El intendente de Córdoba defendió la legalidad de la publicación de los salarios y pidió prudencia al Suoem. Ratificó la decisión de informar también los sueldos de bolsillo.
Ramón Mestre sigue convencido de que la publicación de los salarios municipales, con nombre y apellido, fue una decisión correcta. “Este es un gobierno abierto, como no hubo hasta ahora”, dijo. En diálogo con este diario, el intendente de la ciudad de Córdoba se mostró preocupado por la situación del enterramiento sanitario de Piedra Blanca y la imposibilidad de utilizar el complejo de Cormecor.
–Rubén Daniele dice que usted publicó la nómina salarial porque le reditúa políticamente enfrentar al gremio. Algunos radicales no entienden ese paso, que le abre un frente con el Suoem. ¿Por qué lo hizo?
–Nosotros venimos llevando adelante una política de transparencia y de gobierno abierto como no ha existido hasta ahora en el municipio. Esto es una secuencia, no algo que se nos ocurrió ahora porque sí. En el plan de apertura en el que estamos ahora, ya publicamos 841 datos y 115 series de datos, como las declaraciones juradas de funcionarios, la escala salarial, sueldos de funcionarios, licitaciones, etcétera. Esto arrancó en 2002 con la ordenanza de acceso a la información, que luego se cambió en 2010, pero nunca se implementó. Recién en 2012, en mi primer gobierno, la reglamentamos y pusimos en marcha. Lo hicimos en 2013, con el Portal de Transparencia, y en 2016 fue el quiebre, al crear una Secretaría de Modernización, que nos pone en sintonía con el Gobierno nacional, que lleva adelante políticas claras de apertura de datos. Durante el kirchnerismo reinaba el oscurantismo. Con Mauricio Macri, eso cambió y hay nuevos aires en materia de transparencia. En el municipio estamos a la vanguardia. Desde que publicamos la nómina, recibo llamadas de todos los intendentes preguntando cómo lo hicimos. Eso es consecuencia de nuestro portal de Gobierno Abierto, donde todo se sube con código abierto, que se puede compartir. Donde no pudimos avanzar como quisimos es con el liquidador de haberes. Lamentablemente, no hubo disposición de otras jurisdicciones a compartir sus conocimientos en ese tema. Hoy, por suerte, ya tenemos nuestro propio liquidador, que está procesando información, y en siete meses recién va a estar consolidado, con toda la información salarial.
–¿Cada cuánto van a actualizar los datos salariales?
–A medida que vamos teniendo, vamos cargando. Pasa que lleva todo un proceso de chequeo anterior a la carga. No puede haber errores en esto.
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Espera que no le corten los fondos
–Lo han denunciado penalmente. ¿Está seguro de que tiene respaldo legal?
–Esa denuncia por promover políticas públicas de transparencia parece una ironía. Los planteos legales del Suoem se basan en sólo una parte de la ley de habeas data , donde hay exigencia de consentimiento para publicar. Pero hay otra parte del mismo artículo, que el gremio omite, que dice claramente que el consentimiento (del empleado) no será necesario cuando los datos “se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado”. Ese es claramente nuestro caso, porque la Carta Orgánica manda a publicar los actos de gobierno y también les da a los ciudadanos derecho a informarse y ser informados. Otro punto es que tampoco se requiere consentimiento cuando haya “una obligación legal”, que en nuestro caso es evidente, porque la ordenanza 11.877, de 2010, nos manda publicar los datos que publicamos.
–Al margen de lo legal, el tema derivó en un conflicto con el Suoem. ¿Se viene otra pulseada larga?
–Yo espero que haya prudencia y responsabilidad en el gremio. Si así no fuere, este Ejecutivo ya tomó la decisión de descontar las horas no trabajadas. Calculamos que para el lunes o martes próximos ya no van a ser menos de 20 mil o 25 mil horas. Serán entre 5 millones y 10 millones de pesos de descuentos, solamente por esta semana (por la que terminó ayer).
–¿No hay posibilidad de marcha atrás?
