El gobierno provincial sostiene que el programa previsto será el más importante de los últimos 30 años. Arreglo de rutas: un plan tan promisorio que genera dudas
Las autoridades provinciales anunciaron días atrás un ambicioso plan de obras para las rutas provinciales. La inversión prometida asciende a 8.200 millones de pesos hasta el final del actual período gubernativo.
PRIMER PLANO. Arreglo de rutas: un plan tan promisorio que genera dudas
El Gobierno provincial sostiene que el programa previsto será el más importante de los últimos 30 años. Las obras que prevé ejecutar la Dirección Provincial de Vialidad son demandadas desde hace años por comunidades que vieron pasar gestiones oficiales sin que se hicieran realidad sus aspiraciones.
En muchos casos, los caminos esperados son todo un signo de contradicción: servirían para extraer las cosechas del sector primario de la economía, que es tal vez el que más aporta en las recaudaciones del fisco.
Por eso, las promesas de los funcionarios públicos son escrutadas con celo por los productores y las entidades intermedias que los representan.
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Las excusas por la demora en afrontar las obras aluden ahora al “cepo institucional” con el que la anterior gestión nacional sometió a la Provincia sin otra razón que la arbitrariedad política.
Esa discriminación es un dato irrefutable del pasado inmediato.
No menos cierta es otra observación que se hace desde la oposición política provincial: para paliar los efectos de esa arbitrariedad, se impuso años atrás el cobro de una tasa sobre los combustibles, cuyo destino manifiesto era mantener la red vial.
Abordamos esta cuestión en nuestro informe de hoy en Primer plano, con las opiniones de actores políticos y sociales involucrados en el debate.
Un aspecto adicional debería también tenerse en cuenta.
Durante los años de mayor crecimiento de la economía argentina, Córdoba aportó cuantiosos recursos al Estado federal. Desde Vialidad Nacional, regresó poco y nada.
Fue un organismo devastado por la corrupción, sobre el que aún pesan graves denuncias.
Por Edgardo Moreno – La Voz del Interior