Esta semana, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó por unanimidad la Ley de Acceso a la Información Pública que establece “la obligación del sector público provincial, municipal y de las comisiones de fomento de dar a conocer la información que obre en su poder o bajo su control” con el propósito de “permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público estableciendo los procedimientos necesarios para requerir, consultar y recibir información”.
Cabe recordar que la sanción de esta normativa provincial se da en contexto de la reglamentación de la Ley Nacional N°27.275 también de Acceso a la Información Pública, y que entrará en vigencia en octubre próximo. Al respecto, hace unos días, el Ministerio de Interior de la Nación solicitó a todas las jurisdicciones provinciales la adhesión a esta normativa para consolidar los procesos de transparencia en todos los niveles de la gestión pública.
El ámbito de aplicación de la ley provincial es amplio. Comprende los órganos de la administración pública central y descentralizada, a los entes públicos no estatales, al Poder Legislativo, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y al Poder Judicial. También se aplica a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado provincial, a las sociedades del Estado o de propiedad del Estado, y a las empresas privadas que tengan permiso, licencia o concesión para la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.
Además de permitir a todo ciudadano solicitar información de su interés, la normativa prevé la obligación de cada uno de los entes de publicar la información – el deber de dar publicidad a los actos de gobierno- previendo una adecuada organización, sistematización, publicación y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso de la misma. Es decir que la información deberá estar disponible para todas las personas a través de información ordenada y clara que sea accesible y comprensible para todas las personas.
Este nuevo cuerpo normativo, tanto a nivel nacional como provincial, representa un desafío para tanto para los organismos públicos, que deberán adaptar sus estructuras burocráticas y con circuitos cerrados de información, como para los ciudadanos ya que la enunciación de este derecho demandará también altas dosis de participación y compromiso con la cosa pública. Sin dudas, que cada persona tendrá intereses particulares que guiarán las solicitudes de información lo que significará también asumir un compromiso con los aspectos que se indagan.
En los sistemas republicanos y democráticos, el derecho de acceder a la información permite la participación ciudadana horizontal en el control de las políticas públicas y acciones de los gobiernos, con el propósito de garantizar la transparencia de los actos de gobierno y la mejora de la calidad de nuestras instituciones. Es deseable, entonces, que esta nueva ley fomente la construcción de un diálogo, en el marco de la buena fe y el interés común, entre el pueblo y sus gobernantes para garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, logrando mejorar la gestión pública. Es importante remarcar que esta herramienta debe ser utilizada con responsabilidad y criterio de razonabilidad, buscando el bien común, siempre.
– Tiempo Sur