La provincia de La Pampa evitará quedar subordinada a las nuevas reglas que se vienen en materia de responsabilidad fiscal, planteadas por Macri para achicar el gasto.
Como si la historia se repitiera, la discusión entre Nación y Provincias circunscripta a la implementación de nuevas disposiciones sobre disciplina fiscal, que serán de cumplimiento mutuo para ambas jurisdicciones, tiene en La Pampa los mismos actores que en 2004, año en el que la gestión del entonces presidente Néstor Kirchner avanzó con la misma temática que concluyó con la sanción de lo que hoy se conoce como la Ley 25917 de Responsabilidad Fiscal.
En aquella oportunidad, tal como ahora, Carlos Verna se desempeñaba como gobernador y Ernesto Franco como ministro de Hacienda de la provincia, y fue entre ambos que desplegaron la estrategia que desembocó en el rechazo de la iniciativa en cuestión que se tradujo en la no adhesión de La Pampa a los términos de la misma.
La ley proponía una serie de cláusulas orientadas a limitar el gasto, algo innecesario para una provincia como La Pampa que ha hecho un culto de la disciplina fiscal a lo largo del tiempo. Sin embargo, como la norma proponía criterios uniformes bajo los cuales se produce la información presupuestaria, junto a la obligación de darla a publicidad, de haberse aprobado, se hubiese dado un paso importante en materia de transparencia.
Pero curiosamente ese rechazo no se cristalizó del todo a nivel parlamentario. Es que a diferencia de éste, en aquellos días los espacios políticos internos del Partido Justicialista, Convergencia y la Plural, se sacaban chispas. Tal es así que en la Cámara Alta el por entonces senador nacional y ex gobernador Rubén Hugo Marín se ausentó de la sesión y su par Silvia Ester Gallego, también de Convergencia, terminó votando a favor de lo que hoy se conoce como Ley de Responsabilidad Fiscal.
Negociaciones.
La arremetida que el gobierno de Mauricio Macri plantea por estos días sobre el mismo tema tiene que ver con la obsesión del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de achicar el déficit consolidado de la Nación y las Provincias, ya que de ello depende la suerte del programa económico del macrismo.
Achicar el déficit significa en definitiva bajar el nivel de endeudamiento necesario para cubrirlo, algo que de lograrse descomprimiría los vencimientos venideros en materia de deuda pública, y aflojaría tensiones en lo relacionado al atraso cambiario, ya que se sabe que la “siesta” que duerme el dólar tiene mucho que ver con el incesante ingreso de divisas que se originan con motivo de las colocaciones de deuda de la Nación y las Provincias.
No obstante el riesgo de hacerlo es que la política fiscal, fundamentalmente el gasto público, se queda sin margen de maniobra para cargarse la economía al hombro en momentos de contracción de la actividad económica, justo cuando hay que gastar para sostener el comportamiento de las principales variables. En este contexto es que el ministro Dujovne congregó en Mendoza a los ministros de Economía de cada provincia, que adhirieron a la ley de responsabilidad fiscal con la finalidad de sentar las bases para la sanción de una nueva ley.
En concreto, se suscribió allí un compromiso que da una serie de pistas acerca de lo que supondrá la nueva ley, donde se destacan: que el gasto corriente no crezca más que la inflación, algo que impactará en las paritarias estatales, la reducción de un 10 por ciento del déficit de este año en comparación al 2016, y la incorporación de una cláusula denominada “regla de fin de mandato” por la que se les prohíbe a los gobernadores asumir nuevos gastos permanentes en los últimos seis meses de la gestión.
Se descuenta que La Pampa, al igual que en aquella oportunidad, no adhiera a la nueva iniciativa aduciendo las mismas razones que en aquel momento, que tienen que ver básicamente con que la provincia ha desarrollado a través del tiempo una cultura propia en materia de disciplina fiscal no existiendo la necesidad de tener que fomentarla a través de una norma.
JUAN PABLO VIETA – La Arena, La Pampa