Las grandes urbes afrontan varios desafíos vinculados a la contaminación y la generación de residuos. La Ciudad de Buenos Aires implementa planes para reducir sus efectos, que involucran tanto a los ciudadanos como al propio Estado.
Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive y trabaja en zonas urbanas. Son estos habitantes los responsables de los mayores grados de contaminación global. Día tras día inyectan en la atmósfera inmensas cantidades de gases de efecto invernadero, arrojan residuos a las aguas, y descartan millones de toneladas de basura al ambiente. Sus consecuencias son evidentes y nos obligan a hacer algo para no convertir a nuestro planeta -el único que tenemos al menos por ahora- en un lugar inhabitable, y es por eso es imperativo que las ciudades se encaminen hacia los modelos sustentables.
Tomemos algunos ejemplos. Copenhague, capital de Dinamarca, tiene uno de los niveles más bajos de emisión de CO2 debido a que la movilidad está pensada en función del uso de bicicletas. En EE.UU., San Francisco son líderes en alimentación orgánica y natural, y pioneros en eliminar el plástico como envoltorio. Toronto (Canadá) se encamina a liderar los rankings de sustentabilidad gracias a una política integral que incluye la implementación de energías renovables, programa generalizado de reciclaje, zona de cultivo, transporte y disminución de agentes contaminantes.
En la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires tomó algunas de estas experiencias y las aplicó no sólo orientadas a la población sino también puertas adentro de la propia administración pública. «Estamos muy contentos de compartir las políticas ambientales que estamos desarrollando en nuestra Ciudad y seguir avanzando en la mejora del medio ambiente en la región», explica a Ámbito Biz el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli.
En 2015, el Gobierno porteño inauguró en el barrio de Parque Patricios el edificio de su nueva sede, una estructura de 38.000 metros cuadrados, construida con técnicas y estándares de cuidado ambiental que aplican a la certificación internacional LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). Para lograr esa calificación debió cumplir con requisitos tales como ahorro de energía en iluminación y climatización, los materiales utilizados, entre otros puntos.
Además, la administración estatal, a partir de la Agencia de Protección Ambiental (APrA) desarrolló la Certificación de sustentabilidad para oficinas (CREAS), con el objetivo de promover la gestión sustentable en las oficinas, reparticiones y edificios públicos o privados. Propone cuestiones como compras públicas sustentables y consumo responsable, tratamiento de residuos, energía y construcción sustentable, y cuidado del agua, entre otras. El impacto es múltiple ya que no sólo beneficia al ambiente, sino también a quienes trabajan en esos espacios más saludables. Esta herramienta se aplica en dos etapas: primero de diagnóstico técnico del estado ambiental relacionado con cada uno de los ejes de trabajo. Luego, la elaboración de un plan de mejoras que incorpore las sugerencias, potenciales intervenciones y alternativas que mejoren la performance ambiental.
Por otro lado, desde 2008 rige la Ley 2.807 para la gestión de los aparatos electrónicos en desuso del Gobierno porteño. Implica la reutilización social de los equipos tras ser dados de baja en la administración pública y la concientización acerca del uso racional de los recursos tecnológicos, como forma de contribuir a la protección del medio ambiente. La normativa alcanza no sólo al Poder Ejecutivo y los organismos que dependen de él, sino también a «toda persona pública o privada que por un convenio firmado opte por obligarse a su cumplimiento». El programa comenzó a implementarse en junio de 2013, y tres años después se habían recibido más de 52.000 aparatos en desuso, que equivalen a 273 toneladas. El 80% fue destinado a la separación y posterior envío a reciclado de sus partes y materiales, mientras que el 20% restante a disposición final. El 29% del material enviado a reciclado corresponde a chatarra, el 24% a plásticos y el 20% a cobre recuperado.
En materia de circulación, la Ciudad sigue con su idea de apostar al transporte público, las bicisendas, y la extensión de la peatonalización de varias calles del centro porteño. Mientras que por el lado del ahorro de energía en las calles ya reemplazó el 71% de las luminarias del alumbrado público por luces LED. Para 2019 esperan alcanzar el 100%, lo que reducirá a la mitad el consumo y en un 30% la emisión de CO2.
Otra de las medidas que tuvo mayor impacto en la ciudadanía fue la prohibición del uso de bolsas plásticas en los comercios. Se trata de una tendencia que crece en el mundo. Según datos aportados por la Ciudad durante este enero los vecinos usaron unos 32.000.000 de bolsas menos que en enero de 2016. Para graficarlo: si pusiéramos una al lado de la otra haríamos una línea recta de 17.600 kilómetros, un poco más de la distancia que hay entre Buenos Aires y el Tibet.
Asimismo, uno de los mayores problemas que deben enfrentar las grandes ciudades es la gran cantidad de basura que generan. En la Capital Federal, a sus 3 millones de habitantes se les suma otro número idéntico de personas que ingresan a diario. En total descartan 6.000 toneladas de basura todos los días. Para hacer frente a esto, desde el Gobierno porteño se implementó un plan de concientización del separado de residuos en origen, se instalaron Puntos Verdes y Campanas para depositar reciclables, además de trabajar con cooperativas de recicladores urbanos que venden los materiales recuperados
POR MATÍAS ORTEGA – Ámbito