En una conferencia de prensa brindada ayer el vicegoberndor a cargo del Poder Ejecutivo, Daniel Capitanich, acompañado por el ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, y por el fiscal de Estado Luis Meza realizó un balance del Pacto Fiscal cerrado por todas las provincias, excepto San Luis, con la Nación y valoró la “madurez política” que permitió rubricar el acuerdo.
El gobierno dice que la provincia ganó recursos con la firma del Pacto Fiscal
Si bien los consensos alcanzados deben ser refrendados en el Congreso Nacional y en las Legislaturas provinciales, en el Ejecutivo entienden que no debería haber inconvenientes para revalidar un acuerdo que, para el Chaco, significa “no sólo no perder recursos que estaban comprometidos ante el inminente fallo de la Corte Suprema”, sino además “hacerse de fondos genuinos” que surgen tras haber desistido del proceso judicial contra el Estado Nacional por el 15% de cedidos para la Anses.
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“Lo principal es que logramos sacar de los estrados judiciales una discusión que es política y llevarla al Congreso Nacional, donde a partir de ahora se cerraran los acuerdos que son eminentemente políticos”, resaltaron los funcionarios provinciales.
En líneas generales, el consenso alcanzado con la Administración Central incluye el acuerdo para bajar la presión tributaria en las provincias, vía disminución de Ingresos Brutos e Impuesto a los sellos, y el compromiso del Estado Nacional para financiar las cajas previsionales provinciales no transferidas a esa órbita.
La rueda de prensa se cerró con consideraciones del ministro de Hacienda sobre el futuro de los salarios públicos, tras la “recomendación de Mauricio Macri de no generarle competencia al sector privado con altos sueldos”, las previsiones para la ejecución de la obra pública en 2018 y la situación financiera para afrontar el cierre de año que, como es habitual, es muy exigente para la caja provincial.
Importante y necesario
El vicegobernador llevó la voz cantante en cara a cara con los medios en el que destacó que se logró un pacto fiscal con la Nación que era “importante y necesario” tanto para la provincia del Chaco y para la República Argentina.
En esa línea, Capitanich detalló que “desde el punto de vista político, los diferentes gobernadores marcaron una alta presencia con definiciones muy claras desde cada uno de los distritos, reclamando lo que tenían reclamar para generar los cambios que considerábamos necesarios en la proforma que nos había enviado Nación”. “En consecuencia, a partir de hoy, la provincia del Chaco no perderá los 4000 millones que iba a perder todos los años, sino que también ha ganado recursos por haber tomado definiciones en ese contexto”, subrayó. Durante los días del intenso debate entre los representantes de las provincias y los funcionarios de la Nación, acordaron mecanismos para atender el reclamo motorizado por la Provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, cuestión que tenía inminente resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia; y el de las provincias que se verían afectadas en caso de un fallo favorable al distrito conducido por María Eugenia Vidal.
La salida fue lograr que Buenos Aires desistiera de su reclamo judicial, y las provincias hagan lo propio con las demandas contra el Estado Nacional por los fondos correspondientes al 15% que en su momento se había cedido a la Administración para ser volcados a la Anses. “Plasmamos una gran cantidad de alternativas, y entre ellas logramos que el Chaco, a partir de 2018 y en conjunto con las otras provincias, recibamos más recursos en virtud del esquema planteado: no sólo no vamos a perder los 4.000 millones de pesos que íbamos a perder año a año (con un fallo favorable a Buenos Aires), sino que logramos generar un consenso en el cual nosotros como provincia resignamos parte de los procesos judiciales para, en este esquema de diálogo, cerrar la llegada de los recursos en un pacto político”, explicó y añadió: “Ese pacto político implica que el Gobierno Nacional se compromete a desembolsar, en 2018, 5000 millones de pesos en bonos, por los juicios que estaban en camino que tienen que ver con el 15% cedido por las provincias a la Anses; y posteriormente, 12.000 millones más para repartir entre las provincias a partir de 2019, lo que va a generar alivio fiscal”.
El gobernador a cargo insistió en este marco en que, en virtud del Pacto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires “resigna recursos”, el Chaco resigna el esquema de juicios, pero concluirá “ganando” porque los recursos “llegarán más rápidamente que por la vía judicial”.
“Para la provincia del Chaco ha sido una victoria trazada desde el marco del respeto institucional y de plantear cada uno de los puntos frente al Gobierno Nacional”, aseveró Capitanich.
Madurez política
A la vez, Capitanich valoró el nivel de diálogo político alcanzado con la Administración Central. “Hemos logrado una madurez política e institucional no solamente hacia el Estado Nacional, cada una de las provincias y el pueblo argentino sino también hacia el mundo”, consideró y añadió: “Nuestra idea no es condicionar al Gobierno de Mauricio Macri sino acompañar para que los procesos de financiamiento y de crecimiento de la República Argentina sean acordes a lo que nosotros planteamos”.
En ese contexto, adelantó no obstante que la Provincia seguirá “en la lucha permanente” con el Gobierno Nacional para que direccione los fondos que le corresponden al Chaco, sin que esto implique “condicionar el futuro de los argentinos”. “Ese es el mensaje más importante que queremos llevar al pueblo del Chaco y decirle que no hemos resignado recursos y logramos un grado de madurez que rendirá sus frutos en el futuro”, sentenció.
Sobre la cuestión salarial
Tras cerrar el acuerdo con los gobernadores, el presidente Mauricio Macri “recomendó” a los representantes de las provincias “no generar competencia” a las empresas privadas con altos salarios en la administración pública. El “consejo” del presidente encendió la luces de alarma en los trabajadores del sector público que leyeron la iniciativa como el preludio a una “disminución” de sus salarios.
En ese sentido, el ministro de Hacienda, Cristian Ocampo explicó que “tenemos una política que tiene que ver con la capacidad del Estado para afrontar los compromisos que asume: nuestra premisa es trabajar en la recomposición de toda la matriz del recurso humano del Estado”. “Advertimos que es necesario hacer revisiones en procesos que tengan la capacidad de mejorar la prestación de servicios del Estado con una calificación y modernización de nuestros recursos humanos, y eso no tiene que ver con lo que pueda plantear o impulsar la Nación, eso corresponde estrictamente a nuestro Gobierno”, aseguró.
El déficit fiscal, aliviado pero no resuelto
Los funcionarios que brindaron la conferencia de prensa de ayer dejaron claro que el Pacto Fiscal implica más recursos para una provincia ávida de fondos frescos. Sin embargo, esto no mueve el amperímetro al pensar en el déficit fiscal planteado, por caso, en el Presupuesto Provincial 2018.
“Estamos en un proceso hacia el equilibrio fiscal y este consenso alcanzado con la Nación ha permitido que no perdamos recursos sino que, por el contrario, hayamos ganado el acceso a bonos por 5.000 millones de pesos a repartirse entre todas las jurisdicciones el año que viene, y a partir de 2019 y hasta 2029, una suma de 12.000 millones también en bonos “, explicó.
Sin embargo, detalló que “esto va a significar ingresos a la Provincia pero no van a solucionar el déficit de año que viene, y aunque sí va a representar un alivio, el esquema de endeudamiento elevado en el Presupuesto se va a mantener, con necesidad de financiamiento para poder cubrir nuestros gastos”.
– Norte