–No. Estoy cumpliendo una ordenanza. La única forma sería que la Justicia decida que tengo que bajar la información, o en su defecto, que el Suoem convenza a los concejales para que deroguen ese artículo de la ordenanza, y que se elimine la obligación de publicar.
–¿Qué va a pasar con el enterramiento de Piedra Blanca y qué destino les van a dar a los residuos ante el freno al complejo ambiental de Cormecor?
–Desde que asumimos, dimos todos los pasos legales y técnicos para determinar la ubicación del predio de tratamiento, y la Provincia expropió, pero en paralelo se dio la discusión por la radicación de Monsanto en Malvinas Argentinas, y se terminó elevando la vara en exigencias ambientales. Hay gravosas responsabilidades penales para quien haga cosas por fuera de esa nueva ley provincial de ambiente. Por eso tuvimos que gestionar y obtuvimos la licencia ambiental para el predio de Cormecor. Ahí vinieron las impugnaciones judiciales que hoy nos impiden avanzar. La Justicia tiene tiempos muy diferentes a los de la gestión. Cormecor va a manejar los residuos sólidos del 65 por ciento de la población de la provincia, así que hay que tener mucha responsabilidad al opinar de este tema. Necesitamos una salida rápida.
–¿Cuál es esa salida?
–Hoy todos los residuos van al vertedero de Piedra Blanca, que fue constituido para un año y se extendió un poco más. A los recursos que teníamos presupuestados para encarar las obras de la planta de Cormecor los vamos a tener que destinar a extender la vida útil de Piedra Blanca, hasta que la Justicia falle. Esa obra cuesta 100 millones de pesos, para generar espacios en el mismo terreno. Hay que mover tres millones de metros cúbicos. Eso nos daría margen para seguir ahí 12 meses más. Algunos quieren que se expropien predios contiguos para ampliar Piedra Blanca, pero para eso habría que volver a pasar por todos los pasos que atravesó Cormecor durante cinco años. Es imposible. También es paradójico que quienes piden livianamente extender Piedra Blanca no consideran que los vecinos de Santa Ana están a cuatro kilómetros del predio de Cormecor, mientras que Piedra Blanca está a sólo un kilómetro de barrio Nuestro Hogar III.
–Si la Justicia los habilita a empezar y hay un nuevo bloqueo, ¿qué hacen?
–Tenemos autorización judicial para ocupar el predio y empezar la obra. Hemos hecho todos los trámites legales.
–¿Van a permitir que Gran Córdoba vuelva a llevar residuos a Piedra Blanca?
–El lunes vamos a hacer una evaluación con la Provincia, y ahí veremos. Tenemos la mejor buena voluntad, pero queremos ver qué colaboración tenemos también de las otras jurisdicciones, porque esto no es sólo un problema nuestro. Durante siete años recibimos los residuos de Gran Córdoba, que eran un 10 por ciento de lo que entraba a Piedra Blanca. Ahora estamos en una encrucijada y hay que ver una salida entre todos.
Entre obras pendientes y los gastos salariales
Las cloacas de Villa el Libertador. “Presentamos un proyecto en Hábitat y en el Enhosa para que nos financie la obra de cloacas el Banco Mundial. Incluye mejorar el centro del barrio y nexos cloacales domiciliarios. El problema es que faltan las troncales. Algunas están en marcha, pero no llegan a Villa El Libertador. A octubre pasado, hacían falta 127 millones de pesos para llevar el nexo desde Cruz Roja y Valparaíso, y después otros 430 millones para la red domiciliaria. Estamos trabajando en un proyecto integral, y esperamos tener novedades pronto”.
La tajada del gasto salarial. “Hoy la nómina salarial se lleva aproximadamente el 57,5 por ciento de lo que es el presupuesto municipal. Está claro que también hay otras prestaciones de servicios que se solventan de ahí mismo. Trabajamos para que esa variable del gasto no sea cada vez más gruesa. La achicamos, pero no a los valores que debería tener. Lo ideal sería llegar al 50 por ciento. La cantidad de empleados es una hipoteca para el municipio. Mi padre administraba la ciudad con siete mil, y hoy tenemos casi 13 mil”.
Por Rubén Curto y Virginia Guevara – La Voz del Interior