Mauricio Macri sabe que aún confirmando en octubre el gran resultado político que obtuvo su Gobierno y Cambiemos en las PASO, necesitará que ese triunfo sea lo más sólido posible para librar con la oposición y sobre todo con los gobernadores peronistas lo que será la principal batalla política del segundo tramo de su mandato: el nuevo reparto de fondos entre la Nación y las provincias que deberá negociarse una vez que la Corte Suprema active una nueva bomba fiscal y ordene actualizar el famoso Fondo del Conurbano Bonaerense.
El fallo del máximo tribunal se espera para después de las elecciones. De ese dictamen, y de cómo se implemente, dependen cuestiones altamente sensibles. Por lo pronto la posibilidad de controlar el déficit fiscal por la presión permanente del gasto de las provincias, sobre todo Buenos Aires. Sin acuerdo en el nuevo reparto del Fondo del Conurbano, no hay pacto fiscal posible ni acuerdo con los gobernadores para reducir impuestos. «Toda la reforma impositiva, en realidad, depende de cómo resolvamos este paquete», se sinceran en Casa de Gobierno.
Mucho más que eso. Los acuerdos políticos futuros que necesitará el oficialismo para lograr avanzar en el Congreso con los diputados y senadores que respondan a los gobernadores del PJ obviamente dependen de que las nuevas cuentas no perjudiquen a las provincias para pagarle a Buenos Aires lo que la Corte seguramente ordenará actualizar.
El problema es que los números fiscales del Gobierno Central no permiten ser muy generosos. Si la administración central pretende cumplir las metas fiscales en 2018 y 2019, necesita que la redistribución del Fondo del Conurbano no afecte las arcas del Gobierno Nacional. Exactamente lo contrario que opinan los Gobernadores. Y un problema que tarde o temprano generará roces entre el Palacio de Hacienda y la administración Vidal, si los desacuerdos, como hasta ahora, terminan postergando las decisiones en contra de Buenos Aires.
La clave para entender el conflicto comienza por clarificar una sutil confusión: el Fondo del Conurbano no fue creado sólo para Buenos Aires. Se repartía 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias, asignando 650 millones fijos a Buenos Aires y el excedente sobre ese tope, para el resto de las 22 provincias. Y a la vez se creó un Fondo de Necesidades Básicas (NBI), que sumaba otro 4% de la recaudación de Ganancias para las provincias, pero sin tope.
El delirio de la inflación en 25 años desde 1992 a la fecha, y la decisión política en la era Kirchner de no actualizar el Fondo para que los intendentes se entendieran directamente con Casa de Gobierno y así vaciar políticamente a quien ocupara el trono platense, terminó con un reparto completamente ridículo. Hoy, de casi $ 76.000 millones que reciben los bonaerenses y las provincias como extra a la coparticipación, Buenos Aires ingresa apenas 1% de ese monto. Tal como muestra el cuadro que se publica con esta nota (son los números que el Poder Ejecutivo le arrimó al Poder Judicial para que defina), en 2017 Buenos Aires recibiría apenas 650 millones, contra unos 75.000 millones que van para las 22 provincias restantes.
Obviamente en el Gobierno Central quieren que se actualice el Fondo del Conurbano, pero que la compensación se cubra con todos los fondos que sí se han venido ajustando para el resto de las gobernaciones. Que la diferencia, dicho en castellano, salga de los fondos especiales que reciben los gobernadores.
A la luz de estos números, queda claro que el fallo de la Corte y su implementación harán detonar una bomba política. Cuanto más poder tenga el Presidente para enfrentar este conflicto, más capacidad tendrá de lograr los nuevos pactos fiscales imprescindibles para encauzar el déficit y pensar en una baja real de la presión impositiva, especialmente en el interior con el impacto negativo que genera el gravamen a los ingresos brutos en la cadena de valor.
De allí que el Presidente está obsesionado con superar 40% de los votos a nivel nacional en octubre, y también lograr ese número triunfando en la provincia de Buenos Aires contra Cristina. También Elisa Carrió se inspira en la ex Presidente. Quiere sumar más de 54% en Capital.
Incentivar el consumo y mantener estable al dólar parecen hoy la estrategia cantada. «Habrá un tsunami de pesos en la calle para fortalecer el consumo», se entusiasman en el Ministerio de Producción. Confían en los créditos populares de Anses, el boom de préstamos al sector privado que se observa en los bancos, y los créditos hipotecarios y prendarios para la clase media y media baja de la banca estatal.
Confirman en el Gabinete que habrá un blanqueo laboral tal como se anticipó semanas atrás en este diario, y confiesan que la reforma previsional es un tema de mediano y largo plazo. «No se puede resolver ahora», admiten en privado, casi como reconociendo que podría ser una agenda para el próximo mandato. Híper gradualismo previsional, pensar cambios que comiencen a regir en 5/10 años, con el modelo del Pacto de Toledo, que fue el acuerdo español posterior a Los Pactos de la Moncloa, para resolver la crisis del sistema previsional español.
Seguirá sin cambios, dicen, el sendero de aumentos de tarifas que regresa en noviembre y la reducción de subsidios que alguna alegría fiscal ya le dio al gobierno con los números del gasto primario en julio. El Gobierno celebró que en julio los gastos treparon, respecto del año anterior, menos que los ingresos. No cuentan el peso de los intereses de la deuda, un viejo truco de las cuentas nacionales que resulta como hacerse trampa al solitario.
En verdad, todo lo que el Gobierno se ahorró en subsidios, lo termina pagando en más intereses de la deuda, porque finalmente hay que endeudarse, ya que se reduce el peso de los subsidios a cuenta de aumentos tarifarios, pero los gastos más pesados del Estado no bajan. Más bien siguen subiendo bien por encima de la inflación: jubilaciones, salarios, planes sociales y gastos de funcionamiento del sector público.
Allí el ajuste no aparece. Un ahorro importante que promete el Gobierno vendría por la inversión privada en infraestructura, a través de los Programas de Participación Pública y Privada. El Gobierno podría ahorrar entre 1 y 1,5 puntos de déficit fiscal si el dinero para construir rutas, represas y puentes sale de las arcas del sector privado.
Los problemas de siempre. Claro que ahora con uno menos y no menor. Falta confirmar en octubre el declive del estatismo y el populismo en las preferencias electorales, y la posibilidad de que la era Macri no sea solo un intervalo racional en la compleja organización económica de la Argentina.
GUILLERMO KOHAN – CRONISTA