El Concejo Deliberante actualizó con el voto unánime la ordenanza que regulaba el derecho de iniciativa privada, para adecuarlo a una propuesta de inversión para una terminal de ómnibus en la localidad. El proyecto elevado por el Ejecutivo viene de la mano de una iniciativa de la empresa Vía Bariloche para la construcción y explotación de una terminal de ómnibus, sobre el ingreso norte a El Bolsón. El grupo quiere levantar un edificio totalmente nuevo con su propio capital y a cambio de ello obtener la concesión de explotación por 20 años. La inversión prevista es de 8 millones de pesos y la ubicación sería en un predio situado entre el aeropuerto y el barrio Luján.
Entre los fundamentos de lo aprobado ayer se considera necesario crear una herramienta jurídica que permita la presentación y evaluación de iniciativas que incorporen capital privado a la gestión pública. De quedar promulgado tal como está redactado, el Ejecutivo podrá convocar a concurso de proyectos o dar curso a propuestas que surjan de iniciativas privadas que tengan como objeto la explotación de un bien, actividad o emprendimiento; la prestación de servicios, producción de bienes o cualquier tipo de propuestas que propendan al desarrollo económico y social del municipio. Sin embargo, algunos artículos son de confusa comprensión, en particular precisiones del significado de los términos «propuesta de particulares», «propuesta iniciadora» y «declaración de interés público». Son distinciones importantes porque de ellas surge quién tendrá prioridad en el ejercicio del derecho de iniciativa.
Otro punto es el relativo a propuestas privadas que prevean la participación de agentes públicos municipales. En el proyecto se indicaba que el Estado municipal absorbería «total o parcialmente las cargas laborales» de ese personal. En cambio, el Concejo estimó que ello sería comprometer irresponsablemente a la comuna en un negocio particular, por lo que se redactó como sigue: «La propuesta de particulares que prevea la participación de agentes públicos municipales será considerada por el Poder Ejecutivo siempre en observancia del cumplimiento de la normativa laboral vigente de los particulares».
– Río Negro