Urbanización. Imagen de las obras que se realizan en la villa 31. Foto: Andres DElia
Colonia El Simbolar, en Santiago del Estero; Santa Victoria Este, en Salta; El Sauzalito, en Chaco; Susques, en Jujuy. ¿Qué tienen en común estas localidades del norte argentino? Forman parte del listado de 96 barrios y localidades vulnerables, con un máximo de 10 mil habitantes, en las que el Gobierno planea obras de mejoramiento del hábitat y de urbanización para 2017. Se trata de la puesta en marcha, a más de un año de gestión, de una de las promesas en materia de vivienda que realizó Mauricio Macri durante la campaña.
Las obras se desprenden del Plan Nacional de Hábitat que trazó el Ministerio del Interior liderado por Rogelio Frigerio. Y, si bien en su mayoría están focalizadas en el norte, en sintonía con el Plan Belgrano, también se realizarán en otras zonas del país que reúnen condiciones similares de vulnerabilidad. Se desembolsarán, para esta primera etapa, unos 7 mil millones de pesos.
“Esta no es una política de parches, es una política de Estado de este Gobierno. Si se sostiene en el tiempo se va a resolver el problema de muchísimos argentinos que viven en zonas de marginalidad”, dijo a Clarín la subsecretaría de Hábitat Klemensiewicz.
Klemensiewicz se encargó de hacer el relevamiento para identificar y priorizar las zonas con mayores dificultades. En el primer relevamiento que hizo el Gobierno, se determinó que la provincia con mayores urgencias es Salta: 23 asentamientos. Lo siguen Jujuy (19), Santiago del Estero (15) y Chaco (11).
En el Gobierno justifican que las demoras en la puesta en marcha del plan tuvo que ver, otra vez, con la herencia recibida en el área: “El Presupuesto asignado por el kirchnerismo en materia de Hábitat para 2016 no nos permitió hacer demasiado. Fueron apenas unos 600 millones de pesos”, explican en Interior. Y señalan que el próximo mes ya se inaugurará una de las pocas obras integrales que se pudieron realizar en 2016.
La explicación tiene sentido, excepto cuando se la confronta con la facultad que tiene el Gobierno de distribuir partidas presupuestarias de manera discrecional, una herramienta también heredada de los K.
Con todo, señalan que el proceso de relevamiento no fue fácil: estiman que en el país hay unas 6.300 villas y asentamientos informales. La intención del Gobierno es urbanizar y mejorar a un promedio de 100 barrios por año.
¿Qué tareas se harán? El compromiso del Gobierno es dotar a los asentamientos de los servicios básicos: cloacas, agua potable, apertura de calles con iluminación y la mejora del espacio público. También, se procederá a la mejora de las viviedas y, en caso de extrema necesidad, a la construcción de nuevas casas, como ocurrirá en la localidad salteña de Banda Sur para ayudar a una comunidad aborigen.
El programa, que impactará directamente en unas 80 mil familias, contempla además la interacción con otros ministerios y áreas de gestión para impulsar el desarrollo económico y social del barrio.
Asimismo, también se comprometerá a los intendentes a entregar los títulos de propiedad de las viviendas a los vecinos una vez finalizados los trabajos: “El objetivo es evitar que, luego, queden rehenes de rehenes de los políticos de turno”, sostuvo Klemensiewicz.
En ese sentido, advirtió que la idea es que la gente, una vez que vea las mejoras, también haga su aporte pagando los impuestos. “La gente no quiere que le regales nada. Quiere inclusión y dignidad”, enfatizó. La transformación que se dio en las zonas más marginales de Medellín es el faro a imitar.
A los trabajos de fondo en estas 96 villas se le suman otras 381 tareas de urbanizaciones integrales que se realizarán en otros distritos del país. Esto es: zonas con menos urgencias pero que aún requieren cloacas o agua potable. Beneficiará a unas 400 mil familias e implicará una inversión cercana a los 25 mil millones de pesos.
Ignacio Ortelli – Clarín