el módulo, la unidad de medida en el esquema tarifario, que de esa manera pasaría de los 5,78 pesos actuales a 8,04.
“El incremento debería comenzar a regir desde abril para garantizar el flujo de fondos necesarios”, destacaron desde la firma.
ESCALAS
Según explicaron desde Absa, el incremento programado persigue “un principio de equidad”. “Es socialmente justo, porque va a impactar menos en las propiedades de menor valuación fiscal”.
Y, en ese marco, dijeron que con este incremento, el 51 por ciento de los usuarios pagará menos de 100 pesos por mes, mientras que un 37 por ciento pagará entre 100 y 200 pesos; un 8 por ciento de usuarios entre 200 y 300 pesos y el 4 por ciento restante pagará más de 300 pesos mensuales de aumento.
Además, Absa anunció que “abrirá” la categoría ocho, correspondiente hoy a las propiedades de mayor valuación fiscal, en tres categorías distintas. De esa forma, se aplicará en forma más específica el porcentaje de incremento a cada una de las valuaciones.
A la hora de explicar los por qué del planteo de aumento, los voceros de la empresa estatal de aguas y cloacas enumeraron, en una presentación que se extendió durante casi una hora y media, las distintas obras que vienen realizando tanto en la planta potabilizadora Donato Gerardi, que abastece a La Plata, Berisso y Ensenada, como en la toma de agua de Coronel Rosales, cerca de Bahía Blanca.
Además, detallaron las inversiones en el interior provincial para mejorar la calidad del agua ante la presencia minerales y el recambio de 200 mil metros de cañerías en los últimos dos años.
Ninguno de estos argumentos alcanzó para mitigar la oleada de críticas que la empresa recibió tras su exposición en la audiencia pública de ayer de parte de usuarios, representantes de organismos y legisladores de la oposición.
El primero en fijar posición fue el Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, quien pidió que “no se siga poniendo la carga en el usuario”, además de “organismos de control serios”.
Para Lorenzino el Gobierno “no está mirando al usuario, ya que el aumento tarifario no tiene en cuenta la variable del salario”. En ese sentido, propuso que “se utilice el Fondo del Conurbano para financiar las obras.
Luego, siguió el turno de vecinos que, unánimemente, cuestionaron el servicio. Beatriz Gliemmo, una vecina de Gonnet, relató las penurias cotidianas de vivir con apenas un hilo de agua que sale en algunas horas de la madrugada. “Nos levantamos a la una de la madrugada a lavar los platos y a las seis a cargar baldes porque si no, no podemos ni lavar la verdura que vamos a comer”, explicó. Y disparó: “La empresa nos estafa con la complicidad del Estado”.
En tanto, por la Federación de Instituciones de la Ciudad, Alberto Alba manifestó el rechazo de las entidades que agrupa al aumento propuesto por la empresa. Y pidió a las autoridades que se ponga en vigencia y reglamente la ley que otorga un régimen tarifario específico para las entidades de bien público. “Esta ley permite que las instituciones accedan a una tarifa social diferenciada, lo que implicaría un importante desahogo económico”, dijo Alba.
A la exposición de los vecinos le siguió la intervención de legisladores de la oposición que plantearon críticas al pedido de la empresa. Estuvieron, entre otros, Susana González, Florencia Saintout, Guillermo Escudero y Pablo Zurro.
En ese marco, el diputado oficialista Andrés De Leo fue una de las pocas voces en defensa del planteo de la empresa.
“En la anterior audiencia Pública realizada en marzo de 2016, habíamos manifestado que los usuarios fuimos rehenes de una empresa con enormes deficiencias en la gestión, con un servicio de pésima calidad y décadas de desinversión. Hoy, a casi 2 años de aquella audiencia y después de 18 meses que se efectivizó la adecuación de la tarifa del servicio de aguas y cloacas, la realidad es totalmente distinta”, dijo el diputado “lilito”.
– El Día