Las PASO en tanto elecciones internas simultáneas y obligatorias no están cumpliendo el papel para el que fueron creadas. En vez de seleccionar los candidatos de cada partido, apenas sirven como una encuesta previa al comicio posterior, ya que la mayoría de los políticos prefiere crearse un partido propio antes que dirimir sus diferencias en las estructuras de donde provienen. Una mala praxis democrática.
Con el cierre de listas de ayer, la Argentina se encamina hacia la primera etapa del año electoral: las primarias abiertas (PASO) convocadas para el 13 de agosto. Ese día en cada provincia y en la ciudad autónoma de Buenos Aires la ciudadanía elegirá a los candidatos que competirán en las elecciones generales legislativas del 22 de octubre.
Se trata de la cuarta convocatoria a las PASO en el país luego de la sanción de la ley que determinó su creación, en 2009.
El argumento de creación de las PASO, promovidas por el kirchnerismo con amplio respaldo político de las demás fuerzas de esa época, fue la creación de una variante en el sistema electoral con la que se pretendió lograr participación ciudadana directa en la selección de los candidatos a cargos electivos.
Lo que se buscó, básicamente, es que las diferencias internas en los partidos en cuanto a las candidaturas se resuelvan en elección popular, de modo que sea la gente la que exprese con el voto quiénes están más preparados para seguir en carrera hacia los comicios definitorios y quiénes no. Se intentaba poner fin a la influencia de los “aparatos” partidarios siempre propensos a negociaciones a espaldas de los afiliados y de la ciudadanía en general.
Sin embargo, en esta nueva convocatoria las primarias abiertas tienden a ser una vez más una especie de gran encuesta previa a las elecciones de octubre, puesto que la mayor parte de las agrupaciones partidarias del país no definirán candidaturas y ofrecerán al electorado listas únicas. Y en muchos casos (como pasó en Buenos Aires y en Mendoza) la competencia será inevitable no por voluntad de los políticos sino porque éstos, curiosamente, se pelearon sin éxito por lograr la unidad que evitara la contienda en las PASO.
Esta reflexión es pertinente si se tiene en cuenta el costo que para el país significa llevar a cabo el proceso electoral que se aproxima. Una reciente publicación periodística dio cuenta que el Estado nacional destinará 2.800 millones de pesos para todo el despliegue electoral del 13 de agosto, jornada en la que en la mayoría de los casos el único atractivo será, para las agrupaciones más modestas, obtener los porcentajes mínimos exigidos para poder competir en las definitorias de octubre.
Es por ello que en dicho contexto las próximas primarias abiertas están llamadas a quedar reducidas, a un sondeo que sólo les servirá a los candidatos a reajustar estrategias para las generales a realizarse dos meses después.
Y es muy grave que esto ocurra, porque conscientemente la dirigencia política, sin excepciones, contribuye a desvirtuar lo que determina la Constitución Nacional sobre los partidos políticos, a los que define como “instituciones fundamentales del sistema democrático” y les garantiza “su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos”, entre otros aspectos. Muy pocos de esos preceptos son respetados por los partidos.
En virtud de que un régimen electoral es siempre perfectible, luego de la próxima convocatoria a las urnas la dirigencia política debería convocarse para efectuar una evaluación de los efectos de las PASO, de modo de poder determinar si las intenciones que dieron sustento a su creación vienen cumpliendo realmente su cometido.
– Los Andes