En agosto de 2016, la Provincia dictó una nueva resolución que actualizó los requisitos exigibles para determinar qué agua es considerada potable para consumo humano. Una de las novedades es que pasó a ser obligatorio, desde entonces, que se midan parámetros de presencia de agroquímicos de uso rural frecuente, fijándose el tope tolerable en cada caso. También se exigen monitoreos sobre la presencia de más minerales y otros puntos. Hasta entonces, los controles casi que se limitaban sólo a evitar la contaminación bacteriológica.
La redacción fue fruto de un acuerdo al que llegó una comisión multidisciplinaria de estudio.
El Ersep, ente regulador de los servicios públicos provinciales, es el encargado de hacer cumplir el criterio en toda Córdoba.
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El dilema es cómo se controla que en cada localidad se cumpla y que los vecinos accedan a la información periódica sobre los resultados de esos análisis. Eso sigue siendo un asunto pendiente.
– La Voz del Interior