El crecimiento de las villas de emergencia se explica por la multiplicación de nuevos asentamientos más que por la propia demografía. Es decir, son personas nuevas que llegan a asentarse más que nuevos nacimientos de niños de familias existentes.
Gran parte de las nuevas familias son inmigrantes del interior y de otros países. Esta inmigración, interna y externa, es del tipo económica, o sea, gente generalmente pobre que busca nuevas y mejores oportunidades. Como los adultos de las familias pobres tienen escasas capacidades para el mercado laboral formal, buscan entonces medios de vida en la informalidad.
Aquí las villas, fundamentalmente las de las grandes urbes, ofrecen muchas más posibilidades que los lugares de origen. Las actividades de servicios personales y el comercio minorista informal dentro de las villas de las metrópolis, como la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense o incluso Rosario y Córdoba, es vibrante, y hasta la posesión de una casilla es un pequeño activo que permite generar rentas de alquiler a nuevos inmigrantes que vienen a probar suerte en estas «ciudades» informales. Varios logran hasta conseguir trabajo informal afuera viviendo dentro de la villa. No es un nivel de vida comparable con el de la formalidad, pero para familias pobres del interior y de otros países más rezagados es, posiblemente, la única apuesta disponible para prosperar.
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Pero la urbanización no es la solución de fondo. Obviamente que urbanizar las villas de emergencia y los asentamientos precarios es una necesidad y una obligación moral. Pero urbanizar sin actuar sobre las raíces del problema es potenciarlo, que es lo que se vio en las últimas décadas.
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En general, las políticas de urbanización no son totales sino parciales. Aplican pequeñas mejoras que no transforman los asentamientos en verdaderos barrios formales sino en una villa mejorada, lo cual induce a la expansión de esa villa y a la formación de nuevas en lugares aledaños.
La solución de fondo al crecimiento de las villas comienza por los municipios, que deben recuperar su capacidad rectora en la planificación y control del ordenamiento urbano. El déficit habitacional, por severo que sea, no debe legitimar el hecho de que familias humildes se asienten en cualquier lugar. En paralelo, los estados provinciales deben articular con los municipios la política habitacional. Actualmente la tecnología brinda muchas variantes alternativas a la construcción tradicional, más económicas, para construir viviendas. En la Argentina, estas tecnologías no están explotadas.
En tercer lugar, el Estado nacional debe contribuir con reglas que ordenen la inmigración externa. Nuestra Constitución abre las puertas a todos los ciudadanos del mundo, pero esa apertura debe ser con un orden que no desquicie el ordenamiento urbano local. Y fundamentalmente con políticas que incentiven la permanencia y el desarrollo local en el interior. En este sentido, por ejemplo, además de multiplicar las inversiones productivas para que haya más empleo en las provincias, los planes asistenciales podrían ayudar dando beneficios adicionales a las familias que habiten los pueblos del interior del país.
El autor es presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), economista y especialista en temas demográficos
– LA NACION