La nueva ley establece que, por un año, el 25% de las infracciones que cobre la Provincia vaya a las respectivas comunas.
La “grieta” en torno a la conveniencia o no de que sean los municipios quienes controlen la seguridad vial está instalada en la Legislatura. Desde hace casi seis meses, el proyecto de modificación de la Ley de Tránsito y Transporte espera en comisiones y circula por las cámaras, sumando opiniones y buscando consenso.
Más allá de las cuestiones políticas de fondo, la pregunta principal es si a un intendente le conviene o no manejar la “caja chica” de las multas que se hacen en su departamento a cambio de crear una nueva estructura en su municipio, dedicada al control vial.
Si bien la discusión en la Legislatura escapó en todo momento a que los números respondan este interrogante, lo cierto es que hay algunas cifras que dan alguna idea en torno a si es rentable o no.
Uno de los datos es la cantidad de dinero facturado por la Dirección de Seguridad Vial hasta octubre, aunque aclaran, no todo ha sido cobrado. En total, la provincia hizo multas viales por $433.788.800, monto que se reparte en las distintas comunas.
Con la nueva ley, se prevé que el 25% de lo cobrado por la Provincia vaya durante un año a las arcas del municipio respectivo en donde se hizo la infracción para ayudar a la creación de la nueva policía municipal. Es decir, si se cobraran el 100% de las multas, $ 108.447.200 irían a las comunas para “ayudar” a la nueva función.
El departamento en donde más multas se hicieron fue San Rafael, por $ 82.244.000, mientas que en el otro extremo está La Paz, en donde se hicieron multas por $3.722.400.
Hay que tener en cuenta que en este número no está contemplado el cien por ciento de las multas que se hicieron en Capital, Godoy Cruz, Luján, Maipú y San Martín.
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Estas cinco comunas cuentan con su propio cuerpo de policía municipal y juzgados administrativos, que se encargan de controlar el tránsito, confeccionar las actas viales y cobrar las infracciones.
Esta es la experiencia que se quiere repetir en los 18 departamentos a partir del 1° de enero del 2019. El proyecto, que espera la última discusión en el Senado antes de ser ley, le dará un año a todos los intendentes para poner en funcionamiento a su propia policía y juzgados viales. La ley no estipula una determinada cantidad de personal por habitante.
Los experimentados
La experiencia en Capital da cuenta que el 75% de lo que recaudan va a los costos del sistema, que está integrado por 6 juzgados viales y 140 inspectores.
En este departamento circulan 200 mil vehículos por día, la mayor parte de otros departamentos del Gran Mendoza. Por su parte, la Policía también hizo sus propias multas por un total de $3.475.200.
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Otro modelo que desde el oficialismo pretenden mostrar es el de Godoy Cruz. Se trata del departamento con mayor densidad poblacional y el segundo más poblado de la provincia.
Según explicó Lisandro Delgado, director de Tránsito, hay alrededor de 20 preventores y 9 personas que se dedican a los peritajes de accidentología. Por su parte, hay otros 20 dedicados a los dos juzgados y 8 a una Mesa de Entrada unificada.
Para mantener una estructura de un poco más de 100 personas (hay que sumar al personal administrativo y de los registros de conducir), en 2016 debieron destinar $15 millones en gastos corrientes, mientras que la recaudación del área fue por el mismo monto. Hasta julio de este año, las cuentas mostraron un ingresó de $13 millones de recaudación.
La aclaración que hacen en el municipio es que las tareas no se limitan sólo al control sino que incluyen la emisión de las tarjetas de conducir, un trámite que suma ingresos y que ayuda a cubrir el gasto total. Es decir, el dinero que se destina a mantener la estructura no sólo es por las multas sino también por el cobro de estacionamiento y la gestión de las licencias.
“Es importante que la tarea se aborde con el enfoque de la seguridad vial, en donde el control es sólo un eslabón dentro la seguridad. También es importante contemplar la educación y las mejoras en la infraestructura”, señaló Delgado y dijo que estas tareas han contribuido a tener la menor tasa de muertos en accidentes de tránsito.
“Esto tiene que ver con una política. Sería interesante que todos los municipios incorporen esta tarea”, recomendó el director de Tránsito de Godoy Cruz.
Desafío de los “nuevos”
A partir de que se promulgue la próxima ley, los municipios tendrán un año para incorporar la nueva competencia. La nueva obligación no convenció a todos los intendentes, ya que el proyecto original no planteó una partida presupuestaria para nuevos nombramientos, oficinas, uniformes, maquinaria y vehículos que se necesitarán.
Según defendieron desde el oficialismo, lo recaudado y una reingeniería del personal que ya tienen los municipios serviría para amortiguar los gastos. En cambio, la oposición criticó la falta de dinero para la puesta en marcha.
El avance de la discusión dio un guiño a este reclamo y estableció que, hasta enero del 2019, los municipios cobrarán el 25% de lo que la Policía Vial provincial recaude por multas en cada departamento.
Por su parte, Seguridad Vial, dependiente del Ejecutivo, no dejará de existir, sino que se dedicará a controlar los caminos alejados de las villas cabeceras.
Lo que se pretende con el proyecto es desafectar a la Policía que se debe encargar de la seguridad en general y que muchas veces tiene que afectarse a un choque o tareas de tránsito.
Se regula el uso de la bicicleta y se cambian normas
El proyecto en discusión contempla otros aspectos que tienen cierto grado de consenso. Según explicaron, por primera vez se incorpora a la bicicleta a la regulación del tránsito y quienes usen estos rodados ahora podrán recibir multas.
w La Policía no podrá retener la licencia de conducir, salvo casos excepcionales.
w Los municipios ejercerán la función jurisdiccional vial.
w Obligación de usar el cinturón de seguridad en todas las plazas del auto (parte de atrás inclusive).
w Los menores de 12 tendrán la obligación de ir en los asientos de atrás y los menores de 4 en dispositivos de retención infantil homologados.
w Será obligatorio el uso de casco en las bicicletas con y sin motor. Quienes circulen en estos rodados podrán ser pasibles de multas.
w La materia de Educación en Seguridad Vial será obligatoria en la primaria y la secundaria.
w Se procederá a descontar de los sueldos de todos los funcionarios públicos las multas no pagadas.
w Las manifestaciones se restringirán a la vereda y no podrán realizarse en la calle.
w En las sanciones se incorpora la inhabilitación, la reincidencia y el trabajo comunitario.
w Los agentes que se dediquen a la función serán capacitados por el Instituto de Seguridad Pública, por la Agencia de Seguridad Vial y por el ministerio Público Fiscal.
w Los jueces administrativos municipales tendrán que realizar audiencias orales y emitir fallos en 3 días.
w Los vehículos que estén en las playas de secuestro municipales podrán ser afectados al servicio del municipio, con una inscripción que lo identifique así, o podrán ser subastados.
w Se crea el Consejo de Policía Vial, con un representante de cada municipio (con rango de director), del Poder Ejecutivo y uno de cada Cámara legislativa. También se pondrá en funcionamiento el observatorio de Seguridad Vial a fin de tener datos.
Por Cinthia Olivera – colivera@losandes.com.ar – Los Andes