Entre los feriantes y vendedores callejeros no hay una organización gremial consolidada ni una representación unívoca. Aparte del grupo autoconvocado de distintos barrios que viene trabajando junto al Concejo, están quienes se referencian en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y quienes lo hacen en el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la provincia que conduce el cantante y puestero Beto Riba. Lo cierto es que los tres sectores dicen apostar por una regulación y en el caso del gremio lograron algo inédito: reunirse por primera vez con la Asociación Empresaria para empezar a entablar un diálogo que permita mínimos acuerdos sobre la base de tres principios: «No convalidar la ilegalidad, preservar el espacio público y a la vez reconocer el derecho al trabajo».
Entre los feriantes y vendedores callejeros no hay una organización gremial consolidada ni una representación unívoca. Aparte del grupo autoconvocado de distintos barrios que viene trabajando junto al Concejo, están quienes se referencian en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y quienes lo hacen en el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la provincia que conduce el cantante y puestero Beto Riba. Lo cierto es que los tres sectores dicen apostar por una regulación y en el caso del gremio lograron algo inédito: reunirse por primera vez con la Asociación Empresaria para empezar a entablar un diálogo que permita mínimos acuerdos sobre la base de tres principios: «No convalidar la ilegalidad, preservar el espacio público y a la vez reconocer el derecho al trabajo».
Según contó ayer el titular de la entidad, Ricardo Diab, fue apenas un primer paso para escuchar a los vendedores ambulantes, que quedaron en llevar una propuesta más clara. De ese diálogo deberán participar los comerciantes establecidos y la Municipalidad, aseguró.
Riba, por su parte, sostuvo que es impostergable una «regulación para la actividad de gente que está desamparada y con necesidad de trabajar, justamente ante la falta de trabajo que hay».
Lo primero, dijo, es que esos vendedores informales —que calculó llegan a 4 mil en Rosario— tengan un lugar donde ofrecer su mercadería «sin perjudicar a nadie». Las opciones podrían pasar por el pago de un canon o impuestos, y a la vez por su encuadre dentro del monotributo social, que les represente aportes y obra social.
Riba advirtió incluso que blanquear la actividad en la ciudad podría servir para «frenar» la eventual llegada de vendedores callejeros que son «corridos» desde otras jurisdicciones, por ejemplo desde Buenos Aires.
– La Capital de Rosario