La crisis de Santa Cruz es espejo de lo peor del modelo K y confirma que la sociedad no reacciona durante su gestación, sino cuando estalla
Alicia Kirchner no querría recordar en estos días dos frases que pronunció su hermano Néstor antes y después de haber asumido la presidencia de la Nación en 2003. Una, que si una provincia quiebra, su gobernador debería ir preso. Otra, que si faltan recursos para pagar los sueldos de empleados públicos en cualquier jurisdicción (municipal, provincial o nacional), la consecuencia es la pérdida de poder.
La gobernadora de Santa Cruz encuadra en ambos supuestos: hace más de un año admitió haber recibido «una provincia quebrada» y ahora se quedó sin caja para pagar salarios. En el primer caso, no denunció ante la Justicia a su antecesor Daniel Peralta, otra figura del riñón K que gobernó la provincia durante ocho años (2007/2015). En el segundo, depende ahora del auxilio financiero de la Casa Rosada -condicionado a una reforma fiscal y política- para evitar el colapso de la cadena provincial de pagos.
La actual crisis santacruceña es un espejo de lo peor del modelo populista K. Pero estalló porque la hipoteca más difícil de levantar (un déficit fiscal insostenible) quedó ahora a cargo del propio kirchnerismo, en contraste con lo que ocurrió a nivel nacional, donde los costos fueron endosados íntegramente al gobierno de Mauricio Macri.
Foto: LA NACION
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Quizá lo más insólito es que Cristina Kirchner admitió que la estructura estatal santacruceña está «superpoblada», como si recién acabara de enterarse. Esta definición le quita sustento a la estrategia de victimización de Alicia, al igual que los zócalos truchos a las denuncias de CFK por la supuesta «cadena de la mentira».
En realidad, la provincia emblemática del kirchnerismo fue una réplica en escala del modelo que entre 2005 y 2015 catapultó el gasto público nacional del 23 al 42% del producto bruto interno (PBI) y culminó con un déficit primario (sin intereses) de 5% pese a la presión tributaria récord (37%). La diferencia es que tuvo «coronita». En los últimos años el desbalance fiscal fue cubierto por fondos nacionales, aportados por la «maquinita» del Banco Central. Además, el déficit institucional hizo que desde 2007 se esfumaran -sin rendición de cuentas- los casi US$ 600 millones que había percibido la gobernación de Néstor Kirchner por regalías petroleras y depositados en el exterior antes del estallido de la convertibilidad. En otras palabras, buena parte de los gastos en salarios, jubilaciones y obras públicas en la provincia -adjudicadas en 90% a las empresas de Lázaro Báez, con pagos anticipados, sin certificar- fueron una suerte de «pagadiós» a expensas del Tesoro nacional y el BCRA.
No sólo eso. Aunque la provincia cuenta con importantes recursos naturales, la matriz de corrupción del «capitalismo de amigos» operó a pleno. En turismo, los principales hoteles de El Calafate pertenecen a la familia Kirchner y fueron alquilados a Báez. En petróleo y gas, casi todas las áreas de exploración fueron adjudicadas a Báez y a Cristóbal López, con el simple expediente de incluir en los pliegos la obligación de domicilio legal en la provincia, sin que se conozca resultado alguno. La central térmica instalada con fondos nacionales en Río Turbio no puede funcionar por escasez de carbón y depende ahora de la construcción de un gasoducto. Y las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, adjudicadas a Electroingeniería, están paralizadas por la falta de un estudio de impacto ambiental, además de la renegociación de contratos con China. En minería, otro dislate del gobierno provincial fue aplicar un impuesto inmobiliario sobre las áreas de concesión que, en rigor, son tierras fiscales.
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Santa Cruz duplicó su población en 24 años (de 160.000 habitantes en 1991 a 320.000 en 2015), pero sólo en los últimos diez ocurrió lo mismo con el plantel de personal estatal. Según el Instituto de Análisis de la Realidad Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz, el número de empleados públicos provinciales se elevó de 18.836 en 2005 a 35.256 en 2015. El mayor aumento -11,2%- se produjo en los dos años previos a las últimas elecciones. Así, la relación de empleados públicos por cada 1000 habitantes pasó de 83 a 110 en la última década.
Estos datos revelan además que el gasto en personal, que en 2005 equivalía al 26% de los ingresos totales (incluyendo regalías), se incrementó al 66% diez años más tarde. Y que el déficit (sin intereses) llegó en 2015 a casi 22% del gasto primario. Aun así, la provincia recibirá este año en concepto de coparticipación y transferencias nacionales $ 57.571 por habitante, cifra que la ubica en el 4º puesto del ranking.
Por cierto que Santa Cruz no es la única provincia con gastos que no pueden atenderse con fondos propios ni coparticipados. El problema es más amplio y se replica a nivel nacional, donde tampoco la irresponsabilidad fiscal no tiene condena social salvo cuando estallan las crisis.
Hace más de veinte años el menemismo sancionó una ley de responsabilidad fiscal declarativa, que no establecía sanciones por incumplimiento, y el kirchnerismo se ocupó de suspenderla hace una década. Por lo tanto, hubo vía libre para disponer desde obras injustificables (como la famosa pista de Anillaco) hasta subsidios indiscriminados, e incorporar masivamente empleados públicos en todas las jurisdicciones, a manera de seguro de desempleo, con estabilidad laboral y mayores beneficios que en la actividad privada. O mediante contratos temporarios que, de hecho, pasan a ser permanentes.
Durante el primer año de gobierno de Macri, el empleo público no dejó de crecer y a nivel nacional agregó otra «capa geológica» de personal a las ya existentes. Esta práctica supone una inequidad ya que mayormente las designaciones o contrataciones no dependen de concursos de idoneidad, sino de simples actos administrativos. Pero la situación socioeconómica, con la tasa de pobreza heredada superior al 30%, limita la posibilidad de racionalizaciones a corto plazo, aunque no que se vaya diseñando una reforma estructural a más largo plazo.
Los ministerios del Interior y de Hacienda ya comenzaron a negociar con los gobernadores una nueva ley de responsabilidad fiscal, para supeditar las autorizaciones de endeudamiento a una mayor disciplina fiscal y llegar a fin de 2019 con gastos e ingresos equilibrados en todas las jurisdicciones.
Con suerte podrá ser tratada sólo después de las elecciones de octubre, al igual que la reforma tributaria que debería acompañarla. Pero tampoco el Congreso se destaca por su austeridad con los gastos que pagan los contribuyentes. Según datos de Cadal, el presupuesto del Poder Legislativo para 2017 incluye un total de 15.931 empleados (entre permanentes y contratados), de los cuales 5779 corresponden al Senado y 5994 a Diputados, con un aumento de 4,4% respecto de 2016. En este último año, tras la gestión de Amado Boudou, el número de agentes en la Cámara alta (6020) llegó a superar por primera vez al de la Cámara baja. Otra particularidad es que entre 2010 y 2016 dejó de incluirse el detalle de personal permanente y contratado, que este año volvió a aparecer sólo en Diputados (3454 y 2325, respectivamente). Quizá porque en el mismo período el plantel total del Congreso creció nada menos que 50%.
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Néstor O. Scibona – LA NACION