Deberá ratificar ante la Corte, este jueves como máximo, junto a otras 16 provincias, si negociará o judicializará el reclamo. Todos los distritos coinciden en que insistirán con la vía legal para reclamar la “deuda” del 15% descontado de la coparticipación por el pacto fiscal que el máximo Tribunal declaró inconstitucional.
La Corte Suprema unificó los reclamos y espera una ratificación de las provincias.
El pasado 10 de agosto, el máximo Tribunal de Justicia intimó a las provincias de Buenos Aires; Santiago del Estero; Salta; Tierra del Fuego; Santa Cruz; Jujuy; La Pampa; Formosa; Misiones; Tucumán; San Juan; Chaco; Río Negro; Neuquén; Catamarca; Mendoza y La Rioja para que este jueves le notifiquen si mantendrán la vía judicial o negociarán algún proceso de regularización de la deuda con el Ejecutivo en el marco del acuerdo para impulsar una Ley Federal de Coparticipación.
Santa Cruz inició el reclamo por 5.000 millones de pesos, aproximadamente. Esto fue confirmado, oportunamente, por la propia gobernadora Alicia Kirchner en distintas declaraciones a la prensa.
La presentación realizada en tiempos donde la fiscal de Estado era Angelina Abonna, promueve una acción declarativa contra el Estado Nacional, pidiendo (al igual que lo hizo Santa Fe, San Luis y Córdoba) la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078 que prorrogó la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables con destino a la ANSeS, pactada originalmente en el Pacto Fiscal del 12 de agosto de 1992.
En esa misma presentación Santa Cruz reclamó “el reintegro de las sumas detraídas o retenidas con fundamento en las normas impugnadas, más sus intereses, con arreglo a las pautas distributivas e índices de coparticipación que le corresponden”.
La intimación de la Corte
En el fallo de la Corte, del 10 de agosto, los jueces hacen mención a la Carta de Intención firmada entre las 24 provincias y la Nación del 2 de agosto de 2016 en la que asumieron el compromiso de instar a una nueva ley de coparticipación federal y el acuerdo para la eliminación gradual de la detracción de ese 15%.
Ante esto, la Corte intimó a Santa Cruz a que en el plazo de 10 días de notificada (vencería este jueves) informe al Tribunal “si en virtud de los compromisos asumidos y los fines perseguidos en la carta de intención referida y en el marco del proceso de diálogo iniciado por el Gobierno Nacional con la totalidad de las provincias para dar solución a la cuestión vinculada a la distribución de los recursos fiscales, (…) mantiene el propósito de que, en esta instancia de conversaciones, se le dé trámite a las presentes actuaciones” o no. Al igual que lo hizo Santa Cruz, 16 provincias más también acudieron a la Corte con la misma petición, y a todas ellas les contestó de la misma forma.
La respuesta
Las distintas provincias coincidieron en mantener el reclamo judicial y aducen que las conversaciones con la Nación son “a futuro” y no se discute la deuda para atrás.
“Las provincias vamos a contestar que seguiremos la vía judicial y esto se debe a que nadie puede renunciar a seguir con un juicio sin nada a cambio, y hoy no hay propuestas ni señales de parte de la Nación para un acuerdo”, explicó a El Cronista Roberto Gattoni, ministro de Hacienda de San Juan.
“Primero hay que entender que el acuerdo con Nación es para restituir el 15% desde 2016 en adelante y el reclamo judicial es por el período 2006-2015. Nosotros conversamos con los ministros de las provincias a las que la Corte envió el fallo y hay un acuerdo generalizado en seguir por esta línea, porque no tenemos ninguna oferta de parte del Ejecutivo. Las provincias estamos dispuestas a escuchar, pero Nación es quien tiene que ofrecer algo”, agregó el funcionario sanjuanino.
En ese sentido, José Vanini, fiscal de Estado de La Pampa, explicó que va a responder “que mantendrá el trámite de las actuaciones que persiguen la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley 26.078”.
“La Fiscalía de Estado, siguiendo expresas instrucciones del gobernador manifestará oportunamente a la Corte que mantiene la pretensión planteada, solicitando la prosecución del trámite judicial correspondiente”, explicó. “El objeto de la demanda es que se declare la inconstitucionalidad del artículo 76º de la Ley Nº 26.078, que dispone la prórroga unilateral de la distribución del producido de los tributos prevista, entre otras, en la Ley Nº 24.130 “durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75º inciso 2º de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, y el cese de la detracción de fondos”, agregó.
En la misma línea se expresaron desde varios distritos, desde donde adelantaron su intención de mantener el reclamo por vía judicial, como fue el caso de Tucumán que dijo “seguiremos en la Justicia”. “Es poco probable que alguna de las provincias decida bajarse del reclamo porque abre la puerta a que desde la oposición les hagan juicio político por ceder en el reclamo”, agregaron desde una de las provincias afectadas.
Además, en relación a la variante que propone la Corte, el acuerdo Nación-Provincias firmado el 18 de mayo de 2016 y ratificado por el artículo 24 de la Ley Nacional 27.260 surge del artículo 4º del referido acuerdo, “…la firma del mismo no implica, de ningún modo, para la provincia, el reconocimiento o no de la validez constitucional del artículo 76º de la Ley 26.078, así como tampoco implica la renuncia a los reclamos administrativos y/o judiciales que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hayan efectuado o efectúen respecto de las detracciones comprendidas o no en el mencionado acuerdo…”.
Los fallos que llevan la firma del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y de los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, no alcanzan a provincias que ya tienen diferentes situaciones legales, como Santa Fe que tiene fallo favorable, o Córdoba y San Luis.
– La Opinión Austral