El Gobierno Nacional y la administración de Alicia Kirchner avanzaron en un acuerdo para solucionar la crisis de la provincia, que está paralizada desde hace más de dos meses por los salarios atrasados, el paro de actividades y donde el ciclo lectivo no tuvo ni un solo mes de normalidad.
La semana pasada, una luz se abrió en una negociación que se mostraba estancada y cuyos detalles se mantienen ocultos a la luz pública, sin que se sepan las razones de porqué. Poco se sabe de los ejes del acuerdo. Desde el Gobierno Nacional sólo se limitaron a decir que, luego de dos horas de reunión entre Alicia Kirchner y Rogelio Frigerio, se habían definido a grandes rasgos los elementos para alcanzar un acuerdo, que consisten en la implementación de un fondo fiduciario por parte de la Nación, un apoyo monetario del Ministerio de Educación y la habilitación de una línea de créditos para Santa Cruz tomados en el exterior.
“El acuerdo está prácticamente cerrado”, dijo un funcionario del Ministerio del Interior, al tiempo que Alicia Kirchner calificó “como muy positiva” la reunión. Luego del cónclave, la gobernadora de Santa Cruz expresó que “hubo avances en las negociaciones”, que consisten en la creación de un fondo específico que la provincia deberá pagar a la Nación hasta 2020. No se especificó de cuánto será el fondo fiduciario ni las cuotas a pagar por la provincia para solventar el pago de haberes a los estatales.
Sólo se supo, luego, a partir de las reuniones técnicas que siguieron entre funcionarios provinciales y nacionales, que los desembolsos por parte de Nación serán bimestrales, con metas a verificar, y el monto de la operatoria saldrá del proyectado de la necesidad de funcionamiento por parte del Estado Provincial hasta 2018.
El endeudamiento, cuyo monto y modalidad (si será en externo o interno) surgirá de un encuentro que Kirchner mantendrá con el ministro de Finanzas Luis Caputo, y se supone que se utilizará para crear herramientas de desarrollo y apoyo emprendedor para coadyuvar al cambio de la matriz productiva, que igualmente dependerá de que las obras de infraestructura proyectadas realmente se cumplan, como las energéticas y las de agua.
El Gobierno Provincial asegura que apunta al equilibro fiscal apostando a una suba de ingresos y no a un achicamiento del gasto. Para ello debe reactivar una economía que está totalmente alicaída, no sólo porque la paralización del Estado impacta negativamente en todo el sector privado comercial, sino también porque tanto en la minería como en el petróleo ni las inversiones ni los resultados son como los que en algún momento se esperaban. Principalmente en el sector hidrocarburífero, hoy inmerso en una disputa por condiciones laborales que ha llevado la discusión a una falsa dicotomía de inversiones vs. puestos de trabajo.
Por lo pronto, la forma de solucionar la crisis actual de Santa Cruz será garantizar y normalizar, merced al fondo fiduciario, el pago de haberes atrasados, la parálisis en el sector docente y en la Justicia. Lo demás demandará mucho más tiempo, atravesando la línea del primer semestre.
En las declaraciones posteriores a los encuentros, tanto la gobernadora como su vice Pablo González afirmaron que ni el nivel de empleados públicos será tocado ni tampoco el sistema previsional santacruceño. Lo primero tiene lógica. Sin una reactivación en el sector privado, expulsar gente del sector público es condenarlos a la nada. Pero la segunda es una decisión que, si bien es entendible que sea resistida por los altos costos políticos que conlleva, es necesario que, en algún momento y en aras de ese “acuerdo social santacruceño” que a principios de año lanzó el propio Gobierno Provincial, este tema debería ser un punto debatido, analizado y resuelto como política de Estado. El principal factor de déficit proviene de la desigualdad estructural que hoy el sistema muestra y justamente por la sustentabilidad de los principales beneficios que este tiene, como el 82% móvil, es que algunos puntos del esquema deben necesariamente ser revisados en una discusión responsable y que involucre a todas las partes afectadas.
Esto es, igualmente, un debate a futuro, lo esencial será ver qué cambios de políticas se pueden dar que tiendan a que el escenario de ahogo financiero que hoy se vive no se vuelva a repetir. Para eso no basta la decisión de un gobierno, que es fundamental, también debe haber consenso y acompañamiento del resto de los actores de la sociedad. Sin que ese real “acuerdo social” no se concrete, el camino hacia la superación total de la crisis será mucho más difícil todavía.
Por ahora no se vislumbra voluntad en ese sentido. La desconfianza entre Gobierno y oposición es algo difícil de superar. Lo mismo ocurre con la relación planteada hacia los principales gremios estatales. Y la realidad es que todos son necesarios para pensar en el futuro de Santa Cruz, un futuro que forme parte de una decisión popular y que, no importa quién gobierne, no pueda cambiar la directriz del mismo y el camino a transitar para lograrlo.
– La Opinión Austral