Esta tarde, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) definirá el destino de la medida de fuerza que comenzó el miércoles 9 de mayo, día en que los trabajadores del Corralón fueron reprimidos por la Policía quedando como saldo algo más de 20 obreros con heridas de diversa gravedad.
Desde entonces, la huelga de los trabajadores ha quedado dividida en dos frentes. Por un lado, el reclamo salarial y por otro el pedido de Justicia y de renuncia al jefe de la Policía Wilfredo Roque, a quien, sobre los episodios suscitados, se le atribuye responsabilidad tanto como al ex ministro de Gobierno Daniel Varizat.
Pero también el reclamo salarial se ha dividido. Antes de que se precipiten los acontecimientos, los trabajadores exigían que el Gobierno provincial asista económicamente a la Municipalidad, tal como lo venía haciendo con el resto de las localidades, pero luego, una vez que asumió Daniel Peralta, el reclamo también derivó en la búsqueda de un aumento salarial cuyo piso sea superior a los 2 mil pesos.
En primera instancia, la medida de fuerza (con presencia en la carpa de la dignidad) fue acatada por gran parte de los trabajadores, sin embargo, con el correr de los días se fue diluyendo y entonces comenzaron a vislumbrarse serios problemas dentro del sindicato pero también entre empleados contra algunos funcionarios, debido a que algunos de ellos querían que se levante la medida, incluso, según trascendió, contra la voluntad de los propios trabajadores.
La situación consecuentemente fue llevando todo a una reducción de los servicios, con personal contratado haciendo guardias mínimas para que las prestaciones puedan seguir realizándose pero a la vez a un grado de confrontación entre sectores que para nada era algo esperable cuando se originó todo.
Roquel, preocupado
El intendente Héctor Roquel se mostró preocupado con el panorama, aunque remarcó que la solución de fondo radica en que se debe garantizar la autonomía de los municipios a través de la ley de coparticipación.
En primer lugar, en diálogo con el cronista Guido Vera a cargo del móvil de LU 12 Radio Río Gallegos, Roquel recordó que en asamblea a realizarse esta tarde se decidirá el destino de la huelga. Previo a ello -apuntó el intendente, a las 15 hay una reunión de paritarias, seguramente trataremos de ver si podemos llegar a un acuerdo y ver si se obtiene por parte del Poder Ejecutivo Provincial una propuesta que medianamente nos abra expectativas. En función de lo que hemos conversado ya en reuniones con el Gobierno provincial, esperamos poder ir normalizando lo antes posible la situación porque es cierto que afecta al funcionamiento de la ciudad y los servicios que son esenciales para los vecinos.
Al ser consultado sobre si se puede hablar de que existen divisiones dentro del sindicato, Roquel remarcó: No me corresponde a mí hablar sobre eso, lo que sí creo es que hay que ser respetuoso del derecho que tiene aquel que reclama y lleva adelante medidas de acción directa pero también hay que ser respetuoso del derecho de aquel empleado que no está de acuerdo y quiere trabajar.
En cuanto los detalles sobre la convenida asistencia financiera que el Gobierno provincial se comprometió a brindar, el jefe comunal explicó:
Además de materializarse un convenio de asistencia con los municipios para hacer frente a las decisiones que ya tomó el Ejecutivo provincial con respecto al resto de la administración pública a través del decreto 1455, que es el blanqueo de los 600 pesos, el gobernador nos planteó que la expectativa está centrada en la próxima sesión de la Legislatura, en donde se espera sea sancionada la ley de paritarias, y porque a partir de allí se espera avanzar con los municipios en la adhesión de un mecanismo uniforme y poder llegar a una convención colectiva que uniforme los municipios de la provincia, incluso hasta se piensa más allá, porque hay contacto con el Ministerio de Trabajo, y dentro de ese marco ir encontrando opciones.
Luego, Roquel destacó: Creo personalmente que la solución de fondo a la que hay que llegar progresivamente es garantizarle a los municipios, a través de la ley de coparticipación municipal, que tengan los recursos, la autonomía económica, para entonces poder atender los reclamos en materia salarial o de otras condiciones laborales.
Finalmente, acerca de si el Gobierno provincial al momento de firmar el convenio de asistencia financiera habló de cifras para Río Gallegos, el jefe comunal explicó: En el convenio no se determinan números, si no que se habla del impacto que la aplicación pueda tener en las cuentas públicas municipales, así que como también refiere que el empleado no cobre menos. Por eso se ha determinado que el Estado debe hacerse cargo de los aportes, a través de un incremento mayor a los 200 pesos de aportes personales y sobre todo eso hay que calcular también los patronales. En todo ello va a colaborar el Gobierno con los municipios de Santa Cruz, concluyó.
– LA OPINION