El Colegio de Arquitectos reclama aplicar una nueva normativa para acelerar la vía administrativa de las obras. Aseguran que, actualmente, el trámite puede demorar hasta dos años.
Con la nueva normativa el municipio deberá disponer de más inspectores.
El nuevo Código de Edificación nunca fue aplicado por el municipio. El Colegio de Arquitectos se cansó de esperar que lo pongan en vigencia y decidió recurrir a la Justicia.
La entidad profesional presentó esta semana un recurso de amparo con el propósito de frenar al uso del viejo código (que está formalmente derogado) y su inmediato reemplazo por la nueva normativa aprobada en 2014, que permitiría acelerar los trámites de aprobación de obras.
El presidente del Colegio, Ricardo Lerchundi, dijo que al emplear el Código de Edificación viejo el municipio “genera inseguridad jurídica, tanto para los profesionales como para los propietarios” de proyectos constructivos.
Señaló que la reforma aprobada hace tres años “regula una nueva manera de presentar los expedientes, que es más rápida”, y que obliga al municipio a disponer una importante estructura de inspectores.
Explicó que con el viejo Código el profesional presenta los planos y la aprobación puede demorar de seis meses hasta dos años. Mientras que con el nuevo se instrumenta un “registro de planos” más ágil, el proyectista debe presentar una declaración jurada de que cumple con los parámetros “y en 15 ó 20 días sale el inicio de obra”, dijo Lerchundi.
De allí en adelante, el municipio se compromete a controlar paso a paso la ejecución (básicamente los retiros y las alturas) y de aplicar las sanciones que correspondan ante cualquier incumplimiento.
El Colegio de Arquitectos reclamó por todas las vías que el municipio se ajuste a la nueva regulación, sin ningún resultado. “Nos han prometido muchas veces, pero no hay avances, por eso terminamos en el amparo -dijo Lerchundi-. Están aplicando precios e impuestos que no están en la fiscal y tarifaria, sino que corresponden a una ordenanza derogada. Es todo muy irregular”.
Señaló que las demoras de varios meses en la aprobación de planos “redunda en un perjuicio a los propietarios de viviendas y otros proyectos, pero también va contra el municipio, que no percibe los derechos de excursión”.
– Diario Río Negro – De Bariloche