El Concejo sancionó una ordenanza y la Intendencia adelantó su intención de promulgarla. Los vecinos podrán firmar un petitorio y solicitar datos que van desde del sueldo de un funcionario hasta el costo de una obra pública. El trámite tendrá un costo mínimo. La disposición es clave para que se concrete la asistencia de Nueva Zelanda, con la que se hará operativo el contenido de la norma.
Yerba Buena será el primer municipio tucumano que contará con una norma que garantice el acceso a la información pública. Esto será posible gracias a una ordenanza que acaba de sancionar el Concejo Deliberante y que el Departamento Ejecutivo Municipal tiene intenciones de promulgar, previo análisis de lo aprobado por los ediles.
Mediante la propuesta, cualquier vecino podrá firmar su petición sobre información referida a la gestión pública. Si los datos requeridos están disponibles, deben ser provistos al que efectuó el trámite en un plazo máximo de 20 días. Si, en cambio, deben ser procesados para satisfacer el requerimiento, el trámite puede extenderse.
Está previsto, también, que haya un cargo económico para obtener la información. En el caso de que los datos estén disponibles, sólo habrá que pagar por su “reproducción”: lo que cueste imprimir o fotocopiar los documentos. Pero variará en caso de que la información tenga que ser procesada.
La iniciativa fue presentada en 2005 por el concejal Marcelo Rojas. “Fue un anhelo desde los inicios de la gestión, porque es una propuesta trascendente”, manifestó el representante vecinal, próximo a dejar su banca.
Liliana Más, quien colaboró con la elaboración del proyecto, destacó que el texto final tuvo en cuenta los aportes de Natalia Centurión, del programa Auditoría Ciudadana, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Y precisó que también fue tenido en cuenta el proyecto que, oportunamente, presentara el propio intendente de Yerba Buena, Roberto Martínez Zavalía. Más es una de las coordinadoras del Foro Cívico de Yerba Buena, una institución vecinal que monitorea la aplicación del programa de auditoría ciudadana en esa ciudad. “Uno de nuestros aportes centrales consistió en incorporar el principio de publicidad de los actos de gobierno en el proyecto. Es decir, que todo lo que hace una municipalidad es pasible de ser público”, manifestó.
Precisamente, la entidad emitió un pronunciamiento en el que manifiesta su reconocimiento a la actuación de los concejales. “Yerba Buena se convierte en la primera ciudad de la provincia en disponer de esta norma y nos enorgullece haber entrado en el grupo de las pocas comunidades del país que la posee”, dice el texto que refrendaron Carlos Iñurrategui, Rodrigo Ordóñez, María de las Nieves Palacios, Rodolfo Kaliman, Teresita Lomáscolo y Más.
Martínez Zavalía también manifestó su conformidad con la decisión del Concejo. “Es el corolario de una política de transparencia impulsado por la gestión desde sus inicios, cuando se incluyó al municipio en el programa nacional de Auditoria Ciudadana”, aseveró.
El funcionario hizo hincapié en que la Intendencia remitió su propio proyecto y manifestó que estudiará el sancionado por los concejales, aunque adelantó su voluntad de promulgarlo.
Precisamente, recordó que la medida es indispensable para que se concrete la asistencia de Nueva Zelanda, que enviará software y equipamiento informático para, justamente, hacer operativos los postulados de la ordenanza de acceso a la información pública.
“Los programas que nos remitirán son aquellos con los que deben trabajar los funcionarios para volcar los datos de la gestión con los cuales, luego, se atenderán las solicitudes de los vecinos”, explicó.
Justamente, el intendente viajó a Nueva Zelanda en agosto, junto con Iñurrategui y Graciela Salazar (lleva adelante el programa de Auditoría Ciudadana en la Intendencia), invitados por ese Gobierno para formalizar la intención de asistir a Yerba Buena y para interiorizarlos sobre las políticas de transparencia pública que se aplican en aquel país.
“Con esto, se podrá crear una oficina de información pública municipal. Y la tarea del Foro Cívico y de los vecinos va a seguir siendo clave, para prolongarla en el tiempo”, puntualizó.
Más destacó que la experiencia extranjera les enseñó las limitaciones que debe aplicarse a la normativa. “Los pedidos de información pueden ir desde averiguar cuánto gana un funcionario hasta cuánto costó un puente. Pero no podrán pedirse los planos de la casa que construye un vecino. Los criterios de seguridad y de intimidad son límites concretos”, concluyó.
– LA GACETA