El constitucionalista Antonio María Hernández es uno de los tres autores del libro «Argentina, una sociedad anómica”, escrito con los datos de la Segunda Encuesta de Cultura Constitucional realizada en 2014 en nuestro país.
En la edición de ayer del diario Clarín, quien fuera diputado nacional y constituyente en 1994 publicó algunos datos que se encuentran en dicho libro: el 80 por ciento de los encuestados considera que nuestro país funciona la mayor parte del tiempo fuera de la ley; un 83 por ciento que los argentinos somos desobedientes y transgresores y un 34 por ciento afirmó que están dispuestos a desobedecer la ley si es necesario para ellos.
En el ranking de los violadores de las normas están los políticos, los policías y los funcionarios públicos, en ese orden.
Como una gran contradicción, un 91 por ciento expresó una alta valoración de la Constitución, considerando que el respeto a la ley aparece como un objetivo a lograr, pero, por otra parte, existe un elevado desconocimiento de la Ley Suprema Nacional, que alcanza al 73 por ciento.
Un 63 por ciento sostiene que no existe la igualdad ante la ley y un 85 por ciento estuvo en desacuerdo con la frase de que la Justicia juzga a las personas sin importar su dinero.
«Creemos que no puede obviarse la gravedad del problema señalado por estas respuestas, que apunta directamente a profundas cuestiones culturales, institucionales, sociales y educativas que nos caracterizan a los argentinos individualmente y como sociedad”, sostiene el autor de esa nota.
Hernández evalúa, entonces, que «no podemos dejar de señalar, en particular, la indudable y perentoria demanda a favor de una modificación del sistema judicial, ya que su incorrecto funcionamiento ha impedido la lucha contra la corrupción –entre otros aspectos–, además de facilitar algo aún más grave, que es la impunidad”.
Como afirma el constitucionalista, es fundamental trabajar en un proceso de cambio muy profundo en los aspectos éticos, culturales, educativos e institucionales del país, para generar una cultura de la legalidad, porque una mejor convivencia social sólo será posible con la plena vigencia de la Ley
– El Esquiú