Es muy profundo el conflicto que tenemos con el cumplimiento de las normas. También lo son el descrédito en las instituciones que hacen esas reglas de convivencia y la desconfianza en quienes las integran. Lo que ocurre con las decenas de ordenanzas importantes que vota el Concejo Deliberante de Córdoba y después el Ejecutivo no hace cumplir, es sólo una muestra más del problema.
El hecho de que las normas más trascendentes que dictan los concejales no sean reglamentadas casi siempre impide que el municipio pueda exigir su cumplimiento efectivo y aplicar las correspondientes sanciones a los infractores.
Es una práctica histórica que se agudizó de manera notable en los últimos años y que vacía de sentido la existencia del Concejo, de sus 31 concejales, de sus centenares de empleados y de toda discusión legislativa.
Quien mire el trabajo de los ediles desde el punto de vista de lo que cambió en la ciudad de Córdoba en estos tres años, tiene todo el derecho a creer que no hicieron nada que no sea votar cada proyecto que envió el Ejecutivo -los 20 votos propios del Partido Nuevo garantizan inmediato aval a toda propuesta enviada por el intendente Luis Juez- y ofrecer en el medio sus exhibiciones de «chicanas» políticas. Pero es falso que eso sea todo.
El listado de normas aprobadas es amplio y variado. Hay muchísimas horas de estudio y discusión detrás de algunas de las ordenanzas sancionadas que, de aplicarse, resolverían problemas que les complican la vida a miles de cordobeses: desde todos aquellos que viven amenazados por los perros feroces de sus vecinos a quienes suben en un ascensor sin saber si saldrán con vida.
Son temas trascendentes para la vida urbana, y el hecho de que pasen meses y meses sin ser reglamentados cuestiona, sobre todo, el respeto que el propio municipio tiene por las normas. El problema es que se trata de quien debe hacerlas cumplir.
Ascensores: el ejemplo más trágico
Tres casos paradigmáticos
Virginia Guevara – La Voz del Interior