La posible pérdida de competitividad frente a las inversiones impulsa a Salta, Mendoza y Córdoba analicen cambios en IIBB. La Casa Rosada presiona para que lo hagan todas
Parece que la estrategia de poner a Buenos Aires como punta de lanza de los cambios en materia fiscal que pretende llevar adelante el Gobierno después de las elecciones del próximo domingo empieza a rendir sus frutos.
La Casa Rosada no pierde oportunidad de «machacar» a los gobernadores y a sus ministros de Economía sobre lo distorsivo de los impuesto y hasta en algún momento dejó entrever que no enviaría al Congreso la prórroga del Pacto Fiscal y que, mediante su caída, las provincias iban a tener que volver a los pactos de 1993 lo que significaba disponer de un esquema de exención del impuesto a los Ingresos Brutos a la actividad primaria y a la industria y derogar el impuesto a los Sellos.
Sin embargo, esta decisión habría quedado descartada porque entienden que sin esa prórroga las otras discusiones económicas Presupuesto, por ejemplo quedarán truncas en el Senado.
Tal como lo adelantó El Cronista, la intención de la administración de María Eugenia Vidal es proponer una reducción «gradual y general» de Ingresos Brutos. Y esto estaría generando un efecto, al igual que el impuesto, de cascada en otras administraciones provinciales.
«Si ellos lo hacen nosotros vamos a tener que estudiar hacer algo similar para no perder competitividad», explicó a El Cronista el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
El gobernador peronista se refirió a que no sólo su provincia va a tener que revisar el tributo sino que adelantó que «todos vamos a tener que bajar Ingreso Brutos, mucho más si lo hace Buenos Aires». Consultado sobre cómo recuperará lo que recauda vía IIBB, Urtubey señaló que «va a ser un golpe duro, pero si no lo hacemos vamos a perder competitividad».
En ese último dato es el que certifica que la estrategia oficial estaría dando resultado.
Ingresos Brutos (IIBB) es uno de los reclamos más fuertes del sector privado, pero como es un impuesto provincial la Casa Rosada sólo puede hacer sugerencias a los gobernadores, pero son las legislaturas provinciales quienes tienen que resolverlo.
Si Buenos Aires lo baja, se convertirá en una provincia más atractiva para las inversiones porque significa menor presión tributaria frente a otras jurisdicciones.
«Nosotros hemos reducido la tasa de IIBB para préstamos hipotecarios para vivienda al 1,25% y en Impuesto de Sellos tenemos exentos todos los contratos de préstamos vinculados con la adquisición de bienes de capital para la agricultura industria y turismo», explicó Roberto Gattoni, ministro de Hacienda de San Juan.
Mendoza es otro distrito que comenzará un sendero a la baja. La administración del radical Alfredo Cornejo, cercano a la Casa Rosada, anunciará una nueva rebaja que, a diferencia de Buenos Aires, no será generalizada sino que será para algunas actividades.
Otra provincia que está a la expectativa de lo que haga el ministro bonaerense, Hernán Lacunza, es Córdoba. Fuentes de la administración mediterránea aseguraron a este diario que «si Vidal pone primera, algo vamos a hacer. Nos gustaría poder bajar el impuesto».
Por su parte, Corrientes tomó la decisión de no cobrar IIBB a las fábricas que se instalen en la provincia y le reclamó a Buenos Aires «menos llanto» con el tema. «Nosotros tenemos tasa cero para la actividad primaria industrial, servicios profesionales y turismo, y ostentamos superávit fiscal, así que se puede sin llorar», dijo, en forma de chicana, una fuente del gobierno correntino.
La Pampa es otra de las administraciones que le devolvió el pedido del Gobierno de bajar la alícuota con una recriminación. Enfrentado con el presidente Mauricio Macri, el gobernador Carlos Verna respondió a los reclamos de Balcarce 50 afirmando que la provincia «es autónoma» para definir su esquema tributario.
Además, el ministro de Hacienda y Finanzas pampeano, Ernesto Franco, mandó un mensaje similar al de la fuente correntina consultada por este diario al asegurar que ese distrito «tiene los ingresos brutos más bajo del país» y, según publicó el diario La Arena, esto «ha permitido equilibrio financiero, autonomía y una de las menores presiones fiscales» de todo el territorio.
El gran dilema de la baja del tributo es la recaudación. Como lo cobran las provincias, sólo tienen tres formas de recuperar lo que deje de percibir: creando un nuevo tributo, aumentando alguno ya existente lo que los dejaría en la misma posición ya que la presión que baja por un lado sube por otro y obteniendo crecimiento genuino.
La discusión parece estar encauzada. El impuesto es considerado uno de los más distorsivos y problemáticos. Lo saben los gobernadores que no paran de recibir quejas de los empresarios, en especial los que operan en diferentes jurisdicciones que les reclaman por la cantidad de juicios que tienen por liquidar mal el tributo consecuencia de la disparidad existente.
por DAVID CAYÓN – CRONISTA