La Legislatura busca tener una ley aprobada en septiembre, que permitirá una mayor transparencia en las gestiones estatales.
La Legislatura se prepara para tratar la Ley de Acceso a la Información Pública en la Provincia, un proyecto que en diversas oportunidades se ha mencionado y que, sin embargo, nunca terminó de ver la luz. Ahora, desde el oficialismo esperan que esté lista antes de que termine septiembre.
Esta Ley permite un mayor control sobre los actos que se realizan en los tres poderes del Estado: permite a los ciudadanos solicitar información a las entidades públicas y obliga a responder en un plazo no mayor a un mes -al igual que la normativa nacional-.
El Acceso a la Información Pública es un derecho contemplado en la Constitución Nacional que afirma el correcto desarrollo de la democracia, pero al no estar reglamentada, en la práctica tenía una efectividad casi nula.
A rendir cuentas
El presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, el senador Marcelo Rubio (UCR), explicó que la idea es que cualquier persona con acceso a la web pueda saber «a quién contrata el estado, con quién se está trabajando y todos los detalles que hacen a la transparencia».
El proyecto detalla que no sólo los Poderes Ejecutivo, Legislativa y Judicial deberán rendir cuentas, sino también las entidades que reciben subsidios y los prestadores. Además, se creará una Comisión Provincial de Acceso a la Información y Transparencia Activa, que aplicará las sanciones que cosnidere correspondientes a quienes incumplan con la ley.
Esta comisión estará formada por dos directores aprobados por el Senado -uno oficialista y uno del mayor partido opositor-, además de un tercero propuesto por el Gobernador.
«Las solicitudes se van a poder realizar por formato electrónico o papel y se le debe informar a la persona si lo que se le entrega tiene lo pedido o si puede que se deriven de ellos», añadió Rubio. Además, se podrán hacer pedidos en forma anónima y no se puede imputar o sancionar a quienes ejerzan este derecho.
Las entidades deberán responder en los próximos 15 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, con posibilidad de una prórroga de otros 15 días.
El alcance de la ley incluye algunas restricciones, como negar información que pudiera afectar la seguridad, este clasificada como secreta por leyes vigentes, o pueda perjudicar algún procedimiento judicial, por ejemplo.
Al respecto, la senadora justicialista María José Ubaldini señaló que se debe especificar en qué momento se podrá acceder a dicha información restringida. «Todas estas excepciones deberían tener un plazo limitado, en el marco jurídico interamericano se establece que en algún momento razonable el público debe poder acceder a esa información», resaltó.
La senadora indicó que se ha consultado a entidades externas para que hagan sus observaciones «y en líneas generales se ve con buenos ojos». Si bien Ubaldini señala que, ya que existe una ley nacional bastaría con una adhesión, es importante fijar puntos que permitan un mejor desempeño local de la normativa.
«Esto es una herramienta para evitar el oscurantismo en las distintas gestiones, nosotros tenemos muchos pedidos de informes que nunca se responden», denunció la senadora, dejando entrever que no habrán objeciones que impidan que la ley se apruebe.
Alexis Montivero alexis.montivero@elsol.com.ar – El Sol