Construcción, uno de los sectores a los que apuesta el gobierno.
Gran parte de las transferencias de Nación está destinada a obra pública provincial.
Gran parte de las transferencias de Nación está destinada a obra pública provincial.
Antes del 10 de diciembre de 2015 había dudas entre los especialistas respecto a cómo el nuevo gobierno iba a pilotear la política sin mayoría en el Parlamento, con pocas provincias de su lado, con las posturas temerarias de los sindicatos y las organizaciones sociales, y una herencia económica realmente compleja.
Sin embargo, el año pasado el oficialismo impuso su agenda y disipó gran parte de estas incógnitas.
El apoyo político que dieron los gobernadores (más allá del signo partidario) fue uno de los pilares para sostener la gobernabilidad de la administración Macri en esta primera etapa de su gestión. Así, el oficialismo basó buena parte de su sustento político y de su fuerza en el Parlamento, a través del vínculo con las provincias.
Fue un todo un logro, pero esta estrategia le trajo aparejado un costo fiscal considerado. Cada respaldo que necesitaba el gobierno implicó, a cambio, una cesión de ingresos hacia las provincias o un compromiso de aumento del gasto público en obras o transferencias directas.
Al no haber un acuerdo integral, sino una negociación caso por caso, cada pedido que presentaba la Nación significó una demanda adicional de los gobernadores. La cesión de ingresos más relevante de la Nación a las provincias se materializó en el acuerdo de devolución en cinco cuotas anuales a todos los distritos de los 15 puntos de coparticipación que desde hacía muchos años venían cediéndose a la Anses. Se acordó un cronograma de 3 puntos por año más una línea subsidiada de préstamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para acelerar el traspaso de los fondos.
El disparador de este acuerdo fue el fallo de la Corte Suprema que ordenó, semanas antes del cambio de gobierno, la devolución inmediata del total de los fondos a Santa Fe, San Luis y Córdoba. Como gesto político, la administración Macri, a días de asumir, dispuso la extensión de la cesión de los recursos (en cuotas) a todas las provincias.
Este acuerdo integral no fue la única vía de recursos a las provincias en el marco de la negociación política. La Nación dispuso también transferencias adicionales de fondos caso por caso, la ampliación del programa de obras públicas, el reconocimiento de subsidios para amortiguar las subas de tarifas públicas en el interior y la compensación parcial por la pérdida de recaudación ante la modificación del impuesto a las Ganancias, entre otros puntos.
Mayor participación
Los resultados de toda estas negociaciones quedaron plasmado en el reparto automático durante el ciclo fiscal 2016, en el que las provincias obtuvieron 42% del total de los ingresos que llegaron a las arcas nacionales contra un 35% promedio en los diez años previos. Un reciente trabajo de la Consultora MacroView (MV) remarca que hay que remitirse a los años finales de la Convertibilidad para encontrar un guarismo a favor de las provincias que supere el 40%. (Ver gráfico adjunto)
Pero pese a todas estas cesiones, las transferencias nacionales durante el año pasado crecieron por debajo de los índices de inflación por lo que las cuentas públicas provinciales necesitaron de una inyeccción adicional de recursos que llegó de la mano de la toma de más deuda pública.
El problema es que esos pasivos fueron para cancelar en la mayoría de los casos salarios, por lo tanto es deuda sin posibilidad de recupero genuino.
Nación se mantuvo al margen de los controles sobre esta toma indiscriminada de fondos.
El gobierno nacional autorizó que muchas provincias colocaran bonos en dólares en el exterior. Lo hicieron por casi 7.200 millones en el año. Fue un mecanismo de financiamiento utilizado por provincias grandes (Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Mendoza) y también por las medianas y pequeñas (Chaco, Chubut, Neuquén y Salta).
No es común permitir en otros países que las provincias se endeuden en dólares sin severas restricciones.
En este sentido MV destaca que en Brasil los estados no pueden emitir títulos de deuda y deben contar con el aval del gobierno nacional para tomar pasivos con los organismos internacionales. En México sólo pueden emitir deuda en moneda local y en montos limitados. En Colombia las provincias pueden endeudarse (aunque no es habitual que lo hagan) pero deben cumplir con mediciones sobre capacidad de repago de esos pasivos. Sólo en Canadá las provincias tienen libertad para endeudarse en el exterior.
La política del gobierno en el 2016 fue priorizar el respaldo político de los gobernadores a cambio de un mayor costo fiscal para las cuentas nacionales. Para este año, con una elección parlamentaria de por medio, muchos operadores intuyen que el tironeo entre las partes posiblemente se profundizará.
“Queremos que tomen deuda para hacer inversiones en infraestructura y obras públicas, y no para gastos corrientes”.
Alfonso Prat Gay,
exministro de Hacienda
“Estamos cerrando el 2016 con un
déficit de 2.200 millones de pesos, producto de la caída de la coparticipación”.
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro
Fuente: Informes Macro View (MV), de la consultora de Rodolfo Santángelo
JAVIER LOJO – Diario Río Negro