Buenos Aires, Jujuy y Mendoza aparecen como las provincias más beneficiadas con el nuevo equilibrio. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses es el gran perjudicado ya que dejará de percibir entre 50.000 y 100.000 millones de pesos por año.
El pacto fiscal que firmó Nación con los gobernadores dejó a algunas provincias más favorecidas que otras, principalmente aquellas del mismo signo político de la administración central, y a un claro perjudicado: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El entramado impositivo, los compromisos y las compensaciones que contiene este acuerdo dejan sin red de contención a este fondo que, sólo por lo convenido en el denominado Consenso Fiscal, dejará de percibir entre 50.000 y 100.000 millones de pesos por año. El monto surge de lo que dejará de percibir por su cuota del Fondo del Conurbano y de cuánto pueda ser compensada esa pérdida por un incremento en su participación en lo recaudado por el impuesto al cheque, una alícuota que el gobierno de Cambiemos aseguró que eliminaría paulatinamente. Por su parte, las provincias dejarán de percibir ingresos por impuestos que se reducen o eliminan, pero la apuesta de los gobernadores es poder refinanciar sus deudas. Desde la oposición advierten sobre una clara intencionalidad de consolidar pasivos para luego abrir el grifo de endeudamiento para las provincias que tengan que compensar sus déficits.
El acuerdo rubricado por todas las provincias, con la sola excepción de San Luis, implica una fuerte transferencia de recursos a Buenos Aires a partir de la disolución del Fondo del Conurbano y establece condiciones flexibles para la refinanciación de deuda a las comprometidas Jujuy y Mendoza, y también a la que gobierna María Eugenia Vidal. Entre los puntos principales de este pacto se obliga a las provincias a reducir ingresos brutos e impuestos a los sellos por el 1,5 por ciento del PIB en los próximos cinco años, mantener gastos corrientes constantes en términos reales, adherir al proyecto de reforma previsional y desistir de los juicios contra el Estado nacional, que suman unos 800 mil millones de pesos por los cuales el Gobierno les dará un bono de acuerdo con sus respectivos coeficientes de Coparticipación. “El bono a favor de las provincias es para consolidar deuda con el Estado nacional y para que después el déficit se cubra con deuda provincial”, aseguró a PáginaI12 uno de los técnicos de la oposición en Diputados que analiza el paquete de reformas que elevó el Ejecutivo
Por Cristian Carrillo – Página/12