Tras la finalización de las sesiones ordinarias durante las que se aprobó el contenido de la flamante Carta Orgánica de Río Grande, El Sureño brinda un breve repaso de los proyectos más destacados, incorporados durante los 94 días de labor parlamentaria de la Convención.
Los proyectos que habían generado expectativas y fueron descartados
Luego de 94 días de extensas jornadas de análisis y debate parlamentario, la Convención Constituyente Municipal logró redactar la Carta Orgánica de Río Grande, en la que una vez sancionada y jurada se incorporarán una larga lista de artículos en los que se intenta optimizar no sólo la estructura del Gobierno municipal sino también diferentes aspectos y necesidades de la comunidad en materia de derechos y garantías.
Uno de los capítulos abordados durante las maratónicas reuniones de comisión y que los 14 convencionales de la UCR, el PUL, el PJ, el MPF y el ARI aprobaron por unanimidad, fue el de «políticas sociales», el cual la Carta Orgánica eleva al rango de «políticas de Estado».
De esta manera, bajo el título de «Políticas de Estado Municipal», los derechos sociales en el ámbito del municipio de Río Grande apuntarán, entre otros aspectos, a «atender, resguardar y consolidar a las familias como núcleo social básico», dejándose plasmados aquellos lineamientos centrales en materia social.
Asimismo, toda acción del Gobierno municipal tendrá como objetivo último la promoción de la inclusión social y el respeto a la dignidad humana; previendo, además, «el fomento del espíritu de cooperación familiar» y las acciones de «prevención, mediación y asistencia de las víctimas de la violencia familiar y social».
Con características similares se establecieron cuestiones ligadas al amparo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos expresamente como sujetos de derecho.
Respecto a los jóvenes, reconocidos también como sujetos de derecho, la Carta Orgánica establece que no se tolerará discriminación alguna hacia ellos, promoviendo «en forma activa y prioritaria espacios para el deporte, la recreación, la expresión artística, la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y su integración social».
Otra de las cuestiones acordadas e incluidas en la Carta ha sido la promoción, tanto en el ámbito público como en el privado, de la igualdad real de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Respecto a las personas con discapacidad, el Gobierno municipal deberá tender a su «promoción, protección, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral», previendo el desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, urbanísticas, de transporte y de cualquier otro tipo, así como la paulatina eliminación de las existentes».
En materia de derechos sociales, se rinde tributo a los pueblos originarios por su «preexistencia étnica y cultural».
Juicio por jurados
Uno de los proyectos más debatidos, y en el que se registraron los cruces discursivos más altisonantes durante las reuniones de comisión y en sesión, fue sin dudas la figura de «juicio político», asunto sobre el que cada bloque político impulsaba una iniciativa propia y, desde luego, contrapuesta en cuestiones de fondo.
Sin embargo, durante las dos últimas jornadas de sesión, los convencionales resolvieron acompañar el proyecto del Partido Justicialista, introduciendo una serie de modificaciones que transformaron a esta figura en una de las escasas innovaciones contenidas en la Carta Orgánica.
La modalidad establecida en la normativa incorpora al proceso de juicio político la participación de «jurados populares», quienes tendrán a su cargo la evaluación de las denuncias que puedan pesar sobre «el intendente, el juez administrativo municipal de faltas y los miembros del Tribunal de Cuentas Municipal».
La denuncia podrá ser presentada ante el Concejo Deliberante por cualquier vecino, aunque la misma deberá ser «fundada y acompañada de la prueba que la sustente». No se admitirán denuncias anónimas.
Las personas elegidas del último padrón Electoral Municipal para ser miembros del jurado tendrán «la obligación de actuar como tales cuando se los cite para dicho propósito y es considerada carga pública, pudiendo preverse mediante ordenanza reglamentaria algún resarcimiento económico».
Los requisitos para ser jurado serán tener entre 25 y 70 años de edad: haber completado la educación básica obligatoria; ser elector del Municipio y haber residido en él por un período no inferior a 5 años.
Concejo con modificaciones
Otro de los aspectos que generó una intensa polémica, dentro y fuera de la Convención Constituyente, se produjo durante el tratamiento de los artículos referidos a la organización y las atribuciones del Concejo Deliberante, lo que incluso motivó una sesión extraordinaria del cuerpo deliberativo para repudiar el trabajo de los convencionales de los bloques mayoritarios.
Finalmente, la Carta Orgánica establece que el órgano deliberativo estará conformado por 7 miembros, aunque esta cifra podrá ascender de dos en dos cada 20 mil nuevos electores hasta alcanzar un tope de 11 ediles, lo cual se aplicará de acuerdo a los resultados del padrón electoral a utilizar en una elección.
Por otra parte, el Concejo Deliberante sesionará desde el 15 de febrero al 15 de diciembre de cada año, estableciéndose además que los jóvenes de 21 años podrán aspirar a ocupar una banca, si bien para ello será requisito «haber aprobado la educación básica obligatoria».
Asimismo, se resolvió que junto al Juzgado Municipal de Faltas y el futuro Tribunal de Cuentas, los ediles utilizarán solamente el 8 por ciento del presupuesto total del municipio.
Respecto al período y reelección de los ediles, la Carta Orgánica establece que «los mismos ejercerán el cargo por 4 años y podrán ser reelectos por un nuevo período, tras lo cual deberán dejar pasar un período completo si aspiran a un tercer mandato como ediles».
El Concejo Deliberante podrá conformar su propio cuerpo permanente de taquígrafas; los proyectos de ordenanzas aprobados en las sesiones ordinarias serán elevadas al Ejecutivo para su promulgación y publicación, aunque podrá ser vetado total o parcialmente, ante lo cual los concejales podrán insistir con su cumplimiento logrando que se ratifique con los dos tercios de los miembros presentes.
Respecto al análisis del presupuesto enviado por el municipio, los ediles tendrán un plazo de 60 días a partir de su presentación, el cual una vez superado deberá recibir un «Tratamiento de Urgencia» que otorgará otros 45 días para sancionar el presupuesto. Si aún así el Concejo no aprueba el proyecto, el mismo será válido automáticamente superados todos los plazos previstos mediante la aplicación de la «sanción ficta».
Tribunal de Cuentas
El futuro Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Grande estará integrado «por 3 miembros designados cada uno como vocal», quienes serán elegidos a través del municipio que designará a uno de sus integrantes; mientras que los dos restantes serán calificados «por las dos primeras minorías que integran el Concejo Deliberante, a excepción de los representantes de la minoría que ejerza el Poder Ejecutivo Municipal».
El órgano de control tendrá autonomía financiera y a su cargo estará «el control externo presupuestario, contable, financiero, patrimonial y legal del Municipio», rigiéndose por las normas incluidas en la Carta Orgánica, así como por las posibles ordenanzas que se sancionen en un futuro.
El primer mandato de los futuros integrantes del Tribunal de Cuentas se extenderá por 6 años y posteriormente se renovarán cada cuatro años.
Eliminación de subvenciones
Alcanzando a los concejales, el artículo 37 del título segundo referido a «Principios de Gobierno», establece que «ningún funcionario electivo o político puede otorgar o entregar subvenciones, subsidios o ayuda social con fondos públicos a título personal».
También fue votada la posibilidad que los extranjeros con 10 años de permanencia en la ciudad y con ciudadanía puedan sufragar.
Además, en la última sesión dejaron aprobada, por mayoría, la cláusula transitoria que le permitiría al actual intendente Jorge Martín, en caso de que así lo resuelva, aspirar a una tercera gestión al frente de la Municipalidad de Río Grande.
Asistencia Perfecta:
Gabriel Pluis (UCR)
María Esther Martínez (UCR)
Verónica De María (ARI)
Tamara Testa (Secretaria Administrativa de la Convención)
16
Es el número de asesores del bloque del PJ, siendo el más numeroso de la Convención
– El Sureño