Esta semana, el magistrado Carlos Moreno -juez de Belén- tomó una decisión de extrema severidad con el exintendente de la Puerta de San José, José Carrizo.
No solamente dispuso su detención sino que, alegando que en libertad puede entorpecer las causas en las que está involucrado o existe peligro que se fugue, le negó la excarcelación.
Los antecedentes de Carrizo, sin duda, obraron en el espíritu del juez. El reo – ¡de qué otra forma se lo puede llamar!- tiene causas demasiado pesadas como para que se ande exhibiendo por las calles.
Libró, con cargo para el humilde municipio belicho que le confiaron administrar, centenares de cheques sin fondo; vendió vehículos oficiales sin autorización y tiene abierta causas en Catamarca y La Rioja. Todo esto lleva a asegurar que, al final de la historia, Carrizo será condenado con prisión efectiva. Entonces, no es alocado que la comience a cumplir antes del juicio.
Su caso es parecido, casi idéntico, al de Carlos Fabián, el exintendente de Antofagasta de la Sierra (lo fue hasta fines de 2015) que el mismo Moreno puso en prisión por un fraude cercano a los 4 millones de pesos después que el intendente Julio Taritolay lo denunciara y extendiera las responsabilidades a los exfuncionarios Santiago Morales y Johana Noemí Ovejero.
No pretendemos, de ninguna manera, «hacer leña del árbol caído”. Carrizo y Fabián son dos emergentes de una clase política que, especialmente en el interior, funciona con el libertinaje que otorga autoconsiderarse «patrón de estancia” o tener voluntad omnímoda para hacer lo que se les plazca.
Es cuando surgen la confusión entre los bienes propios y los públicos, paso previo para entrar al lodazal de la corrupción.
Ejemplos para todos los gustos
Detrás de las medidas del juez Moreno, que no son nuevas ni aisladas, se esconden comportamientos similares de otros jefes comunales catamarqueños que, en nombre de la autonomía municipal, cometieron tropelías al por mayor. José Carrizo y Carlos Fabián, posiblemente, hayan sido los más morbosos y por eso fueron a la gayola. Pero casi todos, en el ejercicio de la función pública, se extralimitaron.
Veamos algunos ejemplos de los últimos tiempos que, aun sin expedición judicial, con fuertes sospechas de haber hecho macanas, ganaron espacio en la prensa.
El intendente Roberto Herrera (Recreo-La Paz), a sólo dos meses de haber asumido, estuvo firmando un contrato de alquiler por un derruido inmueble a ser utilizado como anexo municipal. Los concejales opositores lo denunciaron en la Justicia y la cronología de los acontecimientos, de antemano, prueba que se intentó favorecer al locador, correligionario para más datos.
En Valle Viejo, la actual administración denunció con números elocuentes que la gestión anterior materializó iniquidades con el dinero público, lo que todavía está a consideración de los jueces.
En Huillapima las denuncias fueron cruzadas. Omar Soria, al asumir en 2011, dio cuenta de obras truchas y malversación de fondos que habría cometido su antecesor, el concejal Amado Santucho. Éste, como para desafiar quién es más corrupto, denunció a Soria por actos administrativos supuestamente irregulares.
Daniel «Telchi” Ríos, tras perder las elecciones de 2011 en Belén, fue denunciado por despilfarro de las regalías mineras. Lejos de negar los hechos, los reconoció públicamente como «un acto a favor de la gente”. Cuando recuperó la intendencia, en 2015, cargó contra «Nolo” Ávila por haber perjudicado a los belichos en el manejo del llamado fondo sojero.
El intendente Orlando Savio (Paclín) no cometió delito que se conozca, pero se encaprichó en no pagarle el sueldo a una persona -Sabina Díaz- que había jurado como concejal. Resultado: recibió un revés judicial que lastima las arcas municipales.
En la bella Andalgalá, avalados por el intendente Alejandro Páez, siete concejales, a cambio de otros tantos cargos para familiares, aprobaron una ordenanza en el mayor de los secretos para favorecer un contubernio político en contra de una empresa minera.
Hace exactamente una semana, en lo que bien podría denominarse «el ridículo del año”, concejales de Ancasti y prominentes figuras del oficialismo provincial y su oposición, se trenzaron en una discusión bizantina por la sucesión del intendente que murió en tragedia. Hasta programaron una sesión el sábado a la tarde, un día después de las exequias.
Aquí no cabe la corrupción o el delito, pero si el libertinaje de querer imponer condiciones por la fuerza.
Quien también cerró la semana portando grave acusación fue el inefable intendente de Santa Rosa, que de excesos sabe bastante. Esta vez acusó de coimeros a funcionarios provinciales que permitirían los desmontes en tierras que siempre fueron bañados y se deberían preservar.
Posiblemente tenga razón, pero las formas de denunciar no son las más aconsejables y registran antecedentes como cuando cerró el Concejo Deliberante, cortó las rutas o arremetió contra el actual titular del Enre, Augusto César Acuña.
Más atrás en el tiempo
Durante el año 2016, el Tribunal de Cuentas de la provincia salió de un interminable letargo y anunció correctivos para jefes comunales que, en tiempo y forma, no rindieron correctamente las cuentas al momento de ejercer sus mandatos.
De esta manera, independiente de las acciones penales que pudieren surgir, hubo castigos de devolución de dinero para el chumbichano Pablo Názar, el rodeíno Félix Casas Doering o la icañense Olga Santillán, entre otros. En las últimas horas se sumó José Carrizo, que agregó una cuenta más a su rosario de calamidades.
También quedarían pendientes de resolución cheques sin fondo que, alguna vez, se habrían librado en Mutquín (Pomán); las denuncias por robo de energía en Tapso (El Alto) o el resultado de los allanamientos que se practicaron en la municipalidad de Los Altos (Santa Rosa). Y si vamos un poquito más atrás en el calendario, rescatamos del pasado los escándalos que rodearon a una exintendenta del San José santamariano.
Como es dable convenir, en esta síntesis de la actuación de los señores intendentes, está prácticamente cubierto casi todo el mapa provincial. Salvo Capital y Fray Mamerto Esquiú, no hay punto que no esté marcado por el lunar de lo prohibido.
Y tampoco el alegato deja al margen a la totalidad de las representaciones políticas. Radicales o peronistas, o al revés, no tienen de qué acusarse sin que surja el contragolpe inmediato.
Los municipios, células básicas de la democracia, tienen su autonomía funcional. Es cierto, pero se la confunde con libertinaje, como reza el título de esta nota. Para ello, también hay que decirlo, con su permisividad, contribuyen las autoridades provinciales. No deberían hacerlo. Les corresponde, por el contrario, marcar la cancha sin mirar los costos políticos.
Lo de José Carrizo y Carlos Fabián seguirá en el tapete hasta que la Justicia dilucide los cargos. Pero aceptemos que no son los únicos que equivocaron el camino y, si hay conciencia verdadera, debería servir de espejo para los intendentes actuales que, aparte del deber ser, tendrán que manejarse con la prudencia que demanda el actual momento de la provincia.
No nos engañemos más con los intendentes. El control de sus gestiones habla por sí solo.
– El Esquiú