LO MÁS IMPORTANTE
Los usarán para Defensa Civil. Antes de fin de año, incorporan los primeros equipos.
Planean utilizarlos para tomar imágenes o transportar objetos en casos de emergencias.
Antes de fin de año, la Municipalidad de Córdoba tendrá sus primeros dos drones, que inaugurarán la división aérea de la ciudad. Serán para Defensa Civil, como “soporte, logística y apoyo”, según fundamentó el subsecretario de Emergencia Urbana, Hugo Garrido, uno de los impulsores de la incorporación de los vehículos aéreos no tripulados (Vant) a los recursos municipales.
Lo primero es adherir a la única regulación que tienen los drones a nivel nacional: el reglamento de Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac). La concejala oficialista Belkis Garda (Juntos por Córdoba) presentó un proyecto de ordenanza que ya tomó estado parlamentario y se discutió en la Comisión de Legislación General en el que pide la adhesión, para poder plantear luego una serie de usos recomendados de esta herramienta. Garda sugiere, en los fundamentos de su iniciativa, que la primera utilidad sería prestar apoyo en contingencias ambientales, sociales y sanitarias.
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Una concejala opositora, Eugenia Reales, planteó otro uso posible: equipar a los drones con un desfibrilador, para ser soporte de una ayuda en caso de paro cardíaco. También podrían cargar pequeños botiquines y medicamentos y tener otros usos, como transporte de elementos de salud frente a una emergencia. “Pueden contribuir hasta tanto pueda llegar al lugar la asistencia pertinente y junto con ello podrían realizar actividades de prevención de riesgo, con lo cual podemos anticiparnos a hechos o situaciones de perjuicio de la salud de las personas”, consideró Reales.
Los equipos que tiene en mente Defensa Civil cuestan entre 50 y 80 mil pesos, tienen una autonomía de hasta cinco kilómetros, están equipados con cámaras HD y pueden transmitir hasta 30 minutos desde el aire. Para poder operarlos, la Municipalidad deberá capacitar, como mínimo, tres “pilotos” por turno por dron. Es la Anac la única autorizada para habilitar licencias y capacitar a los operadores de los Vant legales.
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Preguntas y respuestas sobre los drones en el país
“No vamos a reglamentar el uso de drones en la ciudad porque eso es de exclusiva jurisdicción de la Anac. Lo que queremos reglamentar, vía ordenanza, son sus usos”, confió Garrido a La Voz.
El asesor de Garda e instructor de vuelo de drones Ricardo Zalazar cree que lo más importante es adherir al reglamento de Anac y firmar un convenio con esa institución para que la Municipalidad colabore en el control de los aparatos y de sus operadores. “Están volando muchos Vant y es necesario que estén registrados, que el piloto tenga licencia y opere con un seguro acorde con su uso, y Anac no tiene los recursos suficientes para fiscalizar esto en todo el país”, explicó.
Los primeros usos, los que harían la punta, serían los que piensa Garrido para emergencias, pero podrían ser muchos más. “En el último incendio en el Mercado de Abasto, nos podría haber sido de utilidad un dron para ubicar con precisión el origen de las llamas y destinar nuestros recursos allí con mayor velocidad. También puede ser muy útil para buscar a alguna persona extraviada o que haya caído al río, en algunos casos hemos tenido apoyo del helicóptero de la Policía para estas tareas y ha sido fundamental”, explicó el funcionario municipal.
¿Qué seguiría? Con drones se podrían apoyar tareas de seguridad urbana, como hace el municipio de Tigre en Buenos Aires. También servirían para inspeccionar el avance de obras de gran envergadura. O complementar el trabajo de la Policía municipal de Tránsito. Incluso, con drones se podrían verificar metros no declarados en el Catastro y pagarse solos con la recaudación de diferencia.
“Estas aeronaves, por su versatilidad, pueden realizar todo tipo de trabajo aéreo”, fundamentó Zalazar. “Por caso, podrían utilizarse para verificar y controlar antenas, un trabajo que hoy obliga a que un agente tome un riesgo. Incluso, en algunos países, se utilizan drones para cambiar luminarias a gran altura”, sugirió el especialista.
Productoras y pilotos: autorización
Para ofrecer el servicio, hacen falta algunos requisitos.
En la imagen que ilustra la tapa de esta edición se observa un dron de Drone Club Córdoba (www.droneclubcordoba.com), una productora audiovisual de equipos con cámaras de alta definición, que ofrece distintos servicios con piloto autorizado.
La Provincia también los quiere para seguridad
El legislador oficialista Oscar González (Unión por Córdoba) presentó hace un año un proyecto de ley que buscar darle un marco normativo a la utilización de drones en Córdoba y les reserva usos autorizados en las esferas estatal y privada, y dentro del universo de lo público consigna: “Control fiscal, seguridad y vigilancia ciudadana, investigaciones policiales, seguridad vial, cobertura de situaciones de desastre, búsqueda de personas en ámbitos no accesibles, transportes seguros con fines sanitarios o asistenciales, monitoreos ambientales, usos meteorológicos, epidemiológicos, geológicos, relevamientos topográficos, pericias, colaboración para detectar evasores fiscales y otros”.
En la categoría de usos no estatales de interés público, González marca los servicios profesionales en el sector inmobiliario, ambiental, agropecuario y de relevamiento topográfico o geodésico, la vigilancia privada y los servicios de promoción o publicidad, entre muchos otros.
El proyecto también quiere instaurar un registro especial, obliga a que equipos y pilotos estén autorizados por la Anac y se preocupa por el futuro de los trabajos que pasarán a ser desempeñados por drones: “La relación recurso tecnológico-factor humano deberá guardar prudente proporción, en particular en aquellos servicios en los cuales pueda existir una posibilidad de pretender sustituir el trabajo humano por la aplicación tecnológica sin justificación suficiente”, plantea. “Estamos asistiendo a procesos de reactivación sin empleo, por lo que es importante que la productividad no reemplace a los productores”, argumenta quien es presidente provisorio de la Unicameral.
Por Ary Garbovetzky – La Voz del Interior